Un plan económico adecuado debería abordar metas en temas como generación de empleo o reducción de la pobreza, con plazos definidos: variables específicas y objetivos para 2025 y los años siguientes. Sin embargo, analistas no encuentran nada de eso, lo que incrementa la dependencia, por ejemplo, del financiamiento del FMI.
POR: Juan Camilo Escobar
Cuatro economistas consultados por Ecuador Chequea coinciden en que, aunque el Gobierno del presidente Daniel Noboa ha dado señales de compromiso con la estabilidad política y ha esbozado algunas directrices generales sobre el rumbo económico, aún no ha delineado un programa concreto orientado al crecimiento sostenido de la economía.
Indicaron que, pese a referencias generales sobre crecimiento, empleo e inversión en su discurso de posesión, el Ejecutivo no ha presentado un plan actualizado ni ha explicado en detalle cómo piensa alcanzar esos objetivos o cómo medirá los resultados. Según los analistas, esta falta de información concreta, y sobre todo, técnica, dificulta que se genere confianza en inversionistas, organismos internacionales y otros actores clave.
Los expertos también advierten que la ausencia de una hoja de ruta con metas medibles, cronogramas de ejecución y mecanismos de rendición de cuentas puede afectar la efectividad de las políticas públicas en el ámbito económico. Alertan, además, sobre el desafío de manejar las finanzas del Estado, con proyecciones que anticipan un déficit de hasta 5.500 millones de dólares para cerrar este año.
En su informe correspondiente a abril de 2025, el Observatorio de la Política Fiscal (OPF) advirtió que la caída en los precios del petróleo podría recortar hasta 500 millones de dólares del presupuesto general del Estado este año. Esta reducción, explica, agravaría el déficit, que podría alcanzar esos 5.500 millones al cierre de 2025.
En cualquier caso, los especialistas coinciden en la urgencia de que el Gobierno presente un programa económico integral que permita apuntalar un crecimiento económico sostenido, más allá del “efecto rebote” —entendido como el repunte mínimo esperable tras una caída— tras la contracción del 2% registrada por el Producto Interno Bruto (PIB) en 2024.
Esta caída fue peor que las proyecciones más pesimistas de los organismos internacionales: el Fondo Monetario Internacional (FMI) preveía una contracción del 0,4%, mientras que el Banco Mundial estimaba un retroceso del 0,7%. De acuerdo con el Banco Central, fue la tercera vez que el PIB ecuatoriano se contrajo desde la adopción del dólar, hace 25 años.
URGENCIA DE UN PROGRAMA ECONÓMICO
El exministro de Finanzas y analista económico Carlos De la Torre opinó que, para considerar la existencia de un plan económico, el Ejecutivo debería establecer objetivos claros y cuantificables, como metas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), niveles de generación de empleo o reducción de la pobreza, con plazos definidos. “Deberían estar definidos en variables específicas y con metas para 2025 y los años siguientes”, dijo.
El exministro criticó que las declaraciones del Gobierno se limitan a menciones generales sobre un eventual aumento de la inversión pública o estímulos al consumo, pero sin un marco técnico que explique qué metas se buscan alcanzar ni qué acciones se implementarán para lograrlo.
“La falta de información transmite que no existe un plan económico”, afirmó. “Y lo que se podría entender es que quizás la intención es seguir atados a las instrucciones que vengan del Fondo Monetario Internacional (FMI), que sí plantea acciones concretas, en función de sus intereses y las necesidades de financiamiento del país”.
El analista consideró “grave” la ausencia de planificación económica en el contexto actual, marcado por una contracción del 2 % del PIB en 2024, junto con un aumento en el subempleo y la pobreza. “El diagnóstico es complicado, y la respuesta del Gobierno ha sido insuficiente”, señaló.
En una línea similar, el director de la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes), José Hidalgo, subrayó que reactivar una senda de crecimiento sostenido es esencial para mejorar las condiciones de vida de la población.
