El presidente de la República, Daniel Noboa, renovó por 30 días el estado de excepción en Guayas, El Oro, Los Ríos, Manabí y el cantón Echeandía, en la provincia de Bolívar, debido a la persistencia de una “grave conmoción interna” provocada por la violencia criminal. La decisión se oficializó el 5 de octubre de 2025 mediante el Decreto Ejecutivo 175 y ocurre apenas un día después de que el Ejecutivo declarara un nuevo estado de excepción en 10 provincias andinas y amazónicas.
Según el decreto, la extensión del régimen excepcional responde a la continuidad de atentados armados, asesinatos múltiples, secuestros, uso de explosivos y otras acciones violentas atribuidas a grupos armados organizados (GAO) y organizaciones de delincuencia organizada (GDO), especialmente en zonas costeras. Entre el 1 y el 30 de septiembre, el sistema ECU 911 coordinó 6.210 emergencias relacionadas con delitos violentos en las provincias bajo excepción, con Guayas concentrando el 65,8 % de los casos (4.088 reportes), seguida de Los Ríos (13,2 %), El Oro (12,1 %) y Manabí (8,5 %).
El informe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas incluyó una “matriz de eventos” que detalló ataques armados a funcionarios públicos, allanamientos ilegales simulados por criminales disfrazados de policías, asesinatos selectivos y secuestros. Además, reveló una correlación directa entre los homicidios y el tráfico de cocaína en puertos estratégicos como Guayaquil, Manta y Puerto Bolívar, zonas donde las disputas entre bandas por el control logístico de rutas de narcotráfico habrían generado una escalada de violencia.
En línea con el dictamen 5-25-EE/25 de la Corte Constitucional, el decreto mantiene la suspensión de dos derechos fundamentales: la inviolabilidad de domicilio y la inviolabilidad de correspondencia, aplicables solo en los casos previstos por la normativa. El objetivo, según el Ejecutivo, es permitir operativos policiales más ágiles y prevenir filtraciones en la lucha contra el crimen organizado, sin necesidad de órdenes judiciales inmediatas para allanamientos o interceptaciones de comunicaciones.
El decreto recuerda que las Fuerzas Armadas actúan en apoyo complementario a la Policía Nacional, y que el uso de la fuerza debe observar los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad. También se advierte que los servidores públicos que abusen de sus facultades durante el estado de excepción serán responsables conforme a lo previsto en la Constitución.
Las autoridades justifican esta renovación en informes del ECU 911, Policía Nacional, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, y el Centro Nacional de Inteligencia. Todos coinciden en que los niveles de violencia, lejos de ceder, se han recrudecido pese a las operaciones interinstitucionales.
El estado de excepción anterior fue declarado el 6 de agosto y reformado el 20 de agosto para incluir a los cantones Las Naves, La Maná y Echeandía. El nuevo decreto reitera que la medida responde a una situación crítica que ha desbordado las capacidades ordinarias del Estado para garantizar el orden público y la vida de los ciudadanos .
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