La ley de protección animal presentada originalmente mutó tanto en la Asamblea, en desmedro de los derechos de los animales, que ahora sería un retroceso, consideran. Aspectos como las sanciones reales por el maltrato, el enfoque territorial, la prohibición de venta sin silencia y la condena a actos de zoofilia, o envenenamiento quedaron por fuera.
POR: Esteban Cárdenas Verdesoto
Fue una sentencia histórica la que dio inicio a esta polémica en Ecuador, una que ha puesto a los derechos de los animales sobre la mesa de debate; una conversación que lleva más de tres años. Hoy, la lucha por la Ley Orgánica para la Protección y Defensa de los Derechos de los Animales (LODA) sigue viva y los colectivos, que en su momento impulsaron el texto y hoy luchan en contra de su uso discrecional, continúan alzando la voz.
La Corte Constitucional, en febrero de 2022, convirtió a Ecuador en el primer país del mundo en reconocer a los animales como sujetos de derechos. Esto, reforzado aún más con lo que dicta la propia Constitución en relación a los derechos de la naturaleza.
Esa resolución sentó un gran precedente en el accionar en pro del bienestar animal; todo en torno a una mona llamada Estrellita, que vivió casi dos décadas confinada ilegalmente en una casa de Ambato. De hecho, fue esta misma sentencia la que marcó las bases para la elaboración de esta ley.
Y es que la elaboración de la LODA no partió de cero. Su columna vertebral se sostiene sobre esa sentencia histórica: la 253-20-JH/22, en el marco del caso de Estrellita. Este animal fue retirado de un hogar en el que había vivido 18 años, pero murió poco después bajo custodia estatal.
En este fallo, la Corte reconoció por primera vez a los animales como sujetos de derechos, distintos de las personas, y estableció que el Estado está obligado a garantizar la protección de su vida, integridad, hábitat y comportamiento natural. La sentencia desarrolla principios como el de interespecie, el enfoque sistémico, la no instrumentalización y la necesidad de interpretaciones jurídicas ecológicas. Además, exige expresamente la creación de un marco legal específico que desarrolle esta nueva comprensión de la justicia interespecie.
En respuesta a esa disposición, se activaron procesos ciudadanos y legislativos que desembocaron en la propuesta de la LODA, primero llamada LOA, por la propuesta preparada por la Defensoría del Pueblo y colectivos.
Por esto, para activistas, cualquier intento de aprobar una ley que jerarquice animales según su utilidad, omita sanciones claras o limite su protección geográfica no sólo desconoce la voluntad de los colectivos y el espíritu de la ley, sino que también traiciona el mandato constitucional que dio origen a la ley.
Pero, antes de continuar con el análisis, es necesario primero conocer cuál es el estado del proyecto de Ley en la Asamblea, el mismo que lleva tres años en tratamiento y avance.
Avance
La última vez que se conoció esta ley en el Palacio Legislativo fue el pasado 12 de mayo, cuando la Asamblea Nacional la incluyó en el orden del día para su segundo debate en el Pleno. El informe que se discutía había sido elaborado por la Comisión de Biodiversidad, la de la anterior Asamblea, pero no logró el respaldo esperado.
En medio del debate, el asambleísta Franklin Samaniego presentó una moción para archivar el proyecto, argumentando que el texto final se había alejado de su espíritu original y presentaba serios vacíos. La moción, sin embargo, no alcanzó los votos necesarios, y la ley, por orden de la entonces presidenta del Legislativo, Viviana Veloz, fue devuelta a la comisión para una revisión adicional en un plazo de ocho días, que permita incorporar los cambios necesarios.
Pero ese breve plazo coincidió con un momento de transición en la Asamblea: el cambio de autoridades legislativas y la toma del cargo por parte de los vencedores de la última contienda electoral. Esto, a su vez, reconfiguró los nombres de la Comisión de Biodiversidad, a cargo del proyecto. Lo que, hoy, ha dejado al tratamiento de la ley en el limbo.
Pero la tensión no es reciente. El tratamiento de la LODA arrastra más de tres años de debates, reestructuraciones y postergaciones. Un texto unificado dio origen al proyecto que fue presentado en 2021 por la Defensoría del Pueblo, en conjunto con organizaciones, fundaciones y redes de protección animal.
Sin embargo, ya en la Asamblea, este documento fue unificado con otras propuestas, como la Ley Kiara, la COPO y otras reformas al Código del Ambiente, que finalmente fueron presentadas por el Legislativo como un solo proyecto.
En 2023, la Asamblea aprobó en primer debate un texto que recogía parte de esas propuestas, pero a medida que avanzaba el trámite en la Comisión, los colectivos empezaron a notar cambios sustanciales. Algunos artículos fueron eliminados, otros suavizados y varias definiciones clave en la protección de los derechos de los animales fueron reformuladas sin consulta previa, según han denunciado colectivos animalistas. En palabras de una de sus voceras, Shady Heredia, “el texto pasó de ser una ley de protección a una de uso regulado”.
