El informe que se va a votar en el Pleno respeta la propuesta del Ejecutivo en cuanto al endurecimiento de penas, producto de la consulta popular. Sin embargo, pese a tener los votos, no fue aprobado hoy. El presidente de la Comisión pidió 48 horas para añadir observaciones.
A pesar de que contaban con los votos para aprobar en segundo debate el proyecto de reformas para la aplicación de la consulta popular, por pedido del presidente de la Comisión Ocasional que trata este tema, Carlos Vera Mora (PSC), el proyecto regresó a esa Mesa legislativa multipartidista por 48 horas más para añadir, dijo Vera, los aportes planteados hoy por los asambleístas.
El informe para segundo debate, aprobado por la Comisión con cuatro votos a favor y una abstención incorpora, sin cambios, los incrementos de penas propuestos por el presidente de la República, Daniel Noboa. Es decir, en materia de endurecer las penas, este segundo informe es una reproducción del proyecto del Ejecutivo, y de lo presentado para primer debate, a pesar de que ciertos sectores han cuestionado la dosimetría (proporcionalidad) entre la pena propuesta y el delito que se sanciona.
En algunos casos los incrementos quintuplican la pena actual. Por ejemplo, en el caso de la minería ilegal artesanal, cuya pena máxima es de tres años de cárcel, el pedido del oficialismo es que pase a 16 años de cárcel, como máximo.
Vera aseguró que sí se analizó la dosimetría y que esta reforma recoge las principales preocupaciones ciudadanas expresadas en la consulta popular.
Sin embargo, el abogado penalista Pablo Encalada, recibido en comisión general en la sesión del Pleno que se cumplió de manera virtual, manifestó que la Asamblea está obligada a cumplir con los resultados de la consulta popular, pero que es su deber valorar en cuánto se aumenta esa pena, ya que se debe respetar la proporcionalidad entre la gravedad del delito y la condena. Para el especialista, establecer la pena propuesta para la minería ilegal artesanal es condenar la pobreza, ya que muchos ciudadanos cumplen esa actividad sin que sean necesariamente parte de una organización criminal.
También le parece arriesgado y poco claro que la pena por terrorismo, que hoy es de mínimo 10 años y máximo 16 años de cárcel, pase a mínimo 19 años y máximo 26. Encalada hizo esta reflexión por experiencias que ha vivido el país; dijo que en algún momento “a cualquier cosa se le llamaba terrorismo: desde llevar un monigote hasta a una protesta pública”.
En el proyecto de reforma, el asesinato tendría una pena máxima de 30 años de cárcel, y el porte ilegal de un arma de uso militar o policial se sancionaría con cárcel de hasta 22 años. “Será mas grave llevar un arma sin permiso que asesinar”, dijo el especialista, en referencia a la proporcionalidad de estas dos penas.
El debate parlamentario
Vera aseguró que el país esta cansado de tanta delincuencia y, a pesar de que en la práctica las observaciones de los más de 40 especialistas que acudieron a la Comisión a dar sus aportes —la mayoría pidiendo que el incremento de las penas se lo haga de manera técnica y respetando la proporcionalidad— no fueron tomados en cuenta, agradeció esos criterios que, dijo, sirvieron para “construir este gran documento”.
La asambleísta independiente Lucía Posso, agregó que se ha recogido los mas relevante y que es necesario endurecer drásticamente las penas, ya que en Ecuador los delincuentes no le tienen miedo ni la cárcel ni la muerte, por lo que no se puede ser blandos con ellos. “Es responsable poner penas mas drásticas, es lo que le corresponde a la Asamblea”.
Para Steven Ordóñez, del oficialismo, no hay que hablar de dosimetría ni proporcionalidad en momentos en que hay que apoyar al pueblo frente a la ola delincuencial que se vive. Agregó que se debe respetar el mandato popular de la consulta popular y agradeció que la Comisión haya ratificado los textos que envió el Presidente de la República.
Mientras que Vicente Taiano (PSC) dijo que el mandato de la consulta fue aumento de penas, pero no se estableció ni en cuánto ni cómo. Y, aunque aseguró que las penas se deben incrementar de una manera técnica y lógica, agregó que su organización política siempre ha estado a favor de la “mano de hierro en contra de la delincuencia”, por lo que la posición del bloque es ratificar el respaldo al incremento de penas.
¿Noboa les tumbó el informe borrador?
El sábado, mientras la Comisión sesionaba para aprobar el informe para segundo debate, Noboa emitió un comunicado en sus redes sociales asegurando que querían reducir las penas propuestas por su Gobierno, ignorando la voluntad popular. Y se preguntó para quiénes trabajan los asambleístas miembros de la Comisión: para el pueblo o para la delincuencia organizada.
Los miembros de la Comisión rechazaron el comunicado y aseguraron que no se tenía previsto esa posibilidad de reducir lo propuesto por el Ejecutivo. Sin embargo, el informe borrador con el que se estaba trabajando ese sábado sí contemplaba penas menores a las propuestas por Noboa.
La asambleísta Patricia Mendoza (correísta), integrante de la Comisión, reconoce que el informe que finalmente se votó fue diferente al que se estaba dando lectura. “Se debatió un informe pero se votó otro”, manifestó Mendoza, con lo que justificó su voto abstentivo.
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