“Este año se prevé un rebote, pero será principalmente un efecto estadístico tras una caída significativa. El verdadero desafío es sostener ese crecimiento en el mediano plazo, con impacto real en la generación de empleo formal”, explicó. “Para ello, la condición indispensable es recuperar la inversión, que ha venido cayendo en los últimos años”.
“Si no hay crecimiento económico, persistirán las fallas sociales de inequidad, de informalidad, inseguridad, desempleo, con lo cual hay un deterioro en la vida de los ecuatoriano, y lo que es más grave, que se abran los resentimientos sociales que enfrentan a los ecuatorianos y que no dejan trabajar”, comentó la catedrática universitaria de Política Económica María Herrera.
La tasa de empleo adecuado alcanzó el 35,8% en abril de 2025, lo que representa un incremento de 2,2 puntos porcentuales en comparación con el mismo mes del año anterior, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Pero la tasa de desempleo se situó en 3,6%, manteniéndose prácticamente estable frente a abril de 2024, cuando fue del 3,4%.
El empleo informal continúa siendo predominante en la estructura laboral del país. En abril de este año, el 54,1% de la población ocupada se encontraba en condiciones de informalidad, ligeramente por encima del 53,4% registrado en el mismo período del año anterior.
GASTÓ PÚBLICO E INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA
Uno de los pilares del segundo gobierno de Daniel Noboa, según anticipó el mandatario en su discurso ante la Asamblea, es la inversión en infraestructura para reactivar la economía. Sin embargo, el analista económico Jorge Calderón subraya que el financiamiento de estas iniciativas no está claramente definido. “Si el Ejecutivo desea duplicar la inversión pública, también debería duplicar el monto asignado al Plan Anual de Inversiones (PAI), que ha bordeado los 1.800 millones de dólares anuales en los últimos años”, dijo. “De lo contrario, el impacto será limitado.”
Calderón instó al Ejecutivo a no apostar exclusivamente por el gasto público como motor. “Hay que ser cautelosos. Recordemos lo que ocurrió hace una década, cuando el país dependía del alto precio del petróleo. Al caer el precio, la economía entró en recesión y se generaron retrasos en pagos”, explicó.
Hoy, esos atrasos en pagos a proveedores y la reciente volatilidad en los precios del petróleo complican aún más el panorama de las finanzas públicas. “Aunque el crudo se ha recuperado en los últimos días, la producción sigue siendo baja, y no hay perspectivas de ingresos extraordinarios en 2025”, comentó Calderón.
Hidalgo cuestionó la indefinición del rol entre los sectores público y privado dentro del esquema de crecimiento propuesto. “El motor económico debe ser el sector privado, impulsado por un marco normativo, institucional y tributario que fomente la inversión, lo cual todavía no se presenta de forma clara en un plan económico para los próximos cuatro años”, explicó.
NUEVO ENDEUDAMIENTO
En su segundo mandato, el Gobierno de Daniel Noboa planea continuar con el acuerdo de crédito firmado en abril de 2024 con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 4.000 millones de dólares. Hasta la fecha, Ecuador ha recibido 1.500 millones y, si supera la revisión programada para este mes, podría acceder a un desembolso adicional de 410 millones.
Noboa se comprometió a cumplir dos condiciones claves, establecidas en la carta de intención del acuerdo: la focalización de los subsidios a los combustibles, un proceso que aún está en desarrollo, y la aprobación de una reforma tributaria orientada a aumentar los ingresos fiscales del Estado.
El analista económico Jorge Calderón reconoció los esfuerzos de la ministra de Economía, Sariha Moya, por acercarse a organismos multilaterales, aunque recomendó prudencia. “Un tercio del presupuesto depende del endeudamiento. Es necesario conseguir condiciones favorables y no descartar una reapertura a los mercados internacionales”, dijo. Sin embargo, aclaró que ello requiere una reducción sostenida del riesgo país para facilitar una potencial emisión de bonos del Estado en mejores términos.
