El sábado se reunirán en Quito representantes de diversos sectores para definir acciones a tomar en las próximas semanas.
POR: Hugo Constante
Organizaciones sociales, sindicatos, gremios y activistas se reunirán este sábado para definir acciones conjuntas frente a las políticas del Gobierno y al ataque que mantiene en contra de la Corte Constitucional por haber suspendido provisionalmente 17 artículos de las leyes de Integridad Pública, Solidaridad e Inteligencia, bajo el argumento de que son indispensable para garantizar la seguridad de la población frente al crimen organizado.
La marcha que el presidente de la República, Daniel Noboa, encabezó ayer hacia la Corte, logró que las organizaciones de la sociedad civil trataran de articularse en un solo frente como respuesta.
El presidente del Frente Unitario de Trabajadores, Edwin Bedoya, manifestó que el país está llegando a niveles críticos de conflicto social y que, si el pueblo no se quita el miedo y sale a protestar, a corto plazo habrá un gobierno dictatorial. Según su criterio, la marcha oficialista que contó con un gran operativo militar y policial desplegado en las calles fue una muestra.
El dirigente sindical aseguró que serán más de 30 organizaciones que, superando sus diferencias, dialogarán el sábado para presentar sus propuestas y líneas de acción jurídicas y de movilización a ejecutarse en los próximos meses a escala nacional.
Para Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, la marcha del oficialismo “convocada por el aprendiz de dictadorzuelo, que fue encabezada por bufones y payasos”, utilizó el chantaje, la amenaza y los recursos estatales para movilizar a sectores que anhelan un cambio pero que se vieron “obligados a participar frente a las amenazas de despidos masivos”.
Ayer, luego de la marcha, Noboa publicó en su cuenta de X dos fotos de la movilización y la calificó de “marcha por el país y la seguridad”. En el mismo post adjuntó dos fotos de marchas organizadas por los sectores sociales, a las que calificó como “marcha a favor de la delincuencia y la corrupción”.
Los gremios
Representantes de gremios profesionales han manifestado su decisión de unir esfuerzos frente a la política del Gobierno. El presidente de la UNE, Andrés Quishpe, aseguró que lo que está sucediendo en el país es motivo de preocupación a nivel internacional: organismos como la ONU, frente a las amenazas a la Corte Constitucional, han hecho un llamado de atención al Gobierno para que respete el Estado de Derecho. “La Corte Constitucional no puede someterse al poder de turno ni a un sector; tiene que regirse a la Constitución”, dijo Quishpe.
Luis Muñoz, representante de la Federación Médica Ecuatoriana, indicó que se integran a este frente amplio de organizaciones sociales para retomar el camino de la unidad y hacer frente a la crisis que, dijo, afecta la clase media para abajo, no a las clases altas.
Mariana Narváez, representante de la Federación de Asociaciones de Profesionales de Enfermería, agregó que muchos ciudadanos que participaron en la marcha oficialista no sabían cuál era el motivo de la movilización, qué leyes están en cuestionamiento o cuáles son los aspectos que se suspendieron provisionalmente con la decisión de la Corte Constitucional, por lo que es necesario realizar un trabajo profundo de concienciación social.
La preocupación internacional
Diversos han sido los pronunciamientos de organismos internacionales o sus representantes frente a la arremetida del Gobierno ecuatoriano hacia la Corte Constitucional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por actos y discursos que pueden amenazar la independencia de jueces constitucionales. “La independencia judicial es fundamental en el sistema de pesos y contrapesos. Ecuador debe asegurar el desarrollo libre de la función de la Corte Constitucional y garantizar la seguridad e integridad de las personas operadoras de justicia”, señala en un comunicado.
Amnistía Internacional, por su parte, escribió que la Corte Constitucional debe poder operar sin presiones políticas y pidió al presidente, Daniel Noboa, y otras autoridades, que respeten la independencia judicial, la “cual es esencial para la garantía y protección de los derechos humanos, más aún en un contexto de militarización de la seguridad pública en el país”.
La ONU Derechos Humanos expresó que los ataques contra la Corte Constitucional son inaceptables y que las autoridades deben garantizar la independencia de la Corte y la seguridad de los jueces y el personal.
Es que, además de la crítica a la decisiones del organismo constitucional, en el recorrido de la marcha oficialista se colocaron gigantografías con los rostros de los jueces de la Corte Constitucional, en los que constaba la frase: “Estos son los jueces que nos están robando la paz. Firmaron contra leyes que nos protegían”.
Sin embargo, durante su habitual rueda de prensa de inicio de semana, la vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, defendió la marcha oficialista, descartó que se trate de una amenaza al organismo constitucional y aseguró que al Gobierno no le preocupan los pronunciamientos en esta materia de las instancias internacionales. Además, descartó que el Gobierno haya financiado esas gigantografías.
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