Primer juicio de lesa humanidad en Ecuador: 40 años buscando verdad y justicia

Hoy se cumplen 40 años de la detención sin orden judicial de tres integrantes de Alfaro Vive Carajo que luego fueron presuntamente torturados por militares. El juicio por lesa humanidad se desarrolla en la Corte Nacional de Justicia.

40 años han tenido que pasar para que dos exintegrantes de Alfaro Vive Carajo (AVC) y los familiares de otro de sus exmiembros logren finalmente llevar a juicio a militares, ahora en servicio pasivo, a quienes señalan como responsables de la violación de sus derechos humanos.
En el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se cumple la audiencia de juicio por el presunto delito de lesa humanidad, considerado el primer proceso penal de esta índole en el país.

El inicio de un “calvario”

El caso tuvo su origen el 10 de noviembre de 1985 durante el Gobierno de León Febres Cordero, cuando un grupo de militares detuvo sin orden judicial a Susana Cajas, Francisco Javier Jarrín y al ya fallecido Luis Vaca, miembros de AVC, catalogado como un grupo subversivo.
Fueron detenidos en Esmeraldas y llevados al Batallón Escuela de Ingenieros N.1 Montúfar. Según las investigaciones de la Fiscalía, al día siguiente fueron trasladados al Batallón de Inteligencia Militar en Conocoto.
Ahí, bajo custodia militar, habrían sido torturados, sometidos a interrogatorios, tratos crueles y violencia psicológica y hasta sexual en el caso de Cajas, que a esa época tenía 21 años de edad.
Para Cajas y Jarrín fueron 15 días de detención arbitraria y de vejámenes; para Vaca la situación fue mucho peor: le desaparecieron por más de dos años.
El proceso judicial para sancionar a los responsables inició en 2013 y en noviembre de 2015 hubo un primer intento de iniciar la audiencia de juzgamiento, pero no se pudo instalar por la ausencia de uno de los militares procesados quien presentó un certificado médico y la audiencia se suspendió.
Una suspensión que duró 10 años hasta que finalmente el miércoles de esta semana en la CNJ se instaló la audiencia de juzgamiento por el delito de lesa humanidad en el que están imputadas seis personas, entre ellos cinco militares en servicio pasivo de alto rango.
Juan Pablo Albán, abogado de las víctimas, asegura que este proceso tiene particular importancia ya que es la primera vez en la historia del país que se juzgarán hechos de represión ocurridos en la década de los 80s y que han sido caracterizados como crímenes internacionales, como delitos de lesa humanidad donde existió detención ilegal y arbitraria, tortura, violencia sexual y la desparición forzada de personas.
“Es un momento importante en la historia del país. Ojalá que este juicio envíe el mensaje de que no se justifica todo en el combate a la delincuencia, a la subversión en su momento, ya que hay límites y ese límite es la dignidad humana”, dijo Albán.
El general en servicio pasivo, Ernesto González, cuestionó el proceso ya que indicó que la labor de las Fuerzas Armadas en su momento fue combatir a AVC, un movimiento subversivo, terrorista que fue desarticulado gracias a la labor de la fuerza pública. “Lamentablemente ahora con el paso del tiempo manifiestan que se ha cometido crímenes de lesa humanidad, situación que no fue así”, dijo el exmilitar.
Por su parte la Fiscalía lo cataloga como un crimen de lesa humanidad ya que hubo una actuación coordinada de estructuras estatales contra personas tratadas como enemigos internos, que permitió ejecutar ataques planificados, sostenidos y con vocación de permanencia contra sectores identificados como disidencia política, estudiantil, sindical o militante.

Los testimonios

Finalmente víctimas y presuntos victimarios se sientan frente a frente, cara a cara, diciendo ante los jueces su verdad, esperando que la Justicia actúe.
Lógicamente después de 40 años ya no son los mismos. Algunos caminan con dificultad o apoyados del brazo de sus familiares. En su mayoría son personas de edad avanzada y están acompañados de sus familiares. En el caso de los militares inclusive tienen el respaldo de sus excompañeros de armas, algunos de alto rango, que se han hecho presentes en una demostración de “espíritu de cuerpo”.
En ese ambiente Cajas vuelve a narrar ante los jueces lo que le sucedió hace 40 años: detención arbitraria, tortura fisica y psicológica, violencia sexual, desaparecida 15 días bajo esas condiciones. “Este caso ha sido para mí una búsqueda de la verdad, de la Justicia. No me mueve ni el odio, ni la venganza”, dice Cajas. Agregó que ha sido un camino doloroso y difícil, pero que vale la pena haber llegado a esta instancia para crear un precedente de que nadie en este país debe estar por encima de la Ley.
Por su parte Jarrín dio su testimonio vía telemática desde Brasil, país donde reside. Asegura que fue víctima del Estado, que permaneció incomunicado en el Batallón de Inteligencia en condiciones infrahumanas y torturado; amarrado las manos en la espalda y a las piernas. Narra que permaneció en un calabozo pequeño, que le tuvieron de cuclillas y que en los dedos pulgares le colocaron alambres de energía para someterle a cargas eléctricas y que, luego, en esa posición le hacían saltar mientras sus torturadores se burlaban de él.
Jarrín dice que nunca entendió de qué le acusaban, ni le dijeron por qué le habían detenido, cuál era la línea de investigación. Tanto Jarrín como Cajas fueron liberados a los 15 días, abandonados en una zona cercana a Quito.
Su caso consta en el informe de la Comisión de la Verdad, instancia creada en 2007 para
e investigar y esclarecer hechos violentos y violatorios de los derechos humanos, ocurridos entre 1984 y 2008