INGRESOS TRIBUTARIOS
En el corto plazo, la sostenibilidad de las finanzas públicas dependerá de tres factores clave: la recaudación tributaria, el precio del petróleo y la estabilidad económica que dinamice el consumo y, por tanto, más pago de impuesto al IVA. Para garantizar esta última, Calderón destacó la urgencia de enfrentar la inseguridad, un obstáculo creciente para la inversión y la actividad comercial.
“Si bien hay señales positivas en el primer cuatrimestre de 2025, el reto es sostener esa recuperación a lo largo del año”, afirmó Calderón, luego de señalar que aún no hay una certeza de que ese crecimiento sea una tendencia para el resto del año.
Hidalgo recordó que “todavía no se ha completado el compromiso de reforma tributaria establecido en la carta de intención, se tenía que preparar otra reforma que permitiera reemplazar los ingresos temporales que se cobraron en el 2024 por ingresos permanentes, que no necesariamente tienen que venir por el aumento de impuesto sino por reducir el gasto tributario”.
En una línea similar, Herrera consideró poco viable un incremento de impuestos, pero sí posible una modificación en materia de exenciones o remisiones tributarias.
El Servicio de Rentas Internas (SRI) anunció hace pocos días un incremento del 9,4% en las ventas y del 7,1% en la recaudación tributaria durante el primer trimestre del año, aunque con cifras no comparables con las del mismo periodo de 2024, dado que en ese entonces aún no entraba en vigencia el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% al 15%.
FOCALIZACIÓN DE SUBSIDIOS
Sobre la focalización de subsidios acordada como parte del programa de crédito con el FMI, los analistas consultados recordaron que este tema sigue siendo una tarea pendiente.
“Los subsidios actuales no están cumpliendo su propósito. Una parte significativa se pierde en contrabando o termina en manos del narcotráfico”, alertó Calderón. Para corregir esta situación, propuso el uso de tecnologías que garanticen que los beneficios lleguen únicamente a los sectores vulnerables, especialmente en el caso del diésel y el gas doméstico.
Para Hidalgo, la focalización de subsidios representa una tarea pendiente no sólo para garantizar el siguiente desembolso del crédito del FMI, sino, sobre todo, para reorganizar las finanzas públicas y, con ello, reducir una de las principales causas históricas por las cuales Ecuador ha tenido un elevado índice de riesgo país, con el consecuente freno a las inversiones extranjeras privadas en el país.
Por ahora, recordó Herrera, Noboa ha contado con una suerte que no tuvieron los dos gobiernos anteriores: logró iniciar la eliminación de los subsidios a las gasolinas sin enfrentar manifestaciones y conflictos sociales de gran magnitud.
En 2024, el Estado destinó $3.200 millones a subsidios para combustibles, según el Presupuesto General y los reportes de importación publicados por el Banco Central. La mayor parte de ese monto correspondió al diésel, que concentró el 61% del total, seguido por la gasolina (21%) y el gas de uso doméstico (18%).
El subsidio al diésel representó $1.370 millones. Esto se explica porque, aunque el precio de venta al público es de $1,75 por galón, Ecuador adquiere este combustible a $2,91, según datos de Petroecuador. La diferencia, cubierta por el Estado, equivale a un subsidio de $1,16 por galón.
POR AHORA, NO HAY MÁS INGRESOS TEMPORALES
Los especialistas consultados también recordaron que cualquier proyecto de reforma tributaria que se logre aprobar este año no podrá entrar en vigor sino hasta 2026, lo que limita las opciones del Gobierno para fortalecer la liquidez de la caja fiscal.
La última reforma fiscal vigente se aplicó en 2024, pero ya no contempla las contribuciones temporales que ofrecían un alivio al presupuesto del Estado.
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