El SRI ha implementado varios controles para recaudar más impuestos, con el objetivo de que esto ayude a reducir el déficit económico. Pero, ¿estas medidas son suficientes?
POR: Esteban Cárdenas Verdesoto
Ecuador pasa por una situación económica que, si bien proyecta una mejoría, mantiene todavía al país en la incertidumbre sobre cómo alcanzar a cubrir los déficits que se van marcando con cada vez más fuerza. Y en este proceso, el Gobierno ha apostado por aumentar el dinero que percibe en las arcas a través del reforzamiento del control tributario; una estrategia que busca tapar vacíos con el pago de impuestos.
Esta ola de controles fiscales se ha reforzado con acciones como la vinculada al pago del Impuesto a la Salida de Divisas, al control de pago de impuestos por compra y venta de acciones o con la suspensión de sociedades anónimas simplificadas, por presuntas irregularidades. Todas, acciones que buscan aumentar el alcance de la recaudación fiscal.
Sin embargo, ante esto surgen dos preguntas. Por un lado, ¿cuál es el estado actual de la economía en el país? Y, en el otro extremo, si estos controles son realmente importantes para el impulso de la economía nacional.
Balance económico
En los primeros cinco meses de 2025, el déficit fiscal de Ecuador se disparó. Alcanzó los $1.757 millones, una cifra que no sólo alarma por su magnitud, sino por el ritmo con el que ha crecido: es 17 veces mayor que el registrado en el mismo periodo de 2024. Así lo reveló un reporte del Ministerio de Finanzas.
El dato encendió alertas entre economistas y actores del sector público porque, de mantenerse esta tendencia, el déficit podría superar los $5.500 millones al cierre del año, un monto sin precedentes desde el estallido de la pandemia. Con ese panorama, Ecuador podría enfrentar uno de sus déficits más altos de la última década, superado por los ejercicios fiscales de 2017 y 2020.
El crecimiento del déficit no se explica por una caída en los ingresos; de hecho, estos aumentaron un 5% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este dato, según el economista Daniel Molina, por un gasto público que creció tres veces más rápido. Entre enero y mayo de 2025, el gasto público subió un 18% impulsado por obligaciones salariales, servicios de deuda y pagos corrientes.
En este contexto, el Gobierno ha respondido con una estrategia agresiva de recaudación intensificada, no como una política de mediano plazo, sino como una medida urgente de supervivencia fiscal. Para Molina, sin embargo, esta estrategia abre otras brechas y vacíos para la economía nacional. Y es que, dice, “si bien no se trata sólo de cobrar más impuestos, sino de cerrar brechas estructurales mediante acciones rápidas que efectivicen el cobro de los ya existentes; hay que tener claro que la recaudación no va a tapar los vacíos económicos que vive el país”.
Pero, antes de continuar, es importante analizar cómo se encuentra el estado actual de la recaudación en Ecuador.
Cifras de recaudación y controles
Entre enero y mayo de 2025, el Servicio de Rentas Internas recaudó un total de $9.257 millones por cobro de diferentes impuestos. Esto representó un 5,9% más de lo recaudado en el mismo periodo de 2024, año en el que el valor ascendió a los $8.745 millones. Y aunque el número muestra un crecimiento, las cifras esconden una dinámica compleja: no todos los impuestos crecen al mismo ritmo y el repunte obedece, en parte, a ajustes normativos y controles maś agresivos.
Por ejemplo, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) ha sido el tributo con mayor crecimiento en este año. Este reportó un alza del 20,3%, con una recaudación que alcanzó los $4.432 millones; frente a los $3.685 millones recaudados en 2024, en el mismo periodo. Esta alza sostenida está directamente relacionada con el incremento de la tarifa del IVA, del 12% al 15%, decretado en 2024, así como con el mayor control sobre los puntos de venta y la facturación electrónica.
En cambio, el Impuesto a la Renta (IR) cayó un 4,5%: pasó de $3.302 millones en 2024 a $3.152 millones este año. Esta reducción preocupa a las autoridades tributarias, pues refleja un menor ingreso declarado por parte de empresas y personas naturales. Para contrarrestarlo, el Estado ha fortalecido mecanismos como retenciones automáticas, cruces de información y auditorías masivas.
El comportamiento del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) fue más dinámico: alcanzó USD 499 millones, un 13,9% más que el año anterior. El crecimiento está ligado al aumento de su tarifa del 3,5% al 5%, lo que incrementó los ingresos pese a una posible contracción del flujo de capitales al exterior. Además, este impuesto también ha sido sometido a controles, de modo que las personas que hayan traspasado el límite de alrededor de $5.100 de saldos enviados al exterior deban regularizar el pago del impuesto; según Molina, esto también aumenta la recaudación de este rubro.
