Daniel Noboa marchó hacia la Corte Constitucional, aunque su presencia no se sintió demasiado. La presión internacional es para garantizar la independencia del organismo.
POR: Redacción Ecuador Chequea
Los primeros rayos del sol descubrieron grandes pancartas que lucían a lo largo del centro norte de Quito. Nueve rostros con sus nombres lucían impresos sobre los grandes letreros; todos jueces de la Corte Constitucional. El escenario era coronado por una frase escrita en letras rojas, que contrastaba con el fondo negro del anuncio: “Estos son los jueces que nos están robando la paz”.
Esta mañana se llevó a cabo la movilización convocada por el presidente, Daniel Noboa, en contra de la Corte Constitucional, luego de que este organismo suspendió la aplicación de varios artículos de las leyes enviadas por el Ejecutivo y aprobadas por la Asamblea.
Desde Esmeraldas, Pastaza, Manabí, Guayas, Carchi, Imbabura, Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, entre otras provincias, llegaron cientos de simpatizantes de Daniel Noboa hasta el puente de El Guambra, la Caja del Seguro y la avenida Patria, para formar parte de la jornada. La cantidad de personas que formaron parte de la convocatoria se vio reflejada en los al menos 120 buses que ingresaron a Quito desde horas de la madrugada, según informaron policías a Ecuador Chequea. Y este fue solo el comienzo.
Jornada de protesta
La jornada empezó temprano, con cierres viales, tarimas, pancartas gigantes y personas caminando por la calle con la camiseta y banderas de Ecuador. “Tenga, tenga la bandera, tome el letrero”, gritaba con entusiasmo un simpatizante que, desde primeras horas de la mañana, se dio cita a la movilización convocada por el presidente.
A medida que los buses y camiones se estacionaban en las cercanías de la Caja del Seguro, cientos de ciudadanos descendían con paso acelerado, todos caminando en una sola dirección: La Alameda, el punto de encuentro. Mientras tanto, las banderas de plástico ondeaban, pasando de mano en mano.
El escenario se iba llenando mientras en los exteriores de la Casa de la Cultura se estacionaron al menos seis camiones. En sus compartimentos traían grandes fundas transparentes repletas de pancartas, banderas y letreros. Todas con frases unificadas haciendo alusión al cierre de negocios por la inseguridad y otros temas. Esos mismos se repartían junto con sánduches y cafés, que se daban también a los manifestantes que llegaban a los distintos puntos, entre estos, los exteriores de la Corte Constitucional.
A la convocatoria fueron llegando autoridades, como asambleístas del movimiento ADN; incluso el propio presidente del Legislativo, Niels Olsen, formó parte de la convocatoria. Pero también llegaron funcionarios que, al ser consultados sobre el motivo de su asistencia, cambiaron de actitud de inmediato y prefirieron no dar declaraciones. A estos se sumaron funcionarios de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y del Ministerio de Salud, quienes levantaron seis puntos de hidratación y primeros auxilios en el trayecto, y otros que llegaban y partían incluso en vehículos oficiales, como de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos.
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Noboa llegó una hora tarde a la concentración, frente a la Caja del Seguro. Lo hizo en su caravana motorizada, vehículos de alta gama, blindados y motos, que se abrieron paso fácilmente entre la multitud hasta ubicarse en el centro del anillo de seguridad que a un par de metros a la redonda formó una hora antes personal especializado, ya sean militares, policías o personal de civil.
Noboa bajó del vehículo destinado para su uso y el grueso de la caravana motorizada se adelantó. El presidente encabezó la marcha, pero en medio de un nutrido aparataje de seguridad, que no permitía que se le acercaran. A paso veloz, tomó por la avenida Patria hasta la 6 de Diciembre; allí giró hacia el norte hasta la calle Lizardo García, para subir hasta la Corte Constitucional. El trayecto siempre contó con la presencia de militares y policías, custodiando la seguridad del mandatario.
Así llegó la caravana a las afueras de la Corte, una camioneta por delante y grupos de motorizados en los alrededores. El presidente apenas apareció entre el paisaje, contrastando con el grupo que se encontraba alrededor de él.
En la Corte paró el paso, se subió al balde de la camioneta, acompañado de una gran escolta y, con un megáfono que nunca pudo logró extender su voz, se dirigió a la gente en un discurso de menos de cinco minutos. “No se escucha, presidente. Denle un parlante”, se oía, mientras el mandatario aceleraba su intervención. Poco después de haber terminado, se bajó de la plataforma improvisada y en un rápido movimiento dejó las instalaciones de la Corte Constitucional en los mismos vehículos en los que llegó y con la misma escolta.
