El tema no es nuevo. En el 2015, durante el Gobierno de Rafael Correa, ya se aprobó una enmienda, luego declarada inconstitucionalidad por la forma en que fue votada. Lasso va por su nuevo intento.
En la Asamblea aún se espera conocer el informe no vinculante de la Unidad de Técnica Legislativa sobre la reforma parcial que propone el Ejecutivo al artículo 158 de la Constitución, para permitir el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía en la lucha contra el crimen organizado.
Con ese informe, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) lo calificará a trámite y lo remitirá a la Comisión Ocasional de Enmiendas, presidida por Isabel Enríquez, de Pachakutik.
La justificación del Ejecutivo es que en la normativa actual la intervención de los militares en el control del orden público sólo se puede hacer a través de estados de excepción. Por lo que propone incluir en el artículo 158 que, previa solicitud motivada de la Policía, el Presidente de la República podrá disponer el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía para combatir el crimen organizado, de forma extraordinaria y regulada.
Para la experta en seguridad Carla Álvarez, recurrir a los militares para apoyar la seguridad interna es una tentación en la que han caído los gobiernos de Latinoamérica; sobre todo aquellos países que se han visto rebasados por el narcotráfico y el crimen organizado, como México y Colombia, dijo.
La situación en Ecuador
En efecto, Ecuador también ha caído en esa “tentación” anteriormente. En el Gobierno de Rafael Correa, que tenía bajo su control un buen número de instituciones, su bloque legislativo —en ese entonces Alianza PAIS— presentó a la Corte Constitucional, en el 2014, un paquete de 15 enmiendas. Ahí constaba la reducción de la edad para ser candidato a la Presidencia de la República, permitía la reelección indefinida, hacía reformas laborales y a la seguridad, y proponía la comunicación como un servicio público. Entre esas enmiendas constó la propuesta de sustituir el segundo inciso del artículo 158 por el siguiente: «Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía e integridad nacional y, complementariamente, apoyar en la seguridad integral del Estado de conformidad con la Ley».
La Corte Constitucional, liderada entonces por Patricio Pazmiño, de tendencia correísta, dio paso a esa propuesta para que fuera parte de la enmienda; es decir, sólo con tratamiento legislativo, a pesar de que la oposición consideraba que era una reforma, con tratamiento legislativo y consulta popular.
Con ese dictamen de la Corte, el resto vino por sí solo. La Asamblea de ese entonces era dominada por PAIS, que tenía 100 de 137 legisladores, por lo que no tuvo mayor inconveniente para aprobar el paquete de enmiendas en diciembre del 2015.
Publicadas en el Registro Oficial las enmiendas, grupos de oposición al correísmo interpusieron demandas de inconstitucionalidad.
Sólo con el cambio de Gobierno (Lenin Moreno por Rafael Correa) y con una diferente correlación política, con menos presencia del Ejecutivo en las otras funciones del Estado, el 1 de agosto del 2018 la Corte Constitucional, está vez presidida por Alfredo Ruiz, declaró la inconstitucionalidad de las enmiendas aprobadas por la Asamblea.
El motivo central no fue el contenido, sino la forma en que fueron aprobadas. La Corte consideró que la Legislatura cometió un error al aprobar en paquete las enmiendas, ya que debió hacerlo una por una, con votación en cada tema. Fue así que esas enmiendas, entre ellas las de las Fuerzas Armadas, no prosperaron.
Para la oposición de ese entonces, esta última sentencia de la Corte, también señalada como correísta, no fue por convicción, sino por “congraciarse” de alguna manera con el Consejo de Participación Ciudadana de Transición, presidida por Julio César Trujillo, y evitar así la cesación de funciones.
Trujillo y el resto de consejeros transitorios estaban en pleno proceso de reinstitucionalización del país y habían cesado en los cargos a titulares de organismos identificados con Alianza PAIS. Y con esa misma lógica también cesaron en funciones el 23 de agosto de 2018 a los jueces constitucionales de esa fecha.
El panorama actual
El Gobierno asegura que necesita de esta reforma para garantizar la paz y seguridad ciudadana, y combatir el crimen organizado y el narcotráfico que se ha impuesto en las cárceles y en provincias como Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas.
Para aprobar la reforma se necesitan 70 votos y luego se someterá a consulta popular. El bloque correísta, en principio, se mostró partidario de dar sus votos, ya que asegura que Correa lo impulsó y se aprobó en su momento, pero que, por cuestiones políticas, la oposición presionó para que se declarara la inconstitucionalidad. Mauricio Zambrano, coordinador del bloque correísta, manifestó que el Gobierno de Guillermo Lasso está copiando las iniciativas de su agrupación política.
Fernando Villavicencio, independiente, también expresó su apoyo a la reforma, ya que asegura que siempre ha sido partidario de que los militares y policías trabajen de forma conjunta para combatir el narcotráfico y a las estructuras criminales. El bloque del oficialismo ha señalado que quienes se opongan a la reforma estarán del lado de la delincuencia y de la corrupción.
Por su parte, Álvarez asegura que, de aprobarse la reforma en la Asamblea y en la consulta popular, lo que se logrará es una “paz basada en el temor” por la presencia de los militares en las calles y que esta será momentánea, ya que no se habrá atacado las verdaderas causas de la violencia, como la pobreza. El especialista en seguridad agrega que no se trabaja en un plan integral, que involucre, por ejemplo, al sistema judicial, para evitar que sentenciados por esos delitos salgan libres en poco tiempo, o en evitar que el narcotráfico copte las instituciones encargadas de brindar seguridad.
Para el constitucionalista Ismael Quintana lo que propone Lasso es similar a lo que en su momento presentó el bloque legislativo de Alianza PAIS, un apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía pero que la diferencia está en que el Ejecutivo incluye una especie de procedimiento para que ello ocurra.
Te puede interesar:
· La cifra sobre la influenza aviar es aún un estimado, porque los estudios se siguen haciendo
· Musk dijo que están cerrando direcciones IP de “malos actores”