La noche del lunes el pleno de la Asamblea censuró por unanimidad al excontralor Pablo Celi en el marco del juicio político que en su contra propuso el legislador de UNES, Juan Cristóbal Lloret. A pesar de las diferencias políticas e ideológicas los 136 asambleístas presentes dieron su voto a favor de la moción de censura que presentó el asambleísta de Pachakutik, Rafael Lucero.
Por unanimidad el #PlenoLegislativo aprueba el proyecto de resolución que censura al excontralor #PabloCeli por incumplimiento de funciones. La censura consiste en la prohibición de ejercer algún cargo en el sector público durante dos años posteriores a esta resolución. pic.twitter.com/KDlobZFook
— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) August 17, 2021
La censura implica que el exfuncionario queda inhabilitado por dos años para ejercer cargo público, conforme lo establece la Ley de la Función Legislativa reformada en el 2020. La resolución de censura será remitida al Ministerio de Trabajo para que registre la inhabilitación.
Además, el pleno de la Asamblea dispuso que el expediente de la interpelación se remita íntegro a la Fiscalía General del Estado, para que en ejercicio de sus competencias realice las investigaciones penales que corresponda.
Celi está detenido con prisión preventiva en la Cárcel 4 de Quito por presunta corrupción relacionada con el caso Las Torres, donde se investiga el pago de coimas a cambio del desvanecimiento de glosas.
Según el asambleísta Pedro Velasco (independiente), integrante de la Comisión de Fiscalización, durante la sustanciación del juicio político salieron a luz elementos adicionales que implicarían a otros funcionarios y exfuncionarios de la Contraloría que habrían formado parte de una organización delictiva que no ha sido tomado en cuenta por la Fiscalía, por lo que se hace necesario poner en conocimiento estos nuevos hechos. “Uno de los funcionarios mencionó que era forzado a aceptar encargos temporales de dos, tres días para desvanecer glosas”, dijo Velasco.
Durante el juicio político Celi mantuvo un intercambio de acusaciones con la bancada correísta de UNES, especialmente con su interpelante Juan Cristóbal Lloret.
Lloret anunció seis causales para enjuiciar políticamente al excontralor. Entre ellos una supuesta arrogación de funciones, donde se cuestionaba también al Consejo de Participación Ciudadana de Transición por haberle nombrado contralor subrogante, lo que fue avalado luego por la Corte Constitucional. Sin embargo, durante el debate parlamentario, legisladores de otras bancadas anticiparon que la arrogación de funciones no podía ser parte de la moción de censura.
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Había el temor de que si se aprobaba la causal de arrogación de funciones, los informes de Contraloría firmados por Celi podrían tener consecuencias jurídicas en los procesos y sentencias que se han dictado en contra de Rafael Correa, expresidente de la República, y de algunos de sus funcionarios que se sustentaron en informes de la entidad de control.
Así, la resolución de censura por incumplimiento de funciones estuvo relacionada con el ejercicio del cargo, al no haber determinado responsabilidades administrativas, civiles culposas e indicios de responsabilidad penal relacionadas con los aspectos sujetos a su control; por incumplir con las responsabilidades como Contralor para establecer indicios de responsabilidad penal, responsabilidad por acción u omisión, entre otras causales.
De esta manera el Parlamento evitó topar el tema de la presunta arrogación de funciones. “Evidenciamos a tiempo que algunas de las causales hubiesen puesto en riesgo los procesos judiciales. El determinar si se arrogó o no funciones no nos compete a nosotros ya que son temas que están cerrados por órgano competente”, dijo Velasco.
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