Al menos 15 presos murieron esta madrugada, tras “graves incidentes” en uno de los pabellones de la Penitenciaría del Litoral. ¿Qué pasó con el tran ofrecido control militar de las cárceles? Lo que sucede dentro de las prisiones sigue siendo un peligroso secreto.
POR: Juan Camilo Escobar
Esta madrugada se registraron graves incidentes en la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más peligrosa del país, que han dejado un saldo “preliminar” de 15 presos muertos y 14 heridos, según confirmó a las 09:28 el Servicio Nacional de Rehabilitación Social (SNAI). El SNAI también informó que no se han reportado fugas y que el bloque de seguridad ha retomado el «control absoluto» de la prisión, tras un operativo de «requisa a gran escala» y el inicio de las investigaciones.
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Aunque el SNAI reporta 15 muertos, la Fiscalía General informó que abrió una investigación preliminar de oficio, en la que se ha confirmado ya la muerte de nueve presos y 14 heridos.
Esta masacre destruyó por completo las imágenes que el 9 de febrero pasado —un mes después del reconocimiento del conflicto armado interno— difundieron las Fuerzas Armadas, mostrando a militares fuertemente armados imponiendo control y orden en esta prisión.
¿Cómo fue posible esta masacre en esta cárcel que, según se suponía, desde enero anterior,
estaba bajo el control de las Fuerzas Armadas, las cuales en su rueda de prensa semanal no reportaron ninguna novedad significativa?
Hasta el cierre de esta nota ni el Ministerio de Defensa ni el SNAI respondían esta y otras preguntas sobre la seguridad y el control en esta cárcel, que ha sido el lugar de algunas de las masacres más violentas entre los presos, como parte de la creciente ola de violencia que ha afectado a Ecuador en años recientes.
Previo a esta masacre, entre el 14 y el 15 de octubre, en el interior de uno de los pabellones de esta cárcel se encontraron a tres presos muertos, que tenían heridas en sus cuellos. Tras este hecho de violencia, policías y militares requisaron municiones, drogas, dinero y electrodomésticos.
ANGUSTIA
Ana Morales, representante del Comité de Familiares por Justicia en Cárceles (CJC), afirmó que los familiares de los internos vivieron momentos de angustia y desesperación tras enterarse del nuevo hecho de violencia en la Penitenciaría, donde —a pesar de insistentes pedidos— no recibieron información de las autoridades del centro penitenciario.
“Hasta ahora sabemos que son 17 los muertos, porque hemos visto ingresar al menos dos vehículos de medicina legal y ocho ambulancias”, declaró Morales pasado el mediodía, mientras el SNAI mantenía su cifra «preliminar» de 15 fallecidos.
“No nos dan información y estamos con la zozobra de no saber si nuestro familiar está vivo o muerto. Ahora nos dicen que son 17 muertos, pero sabemos que son más, porque nos envían fotos y hemos visto cómo las ambulancias salen desde la madrugada”, expresó.
“Se está repitiendo la misma historia de las masacres de 2020 y 2021. Sólo nos queda abrazar a las compañeras, con una zozobra terrible”, añadió Morales.
RESPONSABILIDADES
Fernando Bastias, representante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Ecuador (CPDH), comentó que se trata de una muerte colectiva bajo custodia: “Un funcionario permitió el ingreso de armas, otro omitió la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para controlar los hechos violentos. Alguien permitió que eso ocurriera”.
Bastias, también recordó que los militares son responsables del último filtro de seguridad en las cárceles tras dos filtros previos de policías y agentes penitenciarios.
Agregó que, tras esta masacre, la primera medida urgente por parte del Gobierno nacional debería ser el reconocimiento de que “no se tiene el control”, ya que tanto los familiares de las víctimas como la ciudadanía tienen derecho a conocer la situación real de las prisiones.
Además, Bastias enfatizó la necesidad de seguir las recomendaciones del Comité Contra la Tortura, destacando un plan integral para abordar la inseguridad en las cárceles, la reclasificación de los presos y protocolos para detectar y sancionar la corrupción. “Esto implica inversión, pero hay dudas sobre el destino de la inversión millonaria que la cooperación internacional ha destinado al sistema penitenciario”, concluyó.
SILENCIO Y ¿FARSA DE CONTROL?
La masacre ocurrida esta madrugada se produjo tras más de 10 meses de militarización en las cárceles, un periodo marcado por denuncias de organizaciones de Derechos Humanos sobre ejecuciones extrajudiciales, tortura y violencia sexual.
El 13 de febrero, el juez de garantías penitenciarias de Guayaquil, Manuel Peña, aceptó un ‘habeas corpus’ presentado por el Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos, responsabilizando a las Fuerzas Armadas por violar los derechos y garantías de siete reclusos en la Penitenciaría.
El juez Peña ordenó que las Fuerzas Armadas brindaran atención médica continua y seguimiento de salud mental, y que la Defensoría del Pueblo investigara, en un plazo de 45 días, las denuncias de agresiones y torturas. Además, instruyó al SNAI para que garantice el suministro de colchones, acceso a electricidad, agua potable, alimentación y artículos de aseo e higiene personal directamente a los internos.
¿Se ha cumplido esta sentencia? ¿Qué acciones ha tomado el SNAI para implementarla? ¿Cuáles son los resultados?
La sentencia fue apelada y para inicios del próximo año se espera su resolución definitiva, recordó Bastidas, tras calificar como una “farsa” su supuesto control por parte de las Fuerzas Armadas, que tras casi un año de intervención no sólo se han contaminado, sino que no hicieron caso a alertas inequívocas de que se iban a producir problemas de seguridad de gran magnitud, como terminó sucediendo esta madrugada
Bastidas también sostuvo que el SNAI ha incumplido las medidas exigidas para asegurar tanto el control y la seguridad de las instalaciones como mejoras en la alimentación y atención médica de los internos. Añadió que, a pesar de las obligaciones impuestas, en lo que va del año se han reportado más de 170 denuncias de falta de atención médica, en su mayoría relacionadas con casos de tuberculosis y sarna.
Billy Navarrete, también integrante del Comité Permanente de Derechos Humanos, manifestó que “la sentencia fue echada abajo por la Corte Provincial y dijo que se debía reabrir el caso debido a dos apelaciones por cuerda separada de la Procuraduría y del Ministerio del Interior, que señalaron que las Fuerzas Armadas no fueron debidamente convocadas y, por tanto, la sentencia era invalidada”.
“Esto es una leguleyada, considerando que las Fuerzas Armadas no eran un activo pasivo y no se requería que estén, aunque sí estuvieron señaladas en las notificaciones. Son una cosa de nuestra justicia. La sentencia está anulada y no se ha vuelto a reabrir”, agregó.
Ambos representantes del organismo de Derechos Humanos también recordaron que de la sentencia inicial del juez Muñoz inició un proceso legal independiente para investigar y sancionar un caso calificado como tortura por violencia sexual por personal de la fuerza públcia contra una mujer trans al interior de la cárcel.
El SNAI mantiene silencio. Hasta el cierre de esta nota, el SNAI no respondía a un pedido de información presentado a su titular, Luis Eduardo Zaldumbide López, el 18 de septiembre anterior sobre las medidas implementadas, a pesar de los ofrecimientos de que un “área técnica está levantando la información”.
Esta masacre ocurre a pocos días de que el presidente, Daniel Noboa, presentara propuestas de reforma constitucional relacionadas con el trato del Estado a los presos. El 6 de noviembre, Noboa presentó un proyecto para modificar los artículos 35 y 51 de la Constitución. La propuesta, que debe ser revisada por la Corte Constitucional antes de su discusión en la Asamblea Nacional, busca excluir a los presos de los grupos que tienen derecho a recibir atención prioritaria.
El artículo 35 de la Constitución, en su versión actual, establece que grupos vulnerables como adultos mayores, menores de edad, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, reclusos y quienes padecen enfermedades graves deben recibir atención prioritaria.
CRÍTICA
El Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió hace pocos días un informe crítico sobre Ecuador, señalando preocupaciones en varios aspectos de Derechos Humanos. El documento destaca, entre otros puntos, el abuso en el uso de estados de excepción, que se considera ha llevado a restricciones desproporcionadas en libertades básicas, afectando principalmente a comunidades indígenas y vulnerables. Además, se cuestiona la justificación de medidas antiterroristas y el aumento en detenciones arbitrarias, lo cual, según la ONU, vulnera derechos fundamentales.
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