El objetivo es que en una cárcel no se mezclen detenidos por delitos menores con, por ejemplo, integrantes de bandas criminales.
En el Pleno de la Asamblea se cumplió el primer debate del proyecto de ley para fortalecer el sistema penitenciario frente a la criminalidad organizada. El informe fue elaborado en la Comisión de Seguridad, cuya presidenta, Inés Alarcón (ADN), aseguró que el país enfrenta la amenaza de las estructuras criminales que operan desde las cárceles, dirigidas por objetivos de alto valor que se han tomado los centros penitenciarios. Aseguró que el gobierno está dando respuestas concretas para combatir esa situación, y que un ejemplo de eso es la construcción de la cárcel del Encuentro, concebida para enfrentar la peligrosidad y que las cárceles dejen de ser el centro del crimen organizado.
En ese sentido el proyecto contempla la creación de un régimen especial con la reclasificación de los presos ya que el actual sistema permite que en un mismo lugar estén detenidos en un mismo lugar, por ejemplo, un infractor con un cabecilla de una estructura criminal, por lo que el sistema penitenciario pierde eficacia, dijo la legisladora.
El legislador del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano, aseguró que es un proyecto de ley positivo que busca fortalecer el sistema carcelario del país para tratar de frenar en algo la ola delincuencial, ya que desde las cárceles se siguen dando órdenes para cometer secuestros, extorsiones, atracos y otros delitos.
Parte de la propuesta
Una de las propuestas que constan en este proyecto de Ley es una reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para incorporar el régimen de ejecución penitenciaria especial.
Este régimen se aplicará a los presos condenados por delitos de delincuencia organizada, terrorismo, lavado de activos, tráfico de drogas, trata de personas, tráfico de armas, secuestro extorsivo, o por su participación en estructuras de delincuencia organizada y sus formas evolutivas, incluidas las economías criminales estructuradas y la criminalidad transnacional, que representen una amenaza grave para la seguridad del Estado.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) clasificará a las personas condenadas bajo este régimen con base en criterios de:
- Participación comprobada en organizaciones de delincuencia organizada o sus redes asociadas
- Nivel de peligrosidad, jerarquía o liderazgo dentro de estructuras criminales organizadas o transnacionales;
- Riesgo de fuga o de reorganización delictiva;
- Conducta penitenciaria.
Las personas a las que se aplique este régimen serán asignadas, prioritariamente, a centros de privación de libertad de máxima seguridad, diseñados para contener riesgos excepcionales de violencia estructurada, reorganización de delincuencia organizada y sus formas evolutivas o amenaza a la seguridad institucional, conforme a la clasificación del artículo anterior
La autoridad penitenciaria asignará a estas personas a centros de máxima seguridad especializados en la contención de estructuras de criminalidad organizada.
El juez de garantías penitenciarias considerará los informes emitidos por el SNAI, la Policía Nacional, en los procedimientos relacionados con la ejecución de penas bajo este régimen.
