El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó el Decreto Ejecutivo 174 con el que declaró el estado de excepción en diez provincias del país: Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza. La decisión se fundamenta en la causal de “grave conmoción interna” ante los disturbios registrados durante las protestas por la eliminación del subsidio al diésel y el ataque perpetrado contra el convoy presidencial en la provincia de Imbabura.
El documento, emitido la noche del 4 de octubre de 2025, señala que los hechos ocurridos durante las últimas semanas han alterado el orden público y puesto en riesgo derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la libertad de circulación y el trabajo, según argumenta el Ejecutivo. El decreto establece una duración inicial de 60 días, con posibilidad de levantarse antes si las condiciones de seguridad lo permiten.
La Presidencia asegura que las manifestaciones lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) derivaron en episodios de violencia, secuestro de policías y militares, destrucción de bienes públicos y privados, retención de vehículos de carga y ataques a sectores estratégicos, especialmente en la Amazonía. En este contexto, el Ejecutivo sostiene que las medidas ordinarias resultan insuficientes para garantizar el orden interno.
El decreto faculta a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a coordinar operativos conjuntos para restablecer el orden, prevenir “nuevos actos violentos y proteger la integridad de los ciudadanos”. Además, suspende temporalmente el derecho a la libertad de reunión en las provincias afectadas, medida que —según el texto— busca evitar aglomeraciones que puedan derivar en ataques o bloqueos de vías. Noboa aclaró que esta suspensión no implica una restricción al derecho de manifestación pacífica.
Entre los antecedentes citados en el decreto figuran los reportes de medios nacionales e internacionales sobre el ataque al convoy presidencial del 28 de septiembre, en el que también se encontraban diplomáticos como el embajador de Italia, Giovanni Davoli, y la embajadora de la Unión Europea, Jekaterina Dorodnova. Asimismo, se mencionan bloqueos viales en Azuay, Bolívar, Chimborazo y Cañar, y la retención de uniformados en Alausí y Nizag.
El estado de excepción dispone la movilización de las fuerzas de seguridad y la coordinación de toda la Función Ejecutiva para mantener la paz social y garantizar la provisión de servicios públicos. El decreto ordena notificar la medida a la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional, la ONU y la OEA.
La decisión de Noboa ocurre en un momento de alta tensión política y social, tras más de diez días de protestas que han paralizado el transporte y afectado la distribución de productos de primera necesidad. Y en medio de fuertes cuestionamientos sobre los excesos de la fuerza pública contra los manifestantes.
La Corte Constitucional deberá pronunciarse sobre la legalidad del decreto en los próximos días, como parte del control de constitucionalidad obligatorio.
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