El exvicepresidente, sobre quien pesan ya dos sentencias por corrupción, es investigado por peculado en el caso ‘Reconstrucción de Manabí’. La Fiscalía denuncia que el Juez del caso ha dilatado la fijación de una fecha para la audiencia de formulación de cargos.
Para evadir un pedido de la Fiscalía a la Policía para que lo localice e inmovilice, el exvicepresidente Jorge Glas entró a la embajada de México en Quito. Este episodio se suma a los problemas legales que enfrenta Glas.
La Fiscalía informó que su pedido de localizar e inmovilizar a Glas corresponde a la investigación del caso ‘Reconstrucción de Manabí’; es decir, de presuntos hechos de corrupción en el manejo de recursos públicos destinados a las zonas de Manabí afectadas por el terremoto de 7,8 grados en la escala de Richter del sábado 16 de abril del 2016.
“No hay una orden de detención. No hemos solicitado que sea capturado. Simplemente el ciudadano tiene que concurrir a la Fiscalía General. No tiene una orden de detención. Entonces, no se puede hablar de que lo estamos persiguiendo, sólo estamos realizando actos de investigación”, dijo Salazar.
Lo aclaró en la primera hora de este lunes en una entrevista con Teleamazonas al ser consultada, precisamente, sobre los alcances de su solicitud.
La fiscal Salazar destacó que hace 119 días solicitó al juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Rivera, que fijara fecha para la formulación de cargos contra el exvicepresidente y otras dos personas. Sin embargo, dijo, ha habido intentos de dilatar el proceso.
Esto, agregó, está relacionado con la solicitud del magistrado Rivera a la Asamblea Nacional para que autorice o no el enjuiciamiento del exvicepresidente Glas por presunto peculado.
“La Fiscalía no puede detener su acción, por eso hemos pedido que el ciudadano se presente para algunas diligencias”, dijo. Añadió que “la situación del señor Jorge Glas debe resolverse en los tribunales, no en las embajadas”.
OTROS CASOS
Este caso Reconstrucción en Manabí se suma a otros dos por los que Glas, ya fue sentenciado, en su momento, a ir a la cárcel.
En diciembre de 2017 fue condenado a seis años de prisión por su participación en la trama de corrupción de la empresa constructora brasileña Odebrecht.
En 2020, en cambio, Glas fue condenado a ocho años de prisión por el caso Sobornos 2012-2016, pero obtuvo su libertad condicional.
CASO ODEBRECHT
En el caso Odebrecth, Glas fue sentenciado en calidad de autor de un delito de asociación ilícita. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia que lo sentenció tomó en cuenta la acusación de la Fiscalía de que Glas recibió millonarios sobornos cuando se desempeñaba como ministro de Sectores Estratégicos entre 2010 y 2012, en el Gobierno del expresidente Rafael Correa. En este sentido, la Fiscalía dijo que Glas recibió unos 13,5 millones de dólares en sobornos por parte de Odebrecht para adjudicar contratos de obras públicas.
Similar condena de seis años de cárcel recibieron el tío de Glas, Ricardo Rivera, y otros tres imputados.
Como se recuerda, a finales de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que Odebrecht pagó 788 millones de dólares en sobornos a cambio de contratos en doce países de América Latina y África, en el caso de Ecuador 35,5 millones de dólares a «funcionarios del gobierno» entre 2007 y 2016.
CASO SOBORNOS 2012 – 2016
Este caso, en cambio, empezó luego que el portal de investigación periodística Mil Hojas reveló que varios exfuncionarios del Gobierno de Correa solicitaban y recaudaban aportes irregulares para la organización política a la que pertenecía, Alianza PAIS:
En este informe se recopiló un correo electrónico enviado por el funcionario de Odebrecht, Heraldo Luiz Pereira de Souza, a la asesora de Correa Pamela Martínez. Según Mil Hojas, dicho mail evidenció que Odebrecht y otras empresas multinacionales aportaron al menos 11,6 millones a Alianza PAIS, desde noviembre del 2013 hasta febrero del 2014.
Tras un mes de la publicación de esta investigación periodística, inició una investigación en la cual acusó a la exasesora Martínez de recaudar más de un millón de dólares en efectivo y de recibir fondos de Odebrecht y otras empresas. Para esta acusación la Fiscalía tomó en cuenta un cuaderno de cuentas de la propia Martínez.
Por este caso también ingresó a la cárcel el exalto funcionario del gobierno de Correa Alexis Mera.
SOBERANÍA
Consultada sobre las posibles actuaciones de la Fiscalía en este tema, la catedrática en derecho internacional de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Ivone Téllez consideró que se trata de un conflicto internacional que involucra a los estados de Ecuador y de México.
Téllez explicó que, dada la soberanía territorial que ejerce en su embajada en Ecuador, en cuyo interior se encuentra Glas, México tiene la potestad legal de acoger a Glas y otorgarle o no asilo político; y, sobre todo, responder o no a las autoridades de la Fiscalía que lo requieren.
En este sentido, puntualizó la especialista, para responder positiva o negativamente a un pedido de asilo político existe lo que calificó como “zona gris”, en la que es perfectamente legal que México pueda calificar no como judicial sino como político el pedido de las autoridades ecuatorianas, y en consecuencia, otorgarle el asilo político.
“Hay una zona gris cuando se presume que no son delitos de tipo penal, sino acusaciones o persecuciones de índole política, es cuando los estados tienen una discrecionalidad para calificar la conducta. Entonces México puede decir que esto no es penal sino político y salvaguardarlo dentro de sus fronteras. Esto es perfectamente legal por la soberanía territorial que le asiste a México”.
VÍA DE SALIDA, LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL JUDICIAL
La vía posible para que las autoridades de la Fiscalía tramiten su pedido ante el Gobierno de México es de solicitar de manera formal que ambos estados activen la denominada Cooperación Internacional Judicial: “Si es que realmente requiere la presencia de Glas para adelantar el proceso, que se esperaría en un ánimo de independencia de poderes, tendría que hablarse de cooperación internacional judicial en donde el Estado Mexicana pudiera poner a disposición de las autoridades ecuatorianas al señor Glas, para que, mediante las garantías de debido proceso deberían procesarlo”.
Este mecanismo, puntualizó Téllez, “debería operar en un Estado del deber ser”. Y esta cooperación está establecida y garantizada en diferentes instrumentos legales internacionales de los cuales Ecuador y México son suscriptores, indicó la especialista.
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