Desde diferentes sectores se anticipan demandas de inconstitucionalidad cuando el proyecto de Ley sea publicado en el Registro Oficial.
La bancada oficialista logró con las justas aprobar en segundo debate el proyecto de “Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados”, calificado como urgente en materia económica.
La iniciativa propuesta por el presidente de la República, Daniel Noboa, obtuvo 77 votos a favor, lo mínimo requerido, 71 en contra y dos abstenciones. Tras un debate en el que participaron 13 legisladores, la normativa conocida como Ley de los GAD, será remitida al Ejecutivo para que la sancione o la vete total o parcialmente.
Durante el debate parlamentario que se cumplió en Samborondón, la asambleísta oficialista, Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, donde se trabajó el informe, manifestó que es una propuesta de normativa que plantea la distribución eficiente de los recursos de los municipios y prefecturas, frente a una realidad en donde la mayoría de Gobiernos seccionales no invierte bien los recursos.
Según sus estadísticas, cuatro millones de ecuatorianos no tienen acceso al agua potable y 12 millones tienen agua de mala calidad, lo que implica que los alcaldes están fallando a sus ciudadanos al incumplir con la responsabilidad de dotar de agua potable, limpia, libre de contaminación. Con la Ley se corregirán esas distorsiones, dijo.
Por su parte Diego Salas, de la Revolución Ciudadana e integrante de la Comisión, manifestó que la reforma es inconstitucional. Criterio que comparte Mariana Yumbay, de Pachakutik, ya que aseguró que provocará la regresión de derechos y afectará al mantenimiento de programas comunitarios.
Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano, aseguró que, con la nueva forma de cálculo propuesta en la normativa aprobada, se estará castigando a la población y no a las autoridades seccionales que no usen bien los recursos.
Pablo Jurado, aliado de ADN, añadió que esta Ley debe ser el punto de partida para una verdadera transformación ya que la normativa no estará “escrita en piedra”, pero que se debe dar un paso adelante.
Mientras que Paola Cabezas, de la Revolución Ciudadana, tuvo un cruce de palabras con el presidente de la Asamblea, Niels Olsen. La legisladora aseguró que la sesión del Pleno debía cumplirse en Quito, pero debido a la presión social que se ha generado en la capital en contra de la normativa, los llevaron a sesionar a Samborondón. Olsen respondió que también sesionarán el martes y miércoles en Guayaquil.
La normativa aprobada
Mantiene la disposición de que los Gobiernos seccionales participen del 21% de ingresos permanentes y del 10% de los no permanentes del presupuesto general del Estado. Sin embargo, condiciona a Municipios y Prefecturas que esos porcentajes se mantendrán siempre que se cumpla la regla de asignación mínima prioritaria prevista en el artículo 198.1 del COOTAD; caso contrario, el cálculo para las transferencias a cada uno de ellos, no excederá los porcentajes establecidos en el artículo 271 de la Constitución, donde consta que participarán de al menos 15% de ingresos permanentes y de un monto no inferior al 5% de los no permanentes correspondientes al Estado central, excepto los de endeudamiento público.