Ahora, con el texto nuevamente en la Comisión, que ya está conformada, la incertidumbre persiste. Pero, ¿qué se incluye en el informe de segundo debate que permanece en debate y cuánto se aleja este de la ley que propusieron los colectivos?
El informe controversial
El informe para segundo debate, aprobado por la anterior Comisión de Biodiversidad en diciembre de 2024, condensa y reforma múltiples propuestas legislativas sobre bienestar animal. Pero no lo hacen sin conflictos. El texto, que debía ser un desarrollo fiel al mandato constitucional, ha sido señalado por colectivos como un documento que rebaja principios, limita competencias y evita responsabilidades claras del Estado.
Uno de los ejes más criticados en su composición es la clasificación funcional de los animales. El texto no coloca todos los animales en el mismo grupo, sino que distingue entre animales de compañía, de trabajo, de asistencia, para experimentación, de consumo, silvestres, marinos y sinantrópicos (entre los que se incluyen plagas urbanas).
Boris Medina, jurista, asegura que aunque la norma dice reconocer a todos como sujetos de derechos, esta clasificación abre la puerta a tratos diferenciados según su utilidad humana, lo que, para activistas, contradice también el enfoque de justicia interespecie que dicta la sentencia de la Corte.
El experto también detalla que a esto se suma la falta de un régimen sancionador claro. Si bien el informe establece una lista de prácticas prohibidas, como el abandono, el uso de animales en espectáculos con maltrato o la zoofilia, “no detalla penas, ni las entidades encargadas de sancionar, dejando sin dientes a la aplicación de la ley”. Asimismo, colectivos denuncian que, sin esta precisión, el texto corre el riesgo de convertirse en una norma decorativa, sin capacidad de intervención real. Esto, a través de comunicados emitidos en los últimos meses.
Otro punto que ha generado descontento es la forma en que el informe plantea las competencias institucionales. Según el texto, los gobiernos locales podrán emitir ordenanzas sobre protección animal, pero no establecer normas técnicas ni sanitarias en torno a esta protección. Para el experto, esto limita seriamente la capacidad de respuesta local, especialmente en zonas donde no existe presencia estatal directa.
Además, el informe omite desarrollar mecanismos de protección para animales en áreas rurales. Lo que, dice, deja un vacío geográfico evidente en el proceso de aplicación del supuesto espíritu de la ley.
Finalmente, el informe resalta el principio de soberanía alimentaria y advierte sobre el riesgo de una “sobrerregulación” que afecte a la cadena de producción de alimentos. Aunque el argumento no es nuevo, su inclusión prioriza la viabilidad productiva por sobre el bienestar animal, según denuncia Heredia.
Esto, además, denuncia que pone en evidencia que el texto responde también a presiones gremiales. Una crítica que ha sido constante en las calles y en redes sociales, donde activistas han señalado que la LODA, tal como está redactada, “se aleja más de una ley de protección para convertirse en una ley de regulación controlada”, continúa Heredia.
Lo que se quedó en el camino
La propuesta original presentada por colectivos y respaldada por la Defensoría del Pueblo no sólo aspiraba a reglamentar la tenencia responsable de animales o su protección frente al maltrato. Su alcance era más ambicioso. Y es que, en su contenido, pretendía instituir un paradigma jurídico y ético, “coherente con el reconocimiento constitucional de los animales como sujetos de derecho”, así lo afirma Andrea Vargas, activista. “Pero buena parte de esa visión se perdió en la misma Asamblea”.
Uno de los cambios más evidentes es la eliminación del capítulo sobre el régimen de infracciones y sanciones administrativas. El texto ciudadano detallaba claramente las faltas leves, graves y muy graves con relación a la vulneración de los derechos de todos los animales. Entre estas, la omisión de atención veterinaria, abandono, uso con fines de lucro sin permisos, entre otros temas. Además, incluía las multas respectivas que debían aplicarse en cada caso.
Hoy, en el informe de segundo debate ya no existe esa estructura sancionadora, lo que para sus autores implica dejar sin consecuencias prácticas las conductas que la propia ley dice prohibir.
También desapareció del informe la propuesta de crear una autoridad nacional de protección animal, una entidad que habría estado encargada “de la formulación de políticas públicas, lineamientos y normas técnicas para la protección integral de los animales a nivel nacional, así como la coordinación interinstitucional para su cumplimiento”, como dicta el mismo documento. En su lugar, el informe de la Asamblea distribuye competencias entre instituciones ya existentes, sin definir claramente responsabilidades ni liderazgos operativos.
Otra supresión sensible, según los expertos consultados, es el enfoque territorial. La propuesta inicial establecía políticas diferenciadas para zonas rurales, indígenas y urbano-marginales, incluyendo medidas específicas para animales de trabajo o en comunidades sin acceso a veterinaria formal. En contraste, el texto legislativo no menciona ni desarrolla estos contextos, lo que, para los expertos, implica una visión urbana y centralista del bienestar animal.
