La propuesta del Ejecutivo señala que estará integrada por 80 asambleístas constituyentes que trabajarán en ocho áreas para la nueva Constitución.
POR: Hugo Constante
Un verdadero dilema jurídico constitucional generó la decisión del presidente de la República, Daniel Noboa, de convocar a consulta popular para que la ciudadanía se pronuncie sobre la posibilidad de instalar una Asamblea Constituyente. Noboa emitió el decreto ejecutivo 148, en el que consta la pregunta y ordena que se notifique y disponga al Consejo Nacional Electoral que continúe con el proceso.
Para un sector de analistas y constitucionalistas, Noboa se saltó el control constitucional. El artículo 104 de la Constitución señala que en todos los casos de consulta popular, se requerirá el dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas.
El constitucionalista Ismael Quintana explicó en su cuenta de X que el Consejo Nacional Electoral no puede convocar ninguna consulta popular sin el dictamen previo de la Corte. “La norma es clarísima y no admite ninguna otra interpretación. Nada por la fuerza de los hechos, menos un proceso constituyente”, señala Quintana.
Pero para otros analistas, Noboa aplica directamente el artículo 444 de la Constitución, en el que se menciona explícitamente que la asamblea constituyente sólo podrá ser convocada a través de consulta popular, pero no menciona control constitucional previo.
A través del chat institucional de la Corte Constitucional, se informó que las autoridades se encuentran analizando con rigurosidad los aspectos jurídicos de esta convocatoria y que en respeto del debido proceso y la trascendencia de la materia, emitirá una posición oficial una vez que se analice el tema.
Mientras que en el CNE manifestaron que informarán oficialmente cuando sus autoridades emitan disposiciones.
En los considerandos del decreto se señala que la sociedad demanda un giro de 180 grados en la visión y estructura del Estado; y que un proceso constituyente participativo puede reconstruir la confianza al dar voz directa al pueblo en la definición del nuevo orden institucional.
La operatividad
En los anexos de la consulta el Gobierno define la naturaleza de la Asamblea Constituyente que propone. Según el documento, durará 180 días, contados a partir de su instalación y se podrá prorrogar, por una sola vez, por 60 días adicionales.
Estará integrada por 80 asambleístas constituyentes: 52 provinciales, 22 nacionales y seis por el exterior. La elección de los asambleístas locales será uno por provincia y uno adicional por cada 200 mil habitantes o fracción superior a 150 mil habitantes hasta completar el total de 52, aplicando el método D’Hondt en la asignación de escaños.
Los requisitos para ser asambleísta constituyente serán los mismos que rigen para la elección de los actuales asambleístas, así como las inhabilidades y prohibiciones. Las listas de candidatos observarán los criterios de paridad y alternancia entre mujeres y hombres.
En cuanto a la metodología para trabajar en la nueva Constitución, habrá 8 mesas de trabajo integrada cada una por 10 asambleístas, con los siguientes temas:
- Derechos y garantías fundamentales
- Organización y funciones del Estado
- Régimen Económico y finanzas públicas
- Justicia y sistema judicial
- Participación ciudadana y control social
- Régimen territorial y descentralización
- Naturaleza y ambiente
- Régimen de desarrollo e inclusión social
La aprobación final del proyecto de Constitución requerirá el voto de las dos terceras partes del Pleno de la Asamblea Constituyente, para luego remitirlo al Consejo Nacional Electoral para el referéndum aprobatorio.
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