POR: Hugo Constante
Ni las pérdidas económicas, ni el fallecimiento de un manifestante, o el violento cierre de vías con igual represión violenta, o los daños y destrozos han logrado que el Gobierno o la Conaie abran el diálogo para superar el paro indígena que hoy entró en su octavo día.
“No vamos a negociar, no vamos a retroceder porque esto significaría dejar de entregar beneficios directamente a quienes más lo necesitan”, aseguró la vocera de Gobierno, Carolina Jaramillo, en su habitual rueda de prensa semanal desde Latacunga, sede provisional del Ejecutivo desde el 13 de este mes, un día después de que eliminó el subsidio al diésel, motivo central de la protesta social.
“No daremos un paso atrás frente a la represión y al miedo. (…) Estamos en capacidad de luchar”, manifestó Marlon Vargas, presidente de la Conaie, desde su sede en Quito hasta donde llegó acompañado de su vicepresidenta, Ercilia Castañeda, y del presidente de la Ecuarunari, filial de la Sierra, Alberto Ainaguano.
El presidente de la Conaie manifestó que están en condiciones de mantener el paro, que se inició con fuerza en dos provincias: Imbabura y Pichincha, pero que ahora se extiende a comunidades de Bolívar, Cañar, Azuay, Chimborazo, Loja, Tungurahua; y en la región amazónica en Pastaza, Sucumbíos, Morona Santiago, principalmente.
El dirigente aseguró que los paros organizados por el movimiento indígena siempre han sido progresivos y responsabilizó al presidente de la República, Daniel Noboa, del caos que se pueda armar en el país. Pero descartó que la intención sea movilizarse hasta Quito, ya que aseguró son protestas que se dan en cada territorio.
La violencia, sin responsables
El fin de semana el paro tuvo una escalada de violencia que provocó el asesinato en plena manifestación de un comunero de Cotacachi, Efraín Fuerez, lo que ya es investigado por la Fiscalía a través de su Unidad Especializada en Investigación del Uso Ilegítimo de la Fuerza, ya que podrían estar involucrado militares.
Sin embargo, ninguna autoridad se ha referido a ese caso, a pesar de que con insistencia se ha pedido en el chat del Ministerio de Defensa su versión sobre un video en el que se ve a militares bajarse de dos tanquetas y agredir violentamente a Fuerez y una persona que intentaba socorrerlo cuando ya estaba agonizando en el piso.
Jaramillo evitó calificar los hechos como brutalidad militar y dijo que cualquier exceso o procedimiento militar que se haya realizado deberá ser evaluado por las autoridades correspondientes.
Jaramillo intentó más bien posicionar el relato de la violencia y vejación del que han sido objetos los militares en el contexto del paro, así como del ataque a un convoy militar con ayuda humanitaria atacado en Imbabura. “Estos actos terroristas disfrazados de protesta no son pacíficos. Hay 17 militares que han sido secuestrados y seguimos sin conocer cuál es su paradero y el estado en que se encuentran”, dijo la vocera.
Vargas deslinda cualquier responsabilidad del movimiento indígena en ese ataque y lo atribuyó a infiltrados del oficialismo, de quienes dijo que inclusive usan su vestimenta para mezclarse con los manifestantes, por lo que es difícil identificarlos y que sólo buscan dañar la imagen de lucha de su sector. También dijo que desconocía si hay o no militares retenidos.
Castañeda y Ainaguano reiteraron que no se les puede calificar de terroristas, delincuentes o narcotraficantes. “En los actuales momentos en Ecuador vivimos una dictadura”, manifestó Castañeda.
Coordinan acciones
En Quito, los dirigentes indígenas se reunieron con representantes del movimiento sindical. Edwin Bodoya, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), confirmó que son diálogos para organizar acciones conjuntas que incluyen movilizaciones en las ciudades y acercamientos con otros sectores para que se derogue el Decreto que eliminó el subsidio al diésel. El propósito sería incrementar la presencia en las calles de Quito, tanto esta como la próxima semana.
Andrés Quishpe, presidente de la UNE, aseguró que Noboa ha negado cualquier opción de diálogo y que su alternativa frente a la protesta social ha sido la de militarizar las calles, pero que los sectores sociales continuarán alzando su voz en contra de las medidas del Gobierno.
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