Indican que sacar a las personas privadas de libertad del grupo de atención prioritaria y ubicarlos en otro capítulo de la Constitución, no resolverá los problemas de criminalidad y seguridad que vive el país.
Sectores de oposición legislativa consideran que la propuesta de enmienda constitucional presentada por Lucia Pozo (ADN) para reorganizar la Constitución de manera que las personas privadas de la libertad dejen de ser parte del grupo de atención prioritaria y pasen al capitulo de derechos generales, no es prioritaria para el país, ni contribuirá a mejorar los niveles de seguridad o a combatir al crimen organizado
Lo que Pozo propone con su enmienda es que en el artículo 35 de la Constitución, que establece los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, se elimine la frase «personas privadas de libertad” y que el artículo 51, donde se reconocen los derechos de esas personas, se traslade a otro capítulo de la Constitución y que se incluya que las personas privadas de libertad conservarán sus derechos inherentes a la dignidad humana, salvo las limitaciones propias de la privación de libertad.
El pre debate
Para el legislador de Pachakutik, Álex Toapanta, la Asamblea debe empezar a priorizar los temas que se vayan a tratar en lo futuro ya que hay problemas reales en el país y no descarta que esta propuesta de enmienda sea una «cortina de humo» del oficialismo ante los resultados adversos que le significó la consulta popular y referéndum del 16 de noviembre.
Por su parte el asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Otto Vera, dijo es un tema más político que de ejecución práctica para combatir la delincuencia y reducir los niveles de violencia criminal en el país. Vera considera que la enmienda es una manera con la que ADN busca mostrarse duro ante los delincuentes negándoles algún tipo de privilegios estatal. «El sistema penitenciario no va a cambiar porque se garantice o no derechos a una persona privada de la libertad; es toda una cadena, si no se mejora el sistema de Justicia y está corrompido los delincuentes ni siquiera van a estar en la cárcel», dijo Vera.
Crítica similar mantiene la asambleísta Cecilia Baltazar, para quien la falta de inversión en salud, en educación, en el campo, en seguridad son más urgentes de tratar antes que la propuesta de retirar a las personas privadas de la libertad del grupo de atención prioritaria. «No es un tema prioritario», dijo Baltazar.
Sin embargo, Pozo se mantiene en su propuesta y asegura que si se les retira del grupo de atención prioritaria se evitará distorsiones en el sistema de Justicia y se logrará fortalece la seguridad del país, ya que se evitará, dijo, el «uso y abuso» para otorgar privilegios a las personas privadas de la libertad que ha generado inseguridad porque se benefician de medidas extraordinarias de protección, acceso a habeas corpus que les permite salir en libertad. «Cuando ellos estén ubicados en el grupo que les corresponde tendrán que ser juzgados como tal, equitativo sin distorsión del sistema de Justicia», indicó Pozo.
El debate constitucional
Baltazar recuerda que el Estado tiene una gran responsabilidad sobre los derechos de los presos, lo que está reconocido inclusive en instrumentos internacionales y sentencias de la Corte Constitucional. Precisamente la propuesta de enmienda deberá pasar por el control de esa Corte para que determine la vía a seguir.
Al respecto la constitucionalista Verónica Hernández en su cuenta X explica que no es lo mismo grupos vulnerables que grupos de atención prioritaria.
Añade que grupo vulnerables son aquellas personas que, por ciertas circunstancias de hecho o de derecho son generalmente más propensas a ser víctimas de vulneraciones de derechos.
Mientras que los grupos de atención prioritaria son aquellas personas respecto de las cuales el Estado debe garantizar atención especializada y especial protección. Hernández indica que la Corte Constitucional ha señalado que las personas privadas de libertad forman parte de los grupos de atención prioritaria porque se encuentran limitadas de acceder directamente y por sí mismas a bienes y servicio necesarios para su subsistencia, entre otros argumentos.
Si la propuesta pasa el filtro constitucional tendría que tratarse en dos debates en la Asamblea, con un año de diferencia entre uno y otro. Y ahí tendría un nuevo escollo: se necesitan 101 votos para aprobar la enmienda. Hasta el momento el techo que ha alcanzo el oficialismo y sus aliados es de 85 – 87 votos.
