Un documento promovido por la sociedad civil logra acuerdos entre policías y periodistas como hoja de ruta para corregir fricciones históricas y trazar reglas claras para garantizar la cobertura periodística de protestas, escenas de delito y acceso a información pública.
POR: Juan Camilo Escobar
En el auditorio de la Escuela Superior de Policía Nacional, se vivió esta mañana una escena inusual: policías y periodistas sentados en la misma mesa, dándose la mano sobre un texto que, para quienes lo firmaron, no es sólo un papel, sino la promesa de dialogar en medio de tensiones que, históricamente, han marcado la relación entre prensa y poder en Ecuador.
Se trata del ‘Documento de acuerdos entre la Policía Nacional y periodistas’, que nació después de más de un año de encuentros, borradores y mesas de trabajo en distintas provincias. Es el resultado visible del ‘Programa de relación entre la Policía y periodistas’, impulsado por Fundamedios, con la asistencia técnica del Centro de Ginebra para la Gobernanza del Sector de la Seguridad (DCAF) y el respaldo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania. Según sus promotores, este modelo también se replica en otros cuatro países de América Latina.
Sentado junto al coronel Yuri Narváez, coordinador del Subcomando General de Policía Nacional, y junto a Jens Peter Lütkenherm, embajador de Alemania en Ecuador, César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, recordó frente al auditorio, colmado por decenas de policías, cómo llegaron hasta aquí: “El documento es un instrumento vivo y dinámico, que se alimentará de la relación entre Policía y periodismo en el día a día”, dijo. Y admitió que en Ecuador no es sencillo tender puentes entre reporteros y agentes. “Pueden existir situaciones de fricción entre estos dos sectores, pero estamos destinados a dialogar”, repitió.
Documento con ‘el más alto nivel’
El mayor Emilio Terán, especialista del Derechos Humanos de la Policía Nacional, tomó el micrófono para enfatizar: “La Policía, con este documento, se sigue constituyendo como la única institución que da cumplimiento efectivo de la Ley de Regulación del Uso Legítimo de la Fuerza”. Reiteró que el texto cuenta con el “más alto respaldo institucional”, validado por el Consejo de Generales. Esto, dijo, ayudará a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos tanto de los periodistas y de los policías en sus respectivos trabajos.
El documento, precisamente, fue elevado el 12 de junio al estatus de Resolución (No. 2025-303-CsG-PN) del Consejo de Generales de la Policía Nacional, en el cual se destaca un objetivo preciso: “Promover la comprensión mutua de las funciones y responsabilidades, obligaciones y derechos de la Policía y los medios de comunicación locales en lo que respecta a la gobernanza del sector de la seguridad”.
La “asimetría” que hay que corregir
Hay una frase en el texto que resume la tensión histórica: la relación entre Policía y prensa ocurre bajo una “asimetría estructural”. El poder de la fuerza pública frente al derecho de preguntar y publicar. Por eso el documento insiste en que la Policía debe actualizar sus manuales operativos, designar contactos de prensa en cada zona administrativa, mantener listas actualizadas de medios locales y crear rutas de denuncia claras para cuando el trabajo periodístico sea interrumpido, restringido o violentado.
Ricaurte no esquivó una de las realidades: el periodismo ecuatoriano es “descentralizado y no jerarquizado”, lo que hace difícil que un solo gremio firme por todos o que las decisiones y acuerdos se implementen mediante decretos o resoluciones. “Implica un reto adicional sostener un proceso de diálogo representativo”, reconoció. Por eso el texto llama a directores, editores y periodistas a adoptar de forma voluntaria códigos de ética, protocolos de cobertura responsable y espacios de verificación que fortalezcan la práctica.
Y, como él mismo lo anunció, Fundamedios llevará el acuerdo a redacciones y asociaciones para que se convierta en más que un archivo: “Impulsaremos encuentros directos con editores y directores de medios para promover la apropiación del documento”, insistió.
Validación y respaldo internacional
El proceso de elaboración del documento tomó más de un año de trabajo en 22 provincias, ocho mesas de diálogo presenciales en varias ciudades y una metodología especial para recoger perspectivas y construir acuerdos en escenarios claves, así como “un curso virtual sobre derechos humanos, libertad de expresión y libertad de prensa”. En el curso participaron 348 personas, 210 hombres y 138 mujeres, el 79% policías y 21% periodistas.
Antes de llegar a la firma, el texto fue enriquecido con aportes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia. El DCAF, organización suiza especializada en gobernanza del sector seguridad, trajo su experiencia de procesos similares, como en Colombia.
El embajador Lütkenherm, a su turno en una breve intervención, miró la sala, a la que asistía un centenar de policías y dijo que los acuerdos que recoge este documento constituyen una “apuesta por la democracia” y dijo que el reto ahora es “unir esfuerzos para su implementación entre periodistas y policías”. Para sellar el acto, dos policías —capitán Édison Jácome y sargento Sandy Maliza— y dos periodistas —Arahí Vega y Stephan Kuffner— recibieron el documento, como testimonio de un compromiso que, en palabras de Narváez, “no intenta condicionar el trabajo periodístico ni limitar el trabajo policial. Trazamos caminos compartidos, con reglas claras y un trato basado en la dignidad humana”.
