El presidente, Daniel Noboa, ha vetado totalmente 17 proyectos de ley aprobados por el Pleno de la Asamblea. La oposición ha reaccionado con un fuerte rechazo, pero el oficialismo justifica sus decisiones; esto se vuelve antesala para el nuevo periodo legislativo.
POR: Hugo Constante
“¡El golpe no es para la Asamblea, el golpe es para los ciudadanos!”, manifestó la asambleísta correísta Victoria Desintonio, presidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos, ante el veto total que el presidente, Daniel Noboa, impuso al proyecto de Ley de participación de las rentas del Estado por industrialización del petróleo a los gobiernos seccionales de Esmeraldas, Santa Elena y Sucumbíos.
Su Comisión trabajó en esta normativa, que planteaba entregar un dólar por cada barril de petróleo que se industrialice a prefecturas, municipios o juntas parroquiales de estas provincias, según corresponda, en cuyos territorios se cumplan esos procesos de industrialización.
El Ejecutivo lo vetó totalmente con el argumento de que el proyecto de Ley no se sustentaba en estudios técnicos, económicos y legales, respecto al impacto económico en el Presupuesto General del Estado. Además, le pide a la Asamblea que ejerza sus actuaciones de manera responsable y técnica, observando el marco normativo ecuatoriano en materia fiscal.
Malestar en la oposición
La expresión de Desintonio refleja el malestar que ha generado en las bancadas de oposición la actitud del Gobierno, ya que con este proyecto de Ley son 17 las propuestas de normativa que Noboa veta totalmente desde que inició su gestión, en noviembre de 2023. La Ley de la Función Legislativa establece que podrán volver a ser tratadas al año de haberse emitido la objeción.
Desintonio opinó que a Noboa no le importan los derechos de los ciudadanos y que las leyes vetadas totalmente buscaban atender las necesidades de la gente.
Cecilia Baltazar, asambleísta de Pachakutik, tiene la impresión de que Noboa no lee las propuestas de normativa que aprueba la Asamblea y que sólo se guía de lo que le dicen sus asesores, por lo que les mete al “congelador”.
Asegura que en la integración de la nueva Asamblea eso debe cambiar, ya que el oficialismo tendrá un buen número de legisladores y Noboa debería confiar en su bancada. “Como hoy tiene asambleístas prestados, le queda la duda de si está bien la normativa que vamos aprobando”, dijo Baltazar.
El especialista en temas legislativos Marco Guitérrez asegura que un veto total es la posición más extrema que puede asumir un mandatario frente a la labor de la Asamblea y que en gobiernos anteriores este tipo de objeciones eran mínimas.
Añadió que un veto total implica no sólo que la Asamblea haya desperdiciado tiempo, sino que, lo que es peor, dijo, no se considera el aporte de decenas de personas que son llamadas a dar sus criterios y observaciones para la construcción de la normativa.
Explica que hay la posibilidad del veto parcial que permite mejorar los textos, pero que, desde la reforma de mayo de 2024, es una alternativa que redujo las posibilidades del Ejecutivo de que los textos salgan de acuerdo a su criterio.
El justificativo del oficialismo
Nataly Morillo y Nathaly Farinango, asambleístas del oficialismo, recuerdan el rol de colegislador que tiene el Ejecutivo y, por lo tanto, puede emitir vetos totales en su misión de velar por el bienestar de los ecuatorianos. “Es necesario priorizar los proyectos de Ley que realmente sirven a la ciudadanía. No podemos tener proyectos que son populistas que en el momento de ejecutarlos no van a ser viables”, dijo Morillo.
Tanto Farinango como Morillo responsabilizan a la oposición de los vetos totales. Esto debido a la reforma que aprobaron en mayo de 2024. Hasta antes de esa fecha, si el Ejecutivo emitía un veto parcial la Asamblea necesitaba 92 votos para ratificarse en sus textos aprobados en segundo debate. Con la reforma la votación requerida es de 70 votos. “Eso debió pensar la Asamblea cuando le quitó al Ejecutivo la posibilidad de vetar parcialmente”, dijo Farinango.
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