Activistas y abogados aseguran que la normativa permite su aplicación arbitraria. Defensa de la Presidencia y de la Asamblea justifican la Ley por la inseguridad que vive el país.
POR: Hugo Constante
En la Corte Constitucional se cumplió la audiencia de inconstitucional presentada en contra de la Ley de Inteligencia, la tercera norma más cuestionada del Gobierno luego de la de Integridad Pública y la de Solidaridad Nacional. Son cuatro demandas que se acumularon y los accionantes son, principalmente, activistas y abogados de organizaciones que se dedican a la defensa de Derechos Humanos, quienes aseguran que la Ley vulnera disposiciones constitucionales como el derecho a la intimidad, a la protección de datos personales y a la seguridad jurídica.
Los abogadas de Inredh, Ariadne Celi y Andrea Topanta, cuestionaron desde las definiciones que constan en la norma impugnada, a las que calificaron de ambiguas, imprecisas, que generan vacíos legales, cuando el ordenamiento jurídico debe ser claro para evitar la distorsión de las normas al momento de aplicarlas, ya que se corre el riesgo de una interpretación subjetiva.
Además, consideran que no habrá transparencia en el uso de fondos públicos destinados a las actividades de inteligencia, por lo que no se trata de una normativa de protección a la seguridad nacional. Toapanta expresó su preocupación de que la normativa, tal como está redactada, a nombre de combatir la inseguridad, el aparataje estatal se distorsione y sirva de uso para vigilar y perseguir a grupos opositores al Gobierno.
Angélica Porras, abogada del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), dijo que es momento de enmendar el rumbo y que eso pasa por respetar la Constitución. Para la abogada, la Ley de Inteligencia, con el argumento de proteger la seguridad nacional, puede dar paso a los violación de Derechos Humanos. Añadió que la norma sustituye la noción de seguridad humana con la de seguridad integral del Estado, atenta a la división de poderes, así como al sistema de pesos y contrapesos que debe caracterizar a un sistema democrático, por lo que es necesario establecer un control político y judicial a las actividades que propone la normativa cuestionada.
Vivian Idrovo, activista por los Derechos Humanos, dijo a los jueces que la normativa da al Ejecutivo el poder total para acceder a todo tipo de información confidencial sin ningún control, ya que se omite el control judicial de las acciones.
Los abogados de los demandados
Los abogados de la Presidencia de la República, Stalin Andino, y de la Asamblea, Mercedes Mediavilla y Edgar Lagla, invitaron la situación de inseguridad que vive el país para justificar la expedición de la norma.
Mediavilla manifestó que de acuerdo a informes internacionales, Ecuador se ha convertido en uno de los países más violentos por las actividades del crimen organizado, de la minería ilegal, del narcotráfico, entre otras actividades ilegales. Aseguró que con ese antecedente, este fue un proyecto de Ley presentado originalmente en 2018 y que en el transcurso de contrucción del informe final recibió inclusive propuestas de legisladores corrreístas, lo que implica que es el resultado de un amplio consenso
Lagla agregó que los demandantes no han podido establecer que se vulneren principios constitucionales, ya que sus argumentos se han basado en “supuestos” de lo que acarrearía su aplicación. “La información de inteligencia es sustancial para la toma de decisiones y esta se recopila de varias fuentes”, aseguró.
Para Andino, el contexto social de la inseguridad en que se aprobó la Ley de Inteligencia, merece una interpretación dinámica. Para el secretario jurídico de la Presidencia de la República, la Ley obedece a la situación actual del país, que atraviesa una “guerra asimétrica” donde varios grupos delincuenciales se han ido organizando hasta constituirse en una amenaza para la seguridad integral y para la soberanía del Estado por lo que había que tomar la medidas para combatir esa situación a través del marco jurídico. Andino dijo que los grupos de delincuencia organizada buscan el control territorial y de la ciudadanía, lo que generó un debilitamiento institucional y un sistema de Inteligencia disperso, lo que era necesario corregir.
Te puede interesar:
. La Policía está autorizada a ingresar a colegios en caso de riesgo y peligro
.Es falso: no hay un golpe de Estado
