Sólo la bancada oficialista votó para que Ana Galarza (Construye) sea juzgada penalmente por calumnia. El juez electoral Ángel Torres la demandó y pedía un millón de dólares por daños y perjuicios. PSC, correísmo, Construye e independientes protegieron a la legisladora.
Con 103 votos a favor, 29 en contra y dos abstenciones el Pleno de la Asamblea resolvió no autorizar que se levante la inmunidad parlamentaria a la asambleísta de Construye Ana Galarza.
La secretaria relatora de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Martha Villarroel, había remitido la documentación a la Asamblea de la querella que interpuso el juez electoral Ángel Torres Maldonado en contra de la legisladora, por el presunto delito de calumnia. De acuerdo con la normativa, para iniciar el proceso penal en contra de un legislador, primero se debe contar con la autorización del Pleno de la Asamblea, lo que no ocurrió. A través de su cuenta de X, Galarza escribió: “Gracias a mis 102 compañeros asambleístas que NO han permitido se me levante la inmunidad, y sí han leído la Constitución. Los otros 29 asambleístas de ADN, la bancada del gobierno de Noboa, quedaron en evidencia de que operan en conjunto con el Juez del TCE Ángel Torres, lo que confirma que mis afirmaciones por las que dicho juez quiso enjuiciarme eran ciertas. DEMOCRACIA 103 – 29 AUTORITARISMO”.
La resolución del Pleno de la Asamblea se tomó sin entrar en debate. Solamente el jefe de la bancada de Construye, Camilo Salinas, hizo uso de la palabra para mocionar que no se le levante la inmunidad parlamentaria, ya que se quiere judicializar la política y que la Asamblea no cumpla su rol de fiscalización.
El conflicto se mantiene
El correísmo, Construye, Partido Social Cristiano e independientes fueron las bancadas que votaron a favor de que se niegue el pedido de la CNJ; la bancada oficialista votó para que se levante la inmunidad parlamentaria y pueda ser enjuiciada penalmente.
En una muestra más del permanente conflicto que mantiene el oficialismo con Construye, esta organización política escribió en la misma red social: “El Gobierno pierde y pierde. Construye le da una nueva tunda ética al juez electoral de ADN Ángel Torres. 103 votos respaldaron a @AnitaMGalarzaA. Los 29 votos de apoyo al Juez Ángel Torres vinieron de los asambleístas electos y comprados por Daniel Noboa Azín”.
En su demanda, el juez electoral pretendía de Galarza un millón de dólares por concepto de daños y perjuicios, y que se le aplique la sanción prevista que va entre seis meses y dos años de prisión. Ratificada la negativa de levantarle la inmunidad, la legisladora posteó: “Señor juez, lamento que se vaya a quedar con las ganas de pretender quitarme 1 millón de dólares (que no tengo). Y lamento también que a sus amigos del gobierno de Noboa no les haya alcanzado los votos para hacerme daño. Yo deploro la actitud servil de ciertos jueces que lamen manos tiranas. Pase la página señor juez, y gracias por seguirme”.
Mientras que el juez posteó: “Señora asambleísta, en el expediente constan las pruebas que acreditan sus injurias calumniosas graves proferidas en mi contra. Respeto la facultad de fiscalizar, deploro la actitud de injuriar”.
El origen del conflicto
Ángel Torres Maldonado es juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). El 18 de abril, tras una demanda presentada por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, canceló del registro de organizaciones políticas al Movimiento Construye, por infracción electoral.
En declaraciones a la prensa y en su red social, Galarza manifestó que Torres obedecía al oficialismo y que se estaba dando un tráfico de influencias, ya que el yerno del Juez, según la legisladora, fue nombrado director provincial de ADN en Loja y que sus hijas laboraban en el sector público, a cambio de que eliminara a Construye del registro electoral. Incluso mencionó que Estados Unidos le había retirado la visa.
El 26 de junio Torres puso una querella en contra de la legisladora por calumnia. “Se dedicó a desprestigiarme, a mancillar mi honor con el objetivo de afectar mi buen nombre, así como mi desarrollo personal y profesional”, consta en el expediente.
A nivel de justicia electoral, Construye apeló la decisión del juez y el Pleno del TCE le dio la razón, por lo que se mantiene vigente en el registro de organizaciones políticas habilitadas para presentar candidatos en las elecciones de 2025.
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