A pesar de los avances legales, miles de niñas ecuatorianas continúan ingresando a uniones informales antes de los 18 años. Los testimonios de Jen y Kandy revelan los vacíos sociales, culturales y estatales que perpetúan el problema
Jen sostiene a su bebé de seis meses mientras calcula cómo dividir su día entre los biberones, la venta de gallinas y el sueño —todavía vivo— de ingresar a la universidad. Vive en Manabí, en la costa ecuatoriana. A los 15 años inició una unión informal con un hombre de 22. No hubo boda ni documentos, pero en su comunidad eso bastó para que se considere una relación “aceptada”.
“Fue un arrebato de una niña de apenas 15 años que no sabía nada de la vida”, recuerda. Sus padres intentaron denunciar, pero intervinieron “padrinos” que persuadieron a la familia de permitir la unión. Jen quedó embarazada a los 17 y abandonó la escuela. Hoy, con 18, repite una promesa: “Voy a postular a la universidad, así me toque andar con mi bebé” (testimonio de Jen, nombre ficticio).
Su historia no es excepcional. Según el informe de Plan International El Estado Mundial de las Niñas 2025: Déjame ser una niña, no una esposa, 22% de las mujeres de 20 a 24 años en Ecuador estuvieron casadas o en unión antes de los 18 años, y 4% antes de los 15. Entre adolescentes de 15 a 19 años, 16% de mujeres han estado o están en uniones o matrimonios (frente a 7% de hombres). En Manabí, 36,7% de madres de entre 10 y 17 años viven en unión o matrimonio. Aunque el matrimonio infantil está prohibido, las uniones informales siguen siendo comunes y socialmente aceptadas.
La normalización de lo inaceptable
“Cuando una se va con alguien, se buscan padrinos para que hablen por la pareja”, narra Jen. Esa figura comunitaria, que desactiva denuncias o evita sanciones, refleja el choque entre la ley y las costumbres locales.
De acuerdo con Plan International, Ecuador tiene un puntaje legal de 25 (bajo) en el índice SIGI (Social Institutions and Gender Index), lo que evidencia que, aunque existen leyes que prohíben el matrimonio infantil, las normas sociales informales siguen legitimando este tipo de uniones.
Entre las causas principales de los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas (MUITF) destacan los embarazos adolescentes, la pobreza, la violencia basada en género y el control sobre la sexualidad femenina.
El testimonio de Kandy (29 años, Guayas) evidencia esas dinámicas. A los 15 años inició una relación desigual con un hombre mayor, buscando la familia que no tuvo. “Él me prometió que iba a darme la familia que nunca tuve”, recuerda. Poco después comenzaron las agresiones y las prohibiciones para continuar sus estudios.
Cuando él salía a trabajar, Kandy se ponía a escondidas el uniforme y corría al colegio: “Antes de las 12 tenía que regresar”. Durante su primer embarazo estuvo sola; luego sufrió dos abortos espontáneos que atribuye a la violencia. Con el tiempo se separó, construyó su casa y retomó su educación. Hoy está por graduarse como docente. “Nadie nos va a detener, solo es cuestión de poner por delante nuestros sueños”, dice.
Educación interrumpida, maternidad temprana y autonomía limitada
Los hallazgos de Plan International muestran un patrón reiterado: la mayoría de niñas que entran en uniones tempranas tienen su primer hijo antes de los 18 años, lo que interrumpe su educación y limita sus oportunidades laborales.
En muchos hogares, las adolescentes asumen tareas de cuidado y dependen económicamente de los adultos con los que viven. Aunque algunas acceden a servicios de salud sexual y reproductiva, enfrentan presiones sociales para convertirse en madres.
Las niñas y adolescentes indígenas son las más afectadas por discriminación estructural y barreras de acceso a salud y justicia. En ellas, la desigualdad se multiplica: además de su edad y género, pesan factores étnicos y territoriales.
En Ecuador, desde 2015, el matrimonio antes de los 18 años está prohibido, y el Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona como violación cualquier relación sexual con menores de 14 años, con penas de hasta 22 años de prisión.
Sin embargo, la realidad muestra que las uniones informales funcionan como una zona gris donde se vulneran derechos sin consecuencias legