En un hecho sin precedentes, el presidente, Daniel Noboa, pretendió vetar las reformas a la Ley de Seguridad Social, cuando ya habían sido vetadas. Hoy se tuvo que resignar a mandar el texto al Registro Oficial. ¿Error, mala asesoría, bronca con la Asamblea?             

Después de una tensa polémica con la Asamblea, el Ejecutivo ordenó finalmente que se publique en el Registro Oficial la reforma a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess). La polémica con la Asamblea se generó porque el presidente de la República, Daniel Noboa, intentó vetar dos veces ciertos artículos de la citada reforma, lo que fue cuestionado por el Legislativo, con el argumento de que el Ejecutivo estaba violando la Constitución al vetar una Ley que ya fue vetada. 

Sin embargo, en el oficio que Noboa remite al Registro Oficial insiste en que, tras el primer veto y lo ya aprobado por la Asamblea, identificó una nueva inconstitucionalidad que pondría en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas y una inexactitud en uno de los artículos, por lo que ameritaba una nueva objeción parcial, lo que fue desestimado por la Legislatura “argumentando arbitrariamente que no existe la posibilidad en este tipo de casos”. En el texto Noboa asegura que se le “obliga” a sancionar la Ley pero que iniciará de inmediato las acciones constitucionales necesarias para corregir las violaciones normativas identificadas en lo ya aprobado y vetado. 

Y aunque la reforma será oficializada, quedan serios cuestionamientos a la intención del Ejecutivo de vetar lo ya vetado, ya sea por desconocimiento del tratamiento legislativo, por escasa experiencia de sus asesores o por, en el fondo, mantener el enfrentamiento con la Asamblea.

 “Me parece que es un error de principiante”, considera Gonzalo Armas, especialista en temas legislativos. Explica que en el tratamiento de una Ley o de una reforma, ésta queda cerrada y lista para publicarse en el Registro Oficial al momento en que el Pleno trata el veto, ya sea allanándose a lo propuesto por el Ejecutivo o ratificando lo aprobado por la Asamblea. 

“Técnicamente, el proceso, en lo que corresponde a la formación de la Ley, termina en la Asamblea cuando se envía al Presidente de la República para que disponga la sanción; es decir, ordena la publicación en el Registro Oficial. Pero para sorpresa de un mundo de gente presentó el veto del veto”, dijo. 

Situación que puede obedecer, continuó el especialista, a una lamentable confusión de sus asesores, quienes pudieron tener una equivocada valoración de los textos sometidos a consideración del Presidente y encontraron temas que no le convenían al Ejecutivo; y ante un problema tan grande “llegaron a la conclusión equivocada de que tenían que presentar un nuevo veto, más o menos para salvar los muebles”. Sin embargo, no descarta que se deba a la tensión existente entre Ejecutivo y Legislativo en una dinámica donde un poder del Estado trata de hacerle quedar peor al otro. 

La percepción legislativa 

El legislador de Construye Jorge Peñafiel manifestó que se puede evidenciar una mala asesoría jurídica al Presidente de la República, que le lleva a cometer fallas grandes por un manejo hecho a la ligera. Peñafiel espera que este error no sea de índole político, un capítulo más de la oposición que Noboa mantiene hacia la gestión de la Asamblea. “No es tan saludable que el Ejecutivo, por la simple intención de oponerse a la Asamblea, presente un veto sobre veto, cometiendo errores graves sólo para demostrar una oposición directa”, dijo Peñafiel. 

Por su parte, el secretario general de la Asamblea, Alejandro Muñoz, dijo que le sorprendió el doble veto, ya que no había ocurrido nunca en la historia republicana del país. “Es desconocimiento de lo que establece la norma constitucional y la Ley Orgánica de la Función Legislativa”, dijo Muñoz. 

Los especialistas legislativos consideran que, si el Ejecutivo considera que hay temas inconstitucionales en lo ya aprobado, debe proponer una demanda ante la Corte Constitucional, que es el órgano que debe pronunciarse tras la aprobación de una Ley, siempre y cuando haya una demanda de por medio.  

Mientras tanto, en la bancada oficialista tratan de justificar de algún modo la intención inicial del veto al veto. Para la legisladora Inés Alarcón, la intención era preservar la estabilidad financiera de la seguridad social y del Biess. Alarcón prefiere no ahondar en los motivos que pudieron llevar al Ejecutivo a cometer ese doble veto y prefiere destacar que la Ley está para publicación del Registro Oficial.

Las etapas de la polémica Ley 

– Es de iniciativa ciudadana, fue presentada por Henry Llanes, dirigente de una de las asociaciones de jubilados, el 1 de noviembre del 2022.

– El 12 de marzo del 2024 se aprobó en segundo debate.

– El 12 de abril fue vetada parcialmente por el Ejecutivo por inconstitucionalidad y por inconveniencia.

– El 13 de junio del 2024 el Pleno de la Asamblea resolvió la objeción parcial, con lo que la Ley quedó aprobada y cerrada. 

– El 21 de junio de 2024 la Asamblea remitió al Ejecutivo el texto final del proyecto de Ley para su sanción, es decir, para que ordene su publicación en el Registro Oficial.

– El 18 de julio de 2021, el Ejecutivo remitió una nueva objeción parcial, a lo ya aprobado, por inconstitucionalidad y por inconveniencia.

– El 19 de julio de 2024 la Asamblea devuelve al Ejecutivo el oficio con la nueva objeción parcial.

– Este 21 de julio el presidente Noboa remitió al Registro Oficial lo aprobado por la Asamblea el 13 de junio para que se proceda con la publicación de las reformas con lo que entrarán en vigencia. 

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