A pesar de las reformas que se hicieron al Código de la Niñez o a la Ley de Movilidad Humana, la Asamblea no convocó para que den sus criterios expertos en esos temas. Así se evidenció en la audiencia de inconstitucionalidad.
POR: Hugo Constante
Como una derrota jurídica para el Gobierno calificó Andrés Quishpe, presidente de la UNE, a la audiencia que por dos días se cumplió en la Corte Constitucional sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Integridad Pública. La UNE presentó una de las 26 demandas que se acumularon para el tratamiento de los jueces. Según Quishpe, los abogados de la Presidencia de la República y de la Asamblea no tuvieron los argumentos suficientes para justificar que la Ley cumplío con el principio de unidad de materia o con la característica de económico urgente con la que remitió el presidente de la República, Daniel Noboa.
La asambleísta del correísmo, Liliana Durán, agregó que en la Corte se evidenció la serie de irregularidades con las que maneja el Ejecutivo y su bancada oficialista los proyectos de Ley económicos urgentes, que llegan con un articulado sobre una materia, pero que en el trámite parlamentario terminan transformando varias Leyes que no tiene relación con la temática principal con la que llegó.
Minutos antes de que se instale esta audiencia en la Corte, el asambleísta del oficialismo, Andrés Castillo, en declaraciones a la prensa, dijo que las reformas a una veintena de Leyes que se incorporaron a la normativa tienen conexidad a cómo el Estado tiene que funcionar para mejorar su servicio a la comunidad y que, por eso, el oficialismo modificó temas como la contratación pública, la Ley de la Función Judicial, y las penas en la administración de justicia para menores de edad que cometan delitos graves. “Todas estas actividades tienen que ver con el Estado”, dijo Castillo.
El desarrollo de la audiencia
La audiencia en la Corte Constitucional estuvo presidida por el juez José Luis Terán, acompañado por siete de sus colegas. Las partes procesales cumplieron su rol. Los representantes de organizaciones de la sociedad civil aseguraron que la Ley de Integridad Pública no cumplió con la unidad de materia, que las leyes que se reformaron no tienen un impacto económico urgente, que no se respetó el procedimiento parlamentario, que no pudieron participar en la construcción de la Ley, entre otros argumentos. Los abogados de la Presidencia de la República y de la Asamblea, afirmando todo lo contrario.
El interrogatorio que realizaron los jueces a los representantes institucionales se centró, básicamente, en las críticas a la falta de unidad de materia, al carácter económico urgente y si hubo o no la participación en el debate de sectores a los que la Ley les iba a afectar de una u otra manera la normativa.
Mercedes Mediavilla, abogada de la Asamblea, citó el informe de la Comisión de Desarrollo Económico, donde se tramitó la Ley, para demostrar las personas que “asistieron” al debate y cuáles fueron sus aportes. Mencionó algunos nombres y mezcló a aquellos que fueron recibidos en Comisión General con aquellos que no fueron invitados, pero que remitieron sus observaciones, queriendo demostrar que hubo una amplia participación de todos los sectores.
La jueza Alejandra Cárdenas le hizo notar que entre los nombres citados, la mayoría eran representantes del Gobierno y quiso saber si habían asistido representantes de organizaciones sociales, de la academía y de expertos en temas que se incluyeron como movilidad humana, niñez y adolescencia, Código Penal, entre otros. Terán insistió en el tema de quiénes habían comparecido a la Comisión y Mediavilla respondió que fueron quienes solicitaron “ser escuchados”.
Lo que consta en el informe
De acuerdo al propio informe de la Comisión, hubo un total de 17 comparecencias, 8 de ellos representantes institucionales relacionados al Gobierno, 5 representantes de Cámaras o gremios, y 4 expertos. En el informe no consta que haya asistido algún representante de organizaciones sociales.
Y, en cuanto a las observaciones recibidas por escrito, el informe señala que llegaron los aportes de un centenar de personas. La mayoría, por no decir casi todas, de asambleístas, representantes de cámaras, de funcionarios del Gobierno.
En solitario aparece un aporte remitido por Unicef, pero nada más. Con lo que se evidencia la ausencia de representantes de la sociedad civil para dar sus aportes y comentarios a una Ley que reformó una veintena de normas, entre estas las de Movilidad Humana y la de la Niñez y Adolescencia.
Para la delegada de la Asamblea, más allá de quienes intervinieron o no en la Comisión, lo importante es que la Ley fue aprobada tras un proceso deliberativo en el Pleno de la Legislatura en la que está representado el país a través de 151 asambleístas.
En otro punto y ante los cuestionamientos de los demandantes de que se habían introducido reformas no debatidas ni socializadas, los jueces también quisieron saber si se respetó el artículo 62 de la Ley de la Función Legislativa, que ordena que en el segundo debate, si el proyecto amerita cambios, la ponente solicitará la suspensión del punto del orden del día, a fin de que la Comisión analice y apruebe la incorporación de los cambios sugeridos.
Durante un minuto y 28 segundos Mediavilla no pudo contestar por lo que tuvo que salir en su auxilio el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Stalin Andino, para dar su propia interpretación de la norma.
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