Una militar fue encontrada muerta por presunta asfixia en un cuartel de las Fuerzas Armadas, en Orellana; hay cuatro uniformados implicados. Este caso vuelve a evidenciar la vulnerabilidad de las mujeres en manos del Estado.
Ecuador vuelve a conmocionarse, tras un nuevo caso de femicidio en una instalación pública; esta vez, en un cuartel militar. Este fin de semana, una joven de 25 años fue encontrada muerta en el Fuerte Militar Napo, ubicado en Orellana.
El hecho se reportó el sábado. Según informó el Ejército, a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la subteniente de Intendencia Aidita Ati fue encontrada sin vida en el dormitorio de mujeres. La joven pertenecía al Comando de Apoyo Logístico Nº 19 del Ejército.
“De acuerdo con el reporte inicial, la causa del fallecimiento sería asfixia producida por una obstrucción de vía aérea mientras dormía”, se lee en el comunicado. “El Ejército lamenta de sobremanera lo sucedido y expresa su solidaridad con los familiares, además, informa que se colaborará con las autoridades en los procedimientos que, por ley se derivan de este lamentable acontecimiento”.
Con este documento se anunció oficialmente la muerte de la funcionaria, mientras se encontraba dentro del cuartel. Horas más tarde, la misma institución realizó una publicación en la que se daba el pésame por la pérdida.
Ayer, el Ejército informó sobre las primeras acciones relacionadas al caso. Entre estas se aseguró que se iniciaron las acciones legales pertinentes con la Fiscalía General para que se inicie la investigación respectiva y colaborar con las versiones requeridas por parte de los funcionarios militares.
Todo esto llevó a que, en la madrugada de ayer, se detuviera a 18 militares, por estar presuntamente vinculados al caso. Ellos fueron retenidos por alrededor de ocho horas para avanzar con las investigaciones.
Horas después, la Fiscalía informó que se instaló la audiencia de formulación de cargos contra cuatro militares, quienes estarían vinculados directamente con la muerte de Ati. Estos, acusados de ser autores y coautores de femicidio.
La audiencia se instaló en la noche. En el proceso, la Fiscalía solicitó a la jueza especializada que se dictara prisión preventiva contra los implicados. Esto, debido a que existe «un riesgo procesal debido a que los uniformados desempeñan su trabajo dentro del sitio donde presuntamente ocurrió el femicidio».
Sin embargo, la magistrada no aceptó la petición y dictaminó medidas alternativas para los oficiales del ejército. Los procesados tienen prohibido salir del país y deben presentarse periódicamente ante una autoridad judicial.
La fase de indagación previa tiene una duración de 30 días, espacio en el que los datos compilados permanecen en reserva. La Fiscalía aplicó el protocolo para investigar femicidios y otras muertes violentas de mujeres en este caso. Esto, para garantizar el avance eficiente del proceso.
Pronunciamientos
El Ministerio de la Mujer aseguró que activó sus protocolos. Esto incluye el tratamiento con primeros auxilios psicológicos a los familiares de la víctima y contención emocional. La institución llamó a sesión del Comité de Respuesta Inmediata.
El Ministerio de Defensa aseguró que se encuentra atento y vigilante frente al proceso que se lleva a cabo en Fiscalía. Asimismo, se declaró abierto a colaborar con la Fiscalía para que el evento se esclarezca en el menor tiempo posible.
“¿Quiénes nos están defendiendo si ellos (los militares), están matando a nuestras hijas?», fue la primera declaración de Gustavo Ati, padre de la víctima. El hombre habló sobre la presunción de una violación en el caso. Además, pidió enfáticamente que se haga justicia.
El padre pidió que se cumplan los procesos y se agilicen las investigaciones para hallar a los culpables y descubrir lo que tuvo que sufrir su hija.
Mira en las Fuerzas del orden
Este no es el primer caso de violencia contra la mujer que se registra en espacios clave de las Fuerzas del Orden. En 2022, María Belén Bernal, abogada, fue asesinada en la Escuela Superior de Policía, por las manos de su pareja, el policía Germán Cáceres, quien actualmente cumple una pena de 34 años de prisión.
Estos dos casos juntos ponen en la mira a las fuerzas del orden, tanto la Policía como las Fuerzas Armadas, sobre el control que se mantiene en estos espacios y qué tan seguras están las mujeres en zonas cuidadas y manejadas por el Estado.
“Esta es una muestra más de la violencia de género que existe en nuestro país. Y revela que las instituciones encargadas de la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas alberga, enseña y protege a agentes que atentan contra la vida de las mujeres, las mismas a las que deben proteger”, dice Carla Álvarez, experta en seguridad.
Para ella, estas situaciones son muy graves: “Entre 2014 y 2024 hay alrededor de 1.500 casos de femicidios. En el 2023 hubo 300 casos de femicidios y en el 2024 ya se reportan 108. Esta es una problemática que continúa vigente, no hay un descenso en la violencia de género. Asimismo, Aldea revela que desde 2022 hay seis casos de femicidios perpetrados por agentes de la Policía y Fuerzas Armadas. Estos nunca debieron ocurrir y debieron ser sancionados, para que se conviertan en objeto de políticas que mejoren la situación y eviten estos casos”.
Álvarez recuerda que hace una semana una policía fue asesinada por su expareja. Todo esto revela, para la experta, lo interiorizada que está la violencia en la sociedad y lo lejos que llega, incluso en las instituciones que están dedicadas a la protección de las personas.
Para Ana María Correa, analista en seguridad y política, este tipo de casos lo único que demuestran es lo prevalente que es el machismo en la sociedad y lo interiorizado que está en todas las esferas. Además, asegura que esto demuestra que las instituciones, incluso las que lucen más sólidas, pueden ser débiles ante este tipo de actuaciones o eventos.
Para Álvarez, es importante que en estos casos haya sanciones oportunas para los autores, cómplices y encubridores. “En el caso de Maria Belén Bernal no hubo sanciones para cómplices y encubridores. Eso es importante”.
La experta aclara que también se deben implementar políticas para prevenir este tipo de violencia, lo que se puede lograr hasta con capacitaciones y espacios de diálogo.
“Finalmente, se debe poner una especial atención a la Ley de Acompañamiento a Víctimas de Femicidio. Hay que garantizar el acompañamiento y la protección para los descendientes y la familia de las víctimas”, dice.
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