Además, el texto original contemplaba una prohibición expresa de la venta de animales en ferias, redes sociales y locales sin licencia, así como regulaciones para criaderos y comercios. Todo eso, dice Vargas, fue eliminado o suavizado en el informe de segundo debate, que apenas menciona “tenencia responsable” y “omite tratar de fondo la cadena de comercialización, una de las principales causas del abandono”.
Tampoco sobrevivieron las disposiciones que apuntaban a tipificar penalmente actos como la zoofilia, la organización de peleas de animales o el envenenamiento deliberado, prácticas que, “aunque están prohibidas en el papel, no fueron acompañadas por un artículo concreto que establezca penas o mecanismos judiciales de persecución”, dice Medina.
Además, hay otros aspectos que quedaron fuera de la ley en la Asamblea. Entre estas, propuestas como la implementación de límites de jornadas laborales de animales de trabajo, con criterios de descanso, condiciones ambientales y carga permitida, especialmente en contextos rurales y urbano-marginales. También se establecían lineamientos específicos para la protección de fauna marina, incluyendo restricciones a la captura incidental y el uso de animales en espectáculos acuáticos. También protocolos de emergencia para el rescate de animales en desastres naturales, la obligación de registros oficiales de animales de compañía; además de la prohibición de exposición de cadáveres de animales en espacios de comercio.
Ninguno de estos puntos fue recogido por el informe de segundo debate de la ley, lo que ha levantado nuevamente a los colectivos que promovieron la legislación con el objetivo de, esta vez, velar por el archivo del proyecto.
Denuncias y continuidad
Para Shady Heredia, vocera del colectivo LOA, lo que ocurrió con la LODA no fue sólo una pérdida del espíritu inicial del proceso, sino un camino cargado de irregularidades. Desde su perspectiva, la última etapa del tratamiento legislativo fue “poco transparente y poco democrático”.
Denuncia que durante los últimos meses de trabajo de la anterior Comisión de Biodiversidad no se les permitió participar en las mesas, ni intervenir durante el segundo debate en el Pleno, pese a haberlo solicitado con antelación.
“No permitieron el ingreso ni la participación, a pesar de que nosotros habíamos solicitado con meses de anticipación”, dice la activista.
En este sentido, Heredia es tajante. Para ella, la ley que llegó al Pleno es un “mamotreto”. Asegura que el tratamiento fue apresurado y que existieron presiones por parte de gremios para apurar la votación sin mayor discusión pública. Por eso, dice, cuando la moción para archivar fue presentada por el asambleísta Franklin Samaniego, aunque no alcanzó los votos suficientes, fue vista por los colectivos como una oportunidad para frenar lo que consideran un retroceso.
Desde entonces, el colectivo LOA se ha mantenido firme en exigir el archivo total del proyecto, al considerar que los ocho días otorgados a la nueva Comisión de Biodiversidad para revisar el texto “no son suficientes para corregir todo lo que no se logró resolver en tres años”.
Así, las críticas de fondo se mantienen. Para Heredia, la ley, tal como está planteada, “mantiene a los animales como objetos que pueden ser utilizados para la producción sin reglas claras”. Y no sólo eso. Señala también que con este proyecto se retrocede en derechos previamente reconocidos, como la capacidad de sancionar actos de zoofilia, la no prohibición expresa de venta de animales y se reduce la capacidad de acción de los gobiernos locales.
“Los animales en la ruralidad geográfica no tendrían tampoco ningún tipo de protección, porque para la gente que redactó esta ley, solamente los animales que viven en las ciudades pueden ser maltratados y el resto no”, dice.
Heredia critica, además, que la ley demuestra un desconocimiento profundo de la realidad nacional. “Es problemático que no se entiendan estas cosas tan básicas de la protección de los animales. Eso nos hace pensar que hay poquísimo conocimiento de lo que pasa en el país y también presión por parte de sectores que no quieren que se penalice o sancione el maltrato”, detalla.
Ante este escenario, la vigilancia, dice, continúa. Así, Heredia sostiene que el colectivo no sólo seguirá denunciando, sino que ya se han convocado movilizaciones en al menos 22 ciudades del país.
“Creemos que es una de las movilizaciones a nivel nacional más grande por los animales. Es un tema que moviliza, que mueve a la gente y que le interesa”, dice.
Esto, agrega la activista, se ve fortalecido con la participación, incluso de ciudades como Esmeraldas, en esta movilización que se realizará mañana en distintos puntos del país.
Mientras tanto, el plazo para tratar cambios en el informe continúa corriendo. Y los miembros de la Comisión de Biodiversidad no se han referido al tratamiento de esta ley. Ecuador Chequea se contactó con la presidenta de esta mesa, Camila León, quien aseguró que la ley será tratada en las próximas semanas para continuar con el proceso.
Además, se aclaró que la Asamblea resolvió ampliar los plazos para que las Comisiones puedan tratar los temas pendientes represados desde el anterior Legislativo, por lo que el tratamiento se encuentra aún dentro de los tiempos permitidos.
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