El despliegue de 8.000 militares en Guayas, Los Ríos y Manabí abrió un debate entre expertos sobre la eficacia de la “Ofensiva Total”, el riesgo de desplazamiento del crimen y la exclusión de El Oro.
El inicio de los operativos del Bloque de Seguridad denominados “Ofensiva Total”, con el despliegue de más de 8.000 militares en Guayas, Los Ríos y Manabí, abre un debate sobre sus alcances reales para combatir la inseguridad y la violencia criminal y sus riesgos al no incluir a El Oro, una de las provincias más golpeadas por el crimen organizado en la Costa.
Consultados por Ecuador Chequea, el exsecretario de Seguridad Pública, Wagner Bravo y el analista en seguridad, Paúl Pinto coincidieron en que los operativos “Ofensiva Total” pueden tener efectos inmediatos en las provincias intervenidas, pero su éxito dependerá de que el Estado logre sostener la presión, evitar el desplazamiento de la violencia a otras provincias y complementar el uso de la fuerza con una estrategia integral que golpee las estructuras económicas del crimen organizado.
Sin esos elementos, advirtieron, la ofensiva corre el riesgo de ser intensa pero transitoria.
Para Bravo, la operación responde a una lógica claramente identificable desde la doctrina militar: la concentración de la fuerza, conocida como el principio de la “masa”.
“Se está aplicando la mayor cantidad de fuerza en un punto y en un tiempo determinados para lograr un objetivo”, explicó. Desde su lectura, el propósito inmediato sería reducir los altos niveles de violencia que se registran en las tres provincias priorizadas, que encabezan los indicadores delictivos del país.
No obstante, Bravo advirtió que la efectividad de esta ofensiva dependerá de si el Estado logra ir más allá de los resultados visibles, como la captura de líderes de organizaciones criminales.
“El problema no se resuelve solo deteniendo cabecillas; el desafío es destruir las estructuras que sostienen a estos grupos”, afirmó. A su criterio, los balances recientes muestran que, pese a golpes importantes contra jefes de bandas, algunos delitos no solo persisten sino que se han agravado, lo que evidencia la capacidad de adaptación del crimen organizado.
El exfuncionario de seguridad subrayó además un riesgo clave: el desplazamiento territorial de la violencia. A diferencia de un conflicto internacional, señaló, los grupos criminales no tienen fronteras.
“Ante una ofensiva de este tipo, pueden congelarse, enfrentar al Estado o moverse hacia otras provincias. El narcotráfico, la minería ilegal y otras economías criminales no se detienen porque son negocios altamente rentables”, dijo.
Desde esa perspectiva, advirtió que la presión sobre puertos como Guayaquil, Posorja y Manta podría empujar a estas redes a buscar rutas alternativas o reforzar su presencia en provincias como El Oro, Esmeraldas o Santo Domingo de los Tsáchilas, si no existe una presión simultánea en todo el territorio.
Una preocupación similar planteó Paúl Pinto, quien cuestionó la exclusión de El Oro de estos nuevos operativos.
Para Pinto, dejar fuera a una provincia que figura entre las más violentas del país plantea interrogantes sobre las capacidades reales del Estado. “Lo preocupante sería que no tengamos capacidad para operar en toda la Costa ecuatoriana”, señaló, al advertir que El Oro se ha consolidado como un hub de la criminalidad en el sur del país.
Pinto sostuvo que la decisión podría responder a un ejercicio de priorización forzada. “Si el Estado solo tiene capacidad para intervenir de manera intensiva en tres territorios, deberían ser los de mayor peligrosidad. Por eso sorprende que El Oro haya quedado fuera”, dijo.
A su juicio, la medida corre el riesgo de convertirse en un error estratégico, en la medida en que la criminalidad tiende a reacomodarse hacia las zonas con menor presión estatal.
El analista consideró posible que la “Ofensiva Total” sea una fase inicial o piloto, con operaciones focalizadas en espacios más controlables antes de una eventual expansión.
Sin embargo, advirtió que este enfoque no elimina el problema de fondo. “La experiencia demuestra que, mientras una zona se militariza, la violencia crece en otras, especialmente en provincias donde no hay este tipo de operaciones”, afirmó, y señaló directamente a El Oro como un territorio vulnerable a ese desplazamiento.
Más allá del despliegue militar, Pinto puso el acento en lo que considera la principal deuda del Estado frente al crimen organizado: el lavado de activos. Criticó la falta de fortalecimiento de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, y la opacidad sobre sus capacidades reales.
“Tenemos grupos criminales con millones de dólares en el sistema financiero sin que se los detecte. Sin atacar las finanzas, cualquier ofensiva armada queda incompleta”, advirtió.
Por ahora, el Ministerio de Defensa justifica la movilización del antes mencionado contingente de 8.000 militares por parte de la estrategia para intensificar la lucha contra las organizaciones narcodelictivas en las provincias con mayores niveles de violencia en la Costa.
Así, ayer los uniformados llegaron desde Latacunga, Nueva Loja y otras ciudades del país a la Base Aérea Simón Bolívar, de Guayaquil. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, la ofensiva tendrá un carácter indefinido y se apoyará en inteligencia militar, en coordinación con la Policía Nacional.
El comandante de la Brigada 5 de Guayas, Jorge Salazar, confirmó que el refuerzo contempla efectivos de los tres componentes de las Fuerzas Armadas. “Vamos a tener un estimado de 8.000 efectivos de los componentes terrestre, naval y aéreo, buscando apoyar las estrategias del Estado a fin de neutralizar y, de ser el caso, impedir el empleo de las amenazas, con el afán de que la ciudadanía tenga tranquilidad”, afirmó.
Según Salazar, los militares serán desplegados en barrios, zonas y ciudades donde se ha registrado un incremento de la violencia y de los delitos. Las operaciones incluirán patrullajes motorizados en camionetas y tanquetas, recorridos a pie y la ejecución de los llamados operativos Camex, es decir control de armas, municiones y explosivos. Reiteró que la identificación de los sectores prioritarios se realizará con apoyo de inteligencia militar, en coordinación con la Policía, para concentrar la presencia de tropas en los puntos más conflictivos.
Así, la magnitud del despliegue se evidenció en el movimiento aéreo de personal y equipos con aviones militares. De ellos descendían grandes cantidades soldados, que llegaban con fusiles y equipaje, sin saber a ciencia cierta sobre cuánto tiempo se mantendrá vigente la disposición oficial de militarizar las tres provincias.
