No hemos logrado verificar si existe una empresa designada para dotar de comida a las cárceles
Se ha publicado que el SNAI está en etapa preparatoria para la adjudicación de un nuevo contrato. Ni el SNAI ni la Presidencia han respondido a nuestro pedido de información sobre el tema.
Hasta el 2023, Lafattoria S.A. era el principal proveedor de alimentos para el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI). Sin embargo, el 2 de mayo, el Gobierno acusó a la compañía de tener presuntos vínculos con el crimen organizado. Desde entonces, 2 de las 3 zonas en que se divide el sistema penitenciario no tienen alimento seguro.
Una publicación de Facebook asegura que la “esposa del Presidente de Ecuador es la mayor accionista de LAMORSA S.A.S, empresa que fue contratada por el Gobierno para proveer comida» para los presos. Se califica a este contenido como inverificable. Ecuador Chequea consultó si esta empresa estaría ahora a cargo del alimento en las cárceles; sin embargo, tras el proceso técnico, no se pudo determinar la falsedad o veracidad de esa afirmación.
De acuerdo con la información registrada en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la primera dama, Lavinia Valbonesi, es accionista en 3 empresas: ALYXIM S.A., VINAZIN S.A. y LAMORSA S.A.S. De esta última, incluso fue gerente general del 30 de julio del 2021 al 28 de agosto del mismo año y es única accionista.
En la misma página, la compañía describe que tiene por objeto “dedicarse a la actividad restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar”. LAMORSA S.A., también está dedicada a la elaboración de mantequilla, aceite de cacao, jarabe de glucosa, sustitutos no lácteos de leche y quesos no lácteos, sopas y caldos de diversos ingredientes, entre otros.
Este medio monitoreó información sobre si la asignación del servicio de alimentación en cárceles la tiene esa empresa; sin embargo no se encontró ninguna noticia al respecto.
Ecuador Chequea realizó un pedido de información al SNAI, para conocer si LAMORSA S.A.S, empresa de la que Valbonesi es única accionista, sería contratada para proveer de alimento en las cárceles, pero hasta el cierre de esta nota no se ha recibido ninguna respuesta. Además, al preguntar a la Presidencia de la República sobre si ya hay alguna empresa designada para proveer de alimento en las cárceles, tampoco dieron respuesta hasta este cierre, pero indicaron que el contenido es falso, sin aportar evidencias de esa falsedad. Recientemente, indicaron que todavía no pueden decir el nombre de la empresa que proveerá el servicio de alimentos, aunque afirmaron que, seguramente, se tratará de una empresa extranjera.
La contratación para servicios en los centros de rehabilitación se divide en tres zonas:
Territorial 1: Carchi, Cotopaxi, Esmeraldas, Imbabura, Napo, Pichincha, Santo Domingo y Sucumbíos.
Territorial 2: Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, El Oro, Loja, Manabí. Los Ríos, Morona Santiago, Pastaza y Tungurahua.
Terrtorial 3: Guayas.
Desde el 2011, la empresa Lafattoria S.A. era la principal compañía proveedora de alimento para el sistema penitenciario, pues le servía a la territorial 1 y 3. Según el informe de rendición de cuentas del SNAI, el último contrato con Lafattoria S.A fue suscrito el 5 de octubre del 2023, por un valor de USD 23’152.597,50. “El mismo que se encuentra en ejecución del contrato hasta el año 2025”, detalla la página 70 del documento.
El informe también incluye a la empresa Gourmet Food Service, que brinda el servicio de alimentos para la zona territorial 2, es decir a “23 centros a nivel nacional desde mayo del 2023, con un plazo de ejecución de 578 días”. La página 47 denota que la licitación de los servicios fue suscrita el 23 de enero del 2023 por USD 12’254.476,25.
Sin embargo, el 2 de mayo, el Gobierno le entregó una ‘noticia criminis’ a la Fiscalía General del Estado sobre presuntas vinculaciones que tendría Lafattoria S.A. con el crimen organizado. El presidente, Daniel Noboa, denunció en sus redes sociales que desde el 2015 la compañía ha acumulado “USD 171 millones que, de comprobarse la vinculación a los actos ilícitos presentados hoy en la denuncia a la Fiscalía, habrían sido destinados a financiar a estas organizaciones criminales”.
Por su parte, Lafattoria le reclamó al Gobierno el pago de cinco meses, desde diciembre del 2023. El 2 de junio, mediante un comunicado de prensa, la compañía confirmó que “suspende el servicio de alimentación debido a la falta de pagos, ya que el Estado Ecuatoriano se ha negado a cancelar los valores pendientes que alcanzan los 30 millones de dólares”. Por ello, dejó de proveer su servicio desde el 1 de junio a más de 200 colaboradores.
Ecuavisa compartió que desde entonces, los presos se han alimentado con donaciones. El medio le envió preguntas por escrito al respecto a la Secretaría de Comunicación, la cual contestó que el SNAI está en la etapa preparatoria para la contratación y adjudicación de un nuevo contrato.
En una entrevista para Contacto Directo, César Córdova Valverde, defensor del Pueblo, denunció que “no existe una alimentación adecuada. Reciben una ración al día, cuando la norma internacional establece tres y hasta cinco para determinados adultos infractores”.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) solicitó medidas cautelares para restablecer la alimentación de los reos. Las medidas fueron aprobadas por un juez en Quito y otro en Guayaquil. Sin embargo, Fernando Bastidas, miembro del CDH en Guayaquil, le confirmó a Ecuavisa que no se han cumplido.
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