Luis Vaca, desaparecido en instalación militar

Luis Vaca falleció en 2021 por una enfermedad catastrófica. Es la tercera víctima de ese fatídico 10 de noviembre de 1985. No está en la sala de la Corte Nacional de Justicia para contar a viva voz su relato a los jueces, pero su historia, quizá la más dura de los tres, consta en el informe de la Comisión de la Verdad: más dos años desaparecido bajo custodia de Inteligencia Militar.
“Luis Vaca permaneció detenido en aquellas instalaciones, situación que fue negada por altas autoridades del Gobierno”, consta en el informe. Su detención fue negada incluso por el canciller de la época Edgar Terán Terán, en oficio dirigido como respuesta a la solicitud de información presentada por Amnistía Internacional.
En sus testimonios a la Comisión de la Verdad, Vaca relató las condiciones infrahumanas en las que permaneció detenido y la incomunicación, maltratos e interrogatorios a los que fue sometido, mencionando también que con el cambio de mandos dentro del Batallón de Inteligencia se olvidaron de él.
Dos años y cuatro meses después de su detención arbitraria y desaparición en el cuartel, fue liberado una madrugada en Ibarra, a media cuadra de la casa de su madre. “Deduce que los militares intentaban que se pensara que había permanecido en Colombia”, consta en el informe.
“El caso de Luis Vaca muestra la evaluación que hicieron los agentes del Estado sobre la utilidad de mantener con vida o no a algunos detenidos, y probablemente la presión política que en ese tiempo, de fin del período de Febres Cordero, se hacía sobre dichos actos”, según la Comisión.
Vaca no tuvo la oportunidad de ver que su caso llegó a juicio. No tuvo la oportunidad de ver cara a cara a sus presuntos verdugos. En su representación están ahora sus hijas Karla y Mónica quienes asumieron el rol de acusadoras particulares en el juicio.
Son ellas las que ahora están sentadas frente a quienes podrían ser los responsables de la desaparición de su padre por más de dos años. Son ellas las que ahora exigen justicia y que actos de este tipo no se repitan jamás en el país. “Son 40 años, mi papi ya no está, no puede ver que se haga justicia. Este juicio es la oportunidad de alzar su voz: Luis Vaca fue detenido, desaparecido y torturado”, dijo Mónica. “Ellos (militares) tenían un aparataje estatal para perseguir y torturar a los jóvenes de esa época que pensaban diferente”, agrega.
Las jóvenes dicen que este juicio les ha permitido enterarse sobre detalles de las torturas de las que fue víctima su padre, ya que en su hogar más bien eran reservados con el objetivo de protegerlas, aunque dicen que las secuelas de lo vivido se sentía en la familia.
Stalin López, abogado de uno de los militares procesados, señala que primero se deberá probar la existencia del delito ya que deben ser juzgados con la ley penal vigente a la fecha de los hechos y ahí el delito de lesa humanidad no estaba tipificado.
Agrega que su defendido no tiene nada que ver con los hechos que se le imputan y recuerda que al haber ocurrido hace 40 años, algunos de los imputados han fallecido y otros están mal de salud por su avanzada edad, al grado de que no estarían conscientes de lo que se trata el juicio.

Los procesados

Luis Eduardo Piñeiros Rivera, ministro de Defensa entre 1984 y 1986. Se le atribuye responsabilidad de mando a nivel político – militar sobre el sistema de Inteligencia Militar que ejecutó las detenciones ilegales de civiles, retenciones fuera de control judicial, interrogatorios coercitivos y «suprimió toda intervención de la justicia ordinaria a las víctimas”.

Manuel Marcelo Delgado Alvear, director de Inteligencia del Ejército (1987-1988). Se le atribuye responsabilidad en la dirección operativa de la información generadas por las unidades de Inteligencia del Ejército en las cuales se ejecutaban la retención prolongada y clandestina de personas sin orden judicial.

Juan Raúl Viteri Vivanco, comandante del Agrupamiento Escuela de Inteligencia Militar (AEIM) entre 1984 y 1987. Tendría responsabilidad en la custodia clandestina de las víctimas dentro del AEIM. Como comandante tenía conocimiento y control del lugar donde se mantuvieron a estas personas.

Mario Ricardo Apolo Willi, comandante del AEIM entre 1987 – 1990. Tendría responsabilidad en la continuidad de la retención ilegal y la prolongación de la desaparición forzada de Luis Vaca, manteniéndola fuera de toda supervisión judicial.

Nelson Bolívar Enríquez Gómez, jefe de la Unidad de Contrainteligencia Quito, órgano operativo del AEIM. Tendría responsabilidad en el control inmediato de personas detenidas como «objetivos de inteligencia» en el manejo de accesos, traslados, liberaciones condiciones y en la ejecución práctica de órdenes de custodia e interrogatorio.

Fernando Ignacio Ron Villamarín, médico de AEIM entre 1984 y 1987. Se le atribuye responsabilidad directa en el esquema de interrogatorio y sometimiento físico y psicológico de personas detenidas clandestinamente, incluyendo intervenciones dirigidas a quebrar la resistencia de las víctimas y el conocimiento del uso de sustancias aplicadas con ese fin, el denominado «suero de la verdad».