Andrés Aráuz, Esther Cuesta y Raúl González fueron vinculados al caso ‘Ligados’, que investiga el presunto delito de asociación ilícita, según la Fiscalía, con el objetivo de que el correísmo se tome la institucionalidad del país.
POR: Hugo Constante
Andrés Arauz, secretario ejecutivo de la Revolución Ciudadana y excandidato presidencial por esa organización; Esther Cuesta, exasambleísta del mismo movimiento; y Raúl González, electo Superintendente de Bancos, aunque tal designación se anuló, se suman como procesados al caso ‘Ligados’.
Por solicitud de la Fiscalía, hoy fueron vinculados al caso como autores directos del presunto delito de asociación ilícita para tomarse la institucionalidad del Estado a través del Consejo de Participación Ciudadana.
La jueza nacional Daniella Camacho dispuso como medidas cautelares para Arauz y Cuesta que se presenten una vez al mes en la Corte Nacional de Justicia, a partir del 13 de junio, pero negó la solicitud de la Fiscalía de prohibirles la salida del país. Durante la audiencia de vinculación, los abogados de los dos procesados habían solicitado que la presentación periódica se realice en sus respectivos países de residencia: México en el caso de Arauz, e Italia en el caso de Cuesta.
Para sustentar el pedido, Gabriel Rivera, abogado de Arauz, aseguró que el excandidato correísta tiene el estatus de refugiado otorgado por México, y un hijo menor de edad nacido en ese país, por lo que movilizarse periódicamente a Ecuador podría afectar el arraigo familiar.
La Fiscalía se opuso al pedido, argumentando que los registros migratorios demuestran que en 2023 y 2024 Arauz estuvo en Ecuador 23 veces cada uno de esos años; y tres veces en lo que va del 2025, lo que demuestra, según la Fiscalía, que puede volver al país en un promedio de dos veces al mes.
Con relación a González, quien vive en Guayas, la jueza dispuso que a partir del 9 de junio se presente cada 15 días en la Corte Provincial de Justicia y se le prohibió la salida del país.
A cada uno de ellos se les retendrá fondos por 5.640 dólares.
Plazo
Con esta vinculación, la instrucción fiscal, que tenía una duración de 90 días, se extendió a 120 días, por lo que concluirá el 13 de julio. En total son siete los procesados. El caso se inició con la investigación a los exconsejeros correístas de Participación Ciudadana Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor, además de la consejera en funciones Nicole Bonifaz. Verduga está en calidad de prófugo de la justicia, ya que hay una orden de prisión en su contra por no haber cumplido con las medidas de presentación periódica ante autoridad competente. Se conoce que el exconsejero también vive al momento en México.
Según los indicios, el correísmo, a través de sus consejeros, habría planificado acciones para afectar la institucionalidad del Estado, para incidir en los concursos de designación de autoridades y atacar a instituciones como la Corte Constitucional y a la propia Fiscalía General.
Las razones para la vinculación
Durante la audiencia el fiscal, Wilson Toainga, expuso las razones por las que solicitaba la vinculación de los nuevos procesados. Aseguró que Arauz era el que manejaba al grupo de consejeros y, junto a Verduga, definía las estrategias para dilatar los concursos, a través de denuncias o acciones constitucionales.
De acuerdo con conversaciones extraídas del teléfono de Verduga, uno de los objetivos para retrasar el concurso para el Consejo de la Judicatura habría sido el de permitir que el hipotético “Gobierno de Luisa (González)” envíe la terna en cuanto gane las elecciones, ya que querían que Alejandra Vivanco, amiga de Rafael Correa, líder del correísmo, constara en la terna.
En cambio Cuesta, en su calidad de asambleísta, habría gestionado el nombramiento de González como superintendente de Bancos, un cargo que estaba en disputa con Roberto Romero. Según la Fiscalía, el correísmo quería en ese puesto a González para tomarse el sistema financiero. El rol de la asambleísta habría sido dilatar la posesión de Romero, por lo que en su calidad de presidenta encargada de la Asamblea, envió un oficio al Consejo de Participación Ciudadana preguntando quién debía asumir la titularidad de esa institución. El oficio, coordinado con Arauz, habría permitido, según la Fiscalía, que el Consejo de Participación, con nueva mayoría correísta en esa época, designara a González en vez de Romero.
Por su parte, González habría conversado con Verduga para unificar narrativas que defiendan su designación, e inclusive habría ofrecido al correísmo cargos de alto nivel y de importancia en la Superintendencia de Bancos siempre que le garantizaran que su periodo de gestión iba a ser de cinco años.
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