En contraste, el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), que grava productos como vehículos, cigarrillos o bebidas alcohólicas, cayó 8,9%, con una recaudación de USD 318 millones. También se redujo la recaudación por concepto de otros impuestos, que bajaron 11,8%, hasta ubicarse en USD 856 millones.
Otro dato clave son las autorretenciones, una forma de anticipo forzoso del IR que afecta principalmente a grandes contribuyentes. En lo que va del año, el SRI recaudó USD 857 millones por este mecanismo, que ha sido intensificado como parte del programa de control fiscal.
Las cifras reflejan también esta ola de controles que se han implementado, una estrategia que ya no se limita a cobrar más, sino que plantea también vigilancia más rigurosa y focalizada. Sin embargo, Molina advierte que “la recaudación no puede ser la única respuesta a un problema estructural: si el gasto público sigue creciendo sin control, por más que aumente la recaudación, el déficit persistirá”.
Y la presión fiscal no recae por igual sobre toda la economía. Entre enero y mayo de 2025, cinco sectores concentraron el 82,9% de toda la recaudación tributaria nacional, según cifras oficiales del Servicio de Rentas Internas. Esta altísima concentración revela la estructura desigual del sistema: unos pocos sectores formales cargan con el peso del sostenimiento fiscal, mientras otros, especialmente en la economía informal o subdeclarada, aportan poco o nada.
A la cabeza está el comercio al por mayor y menor, que por sí solo generó más de $ 2.000 millones en tributos. Le siguen la administración pública y defensa, con más de $ 400 millones, y las industrias manufactureras, que aportaron cerca de $ 326 millones. En cuarto lugar se ubica la minería y explotación de canteras, con $ 283 millones, y cierra el grupo el sector de agricultura, ganadería, pesca y silvicultura, con $ 152 millones.
Estas cifras muestran dos cosas. Primero, que el Estado depende de sectores con altos niveles de formalización y control. Segundo, que los sectores más informales, como la economía rural o ciertos servicios, siguen fuera del radar tributario. Esta brecha obliga a reforzar los controles sobre los mismos de siempre: los grandes comercios, las industrias y las empresas legalmente constituidas.
Pero también plantea una pregunta de fondo: ¿hasta cuándo es sostenible una estructura fiscal en la que el 83% de los ingresos proviene de sólo cinco actividades económicas?
Algunos expertos advierten que esta lógica genera efectos regresivos y desincentiva el crecimiento de sectores clave. Otros, como Molina, sostiene que «la única forma de equilibrar esta carga es ampliando la base tributaria, no exprimiendo más a quienes ya pagan». Mientras tanto, el sistema sigue recargándose sobre las mismas columnas.
Análisis
Para el economista Patricio Alarcón los controles fiscales no son una solución real al déficit económico que vive el país, aunque son de utilidad. Él explica que la única manera de bajar este dato es con la reducción del gasto público por parte del Gobierno.
Por otro lado, para el economista Jorge Calderón, los controles fiscales como estrategia no son nuevos en el país. “Siempre han sido importantes y constantes”, señala. Sin embargo, reconoce que hay momentos en los que los gobiernos pisan el acelerador con más fuerza. “Este es uno de ellos”, dice, en referencia al contexto actual de déficit y urgencia de ingresos.
Calderón sostiene que esta intensificación responde a una razón clara: liquidez. “Ecuador tiene la tercera parte del financiamiento de su presupuesto atado al financiamiento externo”, explica. Y, aunque el país ha tenido avances en negociaciones con multilaterales, el flujo de ingresos propios no llega con la velocidad ni la estabilidad necesarias.
A este escenario se suman otros factores de presión. “Hay un gasto que no logra reducirse, que ya es de carácter estructural”, dice el economista. Se refiere, principalmente, a compromisos asumidos por el Ejecutivo tras la campaña, como el pago de salarios y otras obligaciones permanentes. Pero también menciona eventos recientes: los daños por lluvias en varias provincias, que han afectado la red vial y demandan atención inmediata, y la caída sostenida en la producción petrolera, agravada por los problemas en el sistema de transporte de crudo.
Estos factores, advierte el experto, limitan la capacidad del Estado de generar ingresos por vías tradicionales. Por eso, “todas estas medidas de control tributario buscan obtener ese ingreso que ayude a compensar la baja de ingresos que se está teniendo por otras fuentes”.
Incluso el repunte del precio del petróleo, que podría parecer una buena noticia, no representa una solución real, según explica. “No lo estamos aprovechando”, señala. “Primero, porque la producción sigue a la baja por las paralizaciones en el transporte de crudo. Y segundo, porque si bien sube el precio, también sube el costo de los subsidios”. Es decir, el efecto se neutraliza.
Para el experto, entonces, los controles fiscales se intensifican como una respuesta directa a la falta de liquidez. No son una solución estructural, pero sí una medida inevitable frente a la presión fiscal que enfrenta el Estado.
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