Desde diferentes instituciones —empezando por la Asamblea— expresaron su respaldo a la labor del Gobierno que declaró al país en conflicto armado interno.  Noboa presentó los diseños aprobados de las cárceles que se construirán en Pastaza y Santa Elena.

El presidente de la República, Daniel Noboa, y su decisión de reconocer la existencia de un conflicto armado interno, de declarar a 22 bandas delincuenciales como organizaciones terroristas y ubicarlos como objetivos militares —todo esto contenido en el  Decreto 111— ha tenido un amplio respaldo político e institucional desde diversos sectores. 

Uno de los más importantes provino desde la Asamblea, donde confluyen distintas organizaciones políticas, de las más variadas tendencias, pero que la noche de ayer aprobaron por unanimidad (135 votos) una resolución de apoyo al Decreto y todo su contenido. 

Para el asambleísta de Construye, Jorge Peñafiel, lo que hizo la Asamblea es ofrecerle a la Policía y a las Fuerzas Armadas el respaldo político en su combate en este momento contra las bandas terroristas. Según Peñafiel, ese respaldo a las fuerzas del orden se expresará a través del trámite de amnistías o indultos, como lo ha venido ofreciendo la Asamblea en su conjunto, como un mensaje de que el país no cederá ante el crimen organizado, que no habrá miramientos ni barreras en su juzgamiento. “Apoyamos todas las operaciones que requiera esa lucha que el Presidente de la República ha decidido continuar”, indicó.

“Ecuador vive una guerra interna contra el crimen organizado; una guerra que, al fin, alguien tomó la determinación de dirigir. Esa persona es nuestro presidente, Daniel Noboa”, dijo Fernanda Araujo, asambleísta de la alianza oficialista, ADN. Añadió que el mensaje dado con el Decreto 111 es claro: que no habrá tregua en el combate contra los grupos narcoterroristas y que no “seremos sus esclavos”. 

Desde el Partido Social Cristiano, su jefe de bancada, Vicente Taiano, argumentó que esta resolución es probablemente las más importante que será aprobada por esta nueva Asamblea, en el corto tiempo que tiene para cumplir sus actividades. El legislador manifestó que las acciones del crimen organizado buscan sembrar el caos en el país, el temor en la ciudadanía y doblegar al Estado. “De ahí la importancia de respaldar la frontalidad, la valentía del Presidente en no permitirlo, porque no hay otro camino”, indicó.

A este respaldo se sumó la bancada correísta, cuya coordinadora, Viviana Veloz, manifestó que el crimen organizado quiere doblegar y someter al Estado, pero que no se les permitirá lograr su objetivo. “Apoyamos todas las acciones emprendidas por el Gobierno en materia de seguridad. Es necesario recuperar la autoridad del Estado, la seguridad, el control de las cárceles”, dijo Veloz. Aseguró que Ecuador en estos momentos se encuentra bajo ataque por parte de criminales financiados por el narcotráfico y por el crimen transnacional. 

Los representantes del resto de bancadas se sumaron al apoyo otorgado al Decreto 111 bajo similares argumentos.

Otras instituciones

Tanto la Corte Nacional de Justicia como el Consejo de la Judicatura emitieron comunicados en respaldo a las acciones emprendidas por el Gobierno a través de las fuerzas del orden en contra de los grupos terroristas. 

El Pleno de la Corte respaldó las decisiones del Gobierno para solventar la crisis y apoya la actuación de policías y militares en busca de preservar la paz y la seguridad ciudadana. “Hacemos un llamado a la unidad nacional, la situación actual exige que toda la institucionalidad del Estado enfrente esta ola de violencia con acciones y decisiones conjuntas  y articuladas”, fue el pronunciamiento de los jueces nacionales.

Mientra que la Judicatura, que viene actuando bajo el mando de Álvaro Román debido a la renuncia de su titular Wilman Terán, procesado y detenido precisamente por el caso  ‘Metástasis’, condenó la serie de atentados que se han dado en el país y “que forman parte de un continuo ataque contra la democracia e institucionalidad de la República”, consta en su comunicado.

Desde la sociedad civil, la Corporación Participación Ciudadana también se pronunció ante esta grave crisis y apoyó los esfuerzos del primer mandatario para mantener la institucionalidad, el Estado de derecho, la Justicia, la ley y el orden. Por la tarde se conoció un pronunciamiento similar de parte de la Asociación de Municipalidades (AME). 

Avance en la lucha contra el terrorismo

Durante la presentación del diseño de las que serían las nuevas cárceles del país, Noboa manifestó que está en plena ejecución el plan de seguridad ‘Fenix’, a través de las Fuerzas Armadas y la Policía. “Es el inicio de un urgente saneamiento del sistema penitenciario, que ha estado dominado por décadas por las mafias. Los desmanes en las cárceles y calles son una respuesta clara del temor de los criminales a las políticas de seguridad que estamos implementando a nivel nacional”, dijo el mandatario en un video difundido por la Secretaría de Comunicación. Reiteró que no dejará que “un grupo de terroristas detenga al país”.

Los diseños aprobados para la construcción de las nuevas prisiones que serán edificadas en Pastaza y Santa Elena incluyen, según la propuesta del Gobierno, inhibidores de señal celular y satelital; sistemas electrónicos con tecnología de punta, control de acceso digital y análogo, triple seguridad perimetral, guardias sin rostros, entre otras características. 

Tendrán capacidad para 736 presos, en tres módulos: uno de alta seguridad, con 160 celdas, en cada una de ellas habrá cuatro reos; otro módulo para 32 celdas y dos reclusos por celda; y, finalmente, el tercer módulo será de súper máxima seguridad donde se ubicará a 32 reos con un alto nivel de peligrosidad, uno por celda.

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