La Fiscalía los acusa por tráfico de influencias, pues aseguran que ejercieron presión sobre otros funcionarios judiciales para fallar en la causa que terminó con la destitución de Guadalupe Llori. Sobre el tema circula mucha información —pero también desinformación—.
La Fiscalía formuló cargos y solicitó prisión preventiva para dos vocales del Consejo de la Judicatura: Maribel Barreno y Juan José Morillo, y para el juez provincial de Pichincha Vladimir Jhayya por presuntos autores del supuesto delito de tráfico de influencias.
Sin embargo, el juez de la Corte Nacional de Justicia Javier de la Cadena negó la prisión preventiva y sólo dictó medidas cautelares para los dos vocales de la Judicatura y el juez provincial. Deberán presentarse cada ocho días en la Secretaría de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia. Además, tienen prohibición de salida del país y de enajenar bienes. También se dispuso la retención de cuentas por USD 5.100.
La Fiscalía expuso que Barreno, Morrillo, Jhayya y el entonces presidente de la Corte Provincial de Pichincha, Gustavo Osejo, estuvieron en una reunión el 2 de junio del año pasado, en donde conversaron sobre una acción de protección que había sido interpuesta por Guadalupe Llori, entonces presidenta de la Asamblea Nacional, para que se mantuviera en el cargo.
La reunión se llevó a cabo en el Edificio Almagro Plaza, en el norte de Quito. Vladimir Jhayya sería quien dio las indicaciones de cómo llegar al lugar de la reunión, y habría afirmado que se trataba de una oficina de Juan José Morillo, allí argumentó la motivación para el fallo solicitado por las autoridades de la Judicatura.
La Fiscalía acusa a los procesados sobre un presunto abuso del cargo, porque habrían ejercido influencia en otros funcionarios judiciales para fallar en la causa constitucional que terminó con la destitución de Guadalupe Llori de la Presidencia de la Asamblea.
En los audios presentados por la Fiscalía se menciona que los vocales piden al juez encargado resolver el recurso judicial presentado por Llori para no fuera destituida.
Salazar señaló que los procesados Barreno y Morillo habrían participado como autores directos y Jhayya como cómplice.
Para sustentar la formulación de cargos contra los tres procesados, la Fiscalía presentó 41 elementos de convicción, que fueron recabados durante la investigación previa. En la audiencia, la fiscal, Diana Salazar, presentó los elementos que constan en el expediente fiscal como: oficios, memorandos, versiones, informes de reconocimiento del lugar de los hechos, el peritaje que contiene la transcripción del audio de la grabación de la reunión en la que participaron los vocales de la Judicatura y los jueces.
La instrucción fiscal de este caso durará ochenta días.
Desinformación sobre el caso
Como no hay un solo tema que no toque la desinformación, los contenidos engañosos han hecho de las suyas en redes sociales. Ante este caso, en Facebook, por ejemplo, se ha dicho que Salazar ha amenazado con procesar penalmente a los vocales del Consejo de la Judicatura.
Este tipo de publicaciones empezaron a circular la semana pasada, aunque el 28 de abril la Fiscalía solicitó a la Corte Nacional de Justicia que fijara fecha y hora para formular cargos contra los tres funcionarios.
Salazar dijo que esta investigación inició el 15 de junio del 2022 y que se había denominado como caso ‘Vocales’, por el presunto delito de tráfico de influencias.
Allí, la fiscal detalló: “La acusación se sustentará en los elementos encontrados en estos 10 meses de investigación y que ha contado además con el testimonio anticipado de una servidora judicial que acredita los hechos”.
En ese entonces, mencionó que tenía un caso sólido en el que ejerció influencia en otros servidores judiciales. Y dijo que la Fiscalía realizó un trabajo técnico y jurídico y formuló los cargos para evitar la impunidad.
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