LA FRASE DESTACADA:
“Hoy firmamos un pacto con la verdad que el periodista busca y que el policía protege”,
Yuri Narváez, coordinador del Subcomando de la Policía Nacional.
CRITERIO
La periodista Arahi Vega, testigo de la firma, destacó la importancia del documento como una herramienta que recoge la realidad de los periodistas que trabajan en territorio, lejos del foco de las grandes ciudades. “Muchas veces nos centramos en el periodismo de las ciudades principales, pero en territorio pasan muchas otras cosas y, quizás, más graves”, señaló Vega, subrayando la necesidad de un enfoque amplio y diverso para enfrentar los riesgos que enfrentan los reporteros.
Sobre la colaboración entre policías y periodistas, Vega expresó un optimismo cauteloso: “El hecho de que la Policía pueda trabajar en conjunto con los periodistas, creo que va a mejorar las condiciones de seguridad del periodismo, no sé si en su totalidad, pero ya es un primer paso”. Para ella, este acuerdo no sólo es un papel firmado, sino una guía clara que orienta a ambos sectores sobre cómo actuar en escenarios complejos relacionados con la seguridad.
La periodista enfatizó la coincidencia de intereses entre ambos sectores: “Tanto la Policía Nacional como los periodistas somos sectores destinados a dialogar, porque estamos en las mismas coyunturas, muchas veces, por los temas que cubrimos.” Así, Vega resaltó la voluntad de construir una relación basada en la confianza y el respeto mutuo, lejos de las confrontaciones que han marcado el pasado.
***
Una hoja de ruta para escenarios tensos
El documento no es retórico. Trae compromisos claros para ambos lados. Enumera tres escenarios clave donde la tensión suele aparecer: la protesta social, la cobertura de escenas de delito y el acceso a información pública.
El texto reconoce, de forma literal, que la protesta es un derecho constitucional. Que la Policía, dice, debe garantizar cobertura segura para reporteros y ciudadanos. Que la escena de un crimen debe ser documentada sin comprometer la cadena de custodia ni obstaculizar la investigación. Y que la información pública debe entregarse “de forma no discriminatoria, oportuna y veraz”, como reza el documento.
Escenarios de aplicación
El mecanismo conjunto se enfoca en tres escenarios clave:
- Protesta social: el acuerdo subraya que la protesta es un derecho constitucional. La Policía se compromete a aplicar estándares internacionales para garantizar cobertura segura, evitar agresiones físicas o detenciones arbitrarias de periodistas y facilitar corredores de comunicación directa.
- Escenas de delito: se establecen lineamientos para que la Policía permita el acceso a la escena, bajo protocolos claros que protejan la cadena de custodia de evidencias sin obstaculizar el trabajo de la prensa.
- Acceso a información pública: se fija la obligación de proveer datos de interés público de forma no discriminatoria, transparente y oportuna, evitando restricciones arbitrarias, filtraciones selectivas o censura indirecta.
Compromisos institucionales
El documento obliga a la Policía a:
- Actualizar manuales operativos y protocolos internos con enfoque de derechos humanos, género e interculturalidad.
- Implementar capacitaciones conjuntas con periodistas sobre derechos humanos, regulación del uso legítimo de la fuerza, ética y acceso a la información.
- Crear rutas de denuncia claras para periodistas que sufran agresiones o violaciones de derechos durante coberturas.
- Designar puntos focales de contacto para medios en todas las zonas administrativas, con listas actualizadas de periodistas acreditados.
- Reconocer buenas prácticas de sus efectivos mediante incentivos dentro del sistema de mérito policial.
Compromisos de los periodistas:
Por su parte, los gremios, directores y periodistas se comprometen a:
- Fortalecer códigos de ética y protocolos de cobertura responsable, especialmente en temas sensibles como víctimas de delitos, protección de la intimidad y datos reservados.
- Promover la verificación y manejo ético de imágenes de violencia o intervención policial.
- Impulsar espacios de diálogo y socialización del acuerdo en redacciones, federaciones y asociaciones de prensa.
Seguimiento, reparación y sanciones
El documento establece mecanismos de seguimiento a nivel nacional y local, con participación de Fundamedios, DCAF y observadores internacionales. Prevé acciones de reparación integral cuando se comprueben violaciones de derechos por parte de efectivos policiales.
En caso de incumplimiento grave de un policía, la normativa interna remite a la Ley de Regulación del Uso Legítimo de la Fuerza, que contempla procesos disciplinarios y sanciones administrativas.
Te puede interesar:
. Sector salud se suma al rechazo a Ley de Integridad Pública
. Es falso: no se ha convocado a un paro nacional para este viernes
. Resistir sin agua, el drama de 400.000 personas en el sur de Quito
