Dirigentes de organizaciones de defensores de derechos, consideran que lo que busca el proyecto de Ley urgente es desactivar la protesta social.
POR: Redacción Ecuador Chequea
Los efectos indirectos que tendría la ‘Ley de Fundaciones’ en aquellos sectores que no se alinean a las políticas del Gobierno de turno pone en alerta a organizaciones de la sociedad civil. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, dominada por el oficialismo, inició el tratamiento de este proyecto de Ley, remitido por el Ejecutivo con el carácter de económico urgente, y ya se dan las voces críticas al contenido de esta propuesta.
Según el Gobierno, lo que se busca es combatir las economías criminales que estarían usando a organizaciones de la sociedad civil para mover dinero ilícito, por lo que propone una serie de regulaciones y controles, incluso tributarios.
Sin embargo, Andrés Quispe, presidente de la UNE; y Rodrigo Buitrón, presidente de Acción Ecológica, aseguran que “entre líneas” hay una narrativa peligrosa por parte del oficialismo que busca poner una “camisa de fuerza” a las organizaciones.
Se refieren a que en el texto del proyecto de Ley se hacen reformas a la Ley de Participación Ciudadana, en la que se establece como una de las causales para la disolución de las organizaciones sociales el incurrir en cualquier actividad que atente contra el orden público o la seguridad del Estado.
Quishpe aseguró que ellos cumplen con todos los requisitos y regulaciones establecidas en la normativa para mantenerse como organización social. Sin embargo, recuerda que es un gremio que se moviliza constantemente en defensa de varias reivindicaciones y políticas del Ejecutivo lo que podría ser interpretado como un atentado al orden público o a la seguridad del Estado, lo que resulta bastante subjetivo.
“Vamos a ser considerados como amenazas para el Estado”, lo que será causal de disolución, dijo el dirigente. “No es un control administrativo ni de flujo de capitales ilícitos. Es para controlar el flujo político de las organizaciones que no somos ‘monedita de oro’ del poder de turno”, aseguró Quishpe.
La misma percepción comparte Buitrón. El presidente de Acción Ecológica señala que el ámbito de acción de su organización es la defensa de derechos de la naturaleza, la defensa ambiental, la protección de pueblos y nacionalidades por lo que denuncian de manera permanente la contaminación, la violación de garantías constitucionales, por lo que les asiste el derecho a movilizarse. “El problema de fondo en la propuesta de Ley es que cualquier actividad puede ser considerada como una amenaza a determinados intereses y eso significaría el cierre de la organización”, indicó.
Buitrón recuerda que la organización ya vivió esa experiencia en el Gobierno de Rafael Correa con los Decretos 16 y 739, con los que se trató de controlar sus actividades y fueron intervenidos por dos ocasiones. “Nosotros somos incómodos para el poder porque denunciamos la vinculación de intereses con actividades contaminantes”, dijo. Sin embargo asegura que el intento de control por parte del Gobierno no se reduce a este nuevo proyecto de Ley, sino que se refleja en las otras normativas que se han aprobado desde que el presidente de la República, Daniel Noboa, asumió el nuevo mandato y en la fusión de Ministerios. “Es toda una política orquestada”, comentó.
El temor de las organizaciones sociales no parece infundado. En una declaración a la prensa que dio la jefa de la bancada oficialista, Valentina Centeno, defendiendo el proyecto de Ley, dijo que busca golpear las economías criminales y frenar los flujos irregulares de capital que sirven para financiar grupos de delincuencia organizada, para financiar minería ilegal o “para financiar paralizaciones o movilizaciones violentas contra el Gobierno o el Estado”.
Los sindicatos se suman a la preocupación
En los sindicatos hay la percepción de que la norma será utilizada contra grupos de oposición, sean estas fundaciones, oenegés, asociaciones barriales, sindicatos, entre otras formas de organización.
Marcela Arellano, presidenta de Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl), manifestó que no es raro que los gobiernos de turno busquen los mecanismos de frenar el descontento social y para ello necesitan eliminar o desprestigiar a sindicatos y organizaciones. “Lo que buscan es evitar que haya movilizaciones, huelgas, paros que son las últimas medidas para defender la democracia y el trabajo digno, pero no tenemos alternativa”, dijo.
Por su parte, el presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), José Villavicencio, agregó que las normativas aprobadas y la que está en trámite buscan desmovilizar a la sociedad, que no tenga capacidad de respuesta frente a las políticas gubernamentales que afectan derechos adquiridos.
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