Algunos se lamentaban por no haberlo visto o escuchado, otros seguían preguntándose si volvería. Pero Noboa desapareció, seguido del ministro John Reimberg, quien no perdió oportunidad para hablar de los jueces de la Corte, quienes a su juicio “encerrados en un búnker le hacen daño al país”.
Respaldo a la Corte
Mientras las personas llegaban y las autoridades marchaban, la respuesta institucional no se hizo esperar. En un comunicado, la Corte Constitucional alertó públicamente sobre acciones que, a su juicio, comprometían su seguridad. Entre los hechos señalados estaba la remoción, sin previo aviso, del vallado perimetral que habitualmente rodea sus instalaciones, la militarización total del perímetro con un despliegue inusual de cientos de efectivos de las Fuerzas Armadas, y la colocación de vallas publicitarias con los rostros y nombres de sus jueces, una acción que calificó como estigmatizante y que, advirtió, incrementa el riesgo para su seguridad e integridad personal, afectando de manera directa la independencia del organismo.
La Corte informó, además, que, tras varias insistencias de su escolta institucional, a las 10:30 de esa mañana se logró reinstalar el vallado de protección alrededor del edificio. El comunicado recalcó que la integridad física de sus autoridades y servidores, así como la inviolabilidad de sus instalaciones, son condiciones indispensables para el ejercicio pleno de sus competencias.
En el mismo documento, el máximo órgano de control constitucional reiteró su reconocimiento al derecho a la libre expresión y a la protesta pacífica, pilares de la democracia, pero subrayó que estas deben ejercerse “dentro del respeto a la institucionalidad y sin menoscabar la función de los órganos que la Constitución ha dotado de autonomía para velar por el interés general”. También recordó que el espacio apropiado para debatir la constitucionalidad de las normas impugnadas son las audiencias públicas ya convocadas, que iniciarían el 18 de agosto, y enfatizó que aún no se había tomado ninguna decisión de fondo sobre las leyes suspendidas provisionalmente.
Finalmente, el Pleno de la Corte solicitó a todas las instituciones del Estado garantizar su seguridad y funcionamiento normal, y reafirmó su compromiso con la defensa del orden constitucional, la independencia y la autonomía judicial, a las que calificó como “pilares esenciales de la democracia ecuatoriana”.
Amnistía Internacional también se pronunció. En un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, la organización recordó que “la Corte Constitucional debe poder operar sin presiones políticas”. El pronunciamiento incluyó un llamado directo al presidente Noboa y a las autoridades a “respetar la independencia judicial, la cual es esencial para la garantía y protección de los derechos humanos, más aún en un contexto de militarización de la seguridad pública en el país”.
La entidad hizo referencia a la decisión tomada por la Corte Constitucional el pasado 4 de agosto, cuando el organismo suspendió de forma temporal ciertos artículos de tres leyes impulsadas por el Ejecutivo como parte de su estrategia de seguridad. Estas suspensiones, remarcó la organización, buscan permitir un análisis de fondo sobre si dichas normas se ajustan a la Constitución y si podrían vulnerar derechos humanos. “La Corte debe poder analizar las leyes sin ningún tipo de injerencia indebida”, subrayó el comunicado, insistiendo en que la separación de poderes y la independencia judicial son principios fundamentales para el funcionamiento democrático y para la protección de la ciudadanía frente a posibles abusos del poder estatal.
Similares pronunciamientos tuvieron la ONU y Human Rights Watch.
A las voces de respaldo se sumó también la Corte Nacional de Justicia. En un pronunciamiento firmado por su presidente encargado, José Suing Nagua, la institución expresó su “profunda preocupación por acciones que afectan la institucionalidad del país” y recordó que el Estado de derecho se sostiene sobre el principio de legalidad, la división de poderes y el respeto pleno de los derechos fundamentales.
El comunicado subrayó que, dentro de sus atribuciones, la Corte Constitucional es garante de la supremacía constitucional y protectora de los derechos fundamentales, y que las decisiones que adopte forman parte de los mecanismos legítimos de control previstos en la Carta Magna y en la ley. “La discrepancia de criterios es natural en cualquier democracia, pero debe ser resuelta a través de los cauces constitucionales y legales, observando el debido proceso”, señaló.
Suing exhortó a las instituciones públicas y a la sociedad civil a propiciar espacios de diálogo y resiliencia que permitan, dentro del marco del ordenamiento jurídico, encontrar soluciones adecuadas y viables para enfrentar los graves problemas del país. La declaración, que se enmarca en la creciente tensión política, cerró con un recordatorio de que proteger la independencia judicial y la institucionalidad no es solo una obligación legal, sino una condición indispensable para preservar la democracia. Así, las voces también se levantaron en defensa del organismo.
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