La Asamblea aprobó por unanimidad la Ley para el Control del Espacio Aéreo Nacional, que busca combatir el narcotráfico por vía aérea. Con ello se espera combatir a los grupos delictivos que usan el espacio aéreo para este ilícito.
El país contará con una nueva herramienta legal para combatir a aquellos grupos delictivos que utilizan el espacio aéreo para el tráfico de drogas, señalaron los asambleístas de diferentes bancadas y personal de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE). Se trata de la Ley para el Control del Espacio Aéreo Nacional, aprobada hoy por unanimidad con 122 votos en el Pleno de la Asamblea.
El brigadier general de la FAE, Mauricio Proaño, aseguró que a través de esta normativa se impulsará el desarrollo, exploración y explotación de todo el espacio aéreo para brindar mayor seguridad al país. La Ley debe pasar a conocimiento del presidente, Daniel Noboa, para que lo sancione o lo vete, pero Proaño considera que es un cuerpo normativo positivo para controlar la actividad de grupos que operan al margen de la Ley a través de narcoavionetas en pistas clandestinas. “Los grupos terroristas y las organizaciones narcodelictivas, por la cantidad de dinero que tienen, usan tecnología para aprovecharse del espacio aéreo y fortalecer su organización. Esta nueva Ley da plena libertad para que la FAE, a través de sus unidades operativas y sistemas de defensa aérea nacional, ejerzan un pleno control de espacio aéreo”, dijo el oficial.
La asambleísta Inés Alarcón (oficialista), presidenta de la Comisión de Seguridad, donde se trabajó el informe para el debate del Pleno, indicó que la consulta popular demostró que la principal demanda ciudadana es la seguridad y que esta Ley es un aporte a ese objetivo común de los ecuatorianos. “No podemos subestimar la importancia estratégica del control del espacio aéreo en un mundo cada vez más globalizado e interconectado, donde las amenazas pueden venir de cualquier dirección”, dijo Alarcón.
Agregó que en espacio aéreo nacional han operado impunemente avionetas con armas, droga y objetivos de alto valor ante la ausencia de una legislación contundente.
Amplio respaldo
La mayoría de legisladores se pronunciaron por la necesidad de aprobar el articulado tal como lo presentó la Comisión de Seguridad. Otto Vera, del PSC, dijo que es la herramienta que hoy necesita Ecuador para seguir enfrentando al crimen organizado que se aprovecha de la ausencia de una regulación para el espacio aéreo.
Leonardo Berrezueta, del correísmo, agregó que es la herramienta que necesitaba la FAE para el control del espacio aéreo. “No solamente vamos a proteger la soberanía, sino que es un complemento en la lucha por la seguridad interna, contra el narcotráfico y los delitos conexos transnacionales que tanto mal le hacen a este país”, expresó Berrezueta.
Por su parte la legisladora de Construye, Nataly Morillo, aunque apoyó el articulado, propuso que se tome en cuenta a la Policía en este control del espacio aéreo, cuya rectoría queda en manos de la FAE. “No pueden estar supeditados a una autorización administrativa de una tercera entidad. A la Policía se le tiene que dar el mismo trato que se le otorga, con toda la razón, a las Fuerzas Armadas ya que ambas tienen jerarquía constitucional en materia de seguridad, pero una no está sobre otra”, dijo Morillo.
Parte del contenido
- La FAE tendrá la potestad para el uso legítimo de la fuerza en el control del espacio aéreo de acuerdo con los niveles de amenaza, resistencia o agresión.
- Se podrá emplear la fuerza para neutralizar una aeronave hostil que atente contra la vida humana y la seguridad integral de los bienes públicos o privados en territorio nacional; o cuando ponga en inminente riesgo de daño corporal a su tripulación y a la integridad de la aeronave interceptora.
- Cuando se incauten aeronaves involucradas en actividades ilícitas y se cuente con la declaratoria de extinción de dominio, podrán ser destinadas a la FAE, Fuerzas Armadas, o Policía.
- Las Fuerzas Armadas y la Policía en coordinación con la FAE ejercerán el control de las zonas de seguridad del Estado para la restricción de operaciones de sistemas aéreos no tripulados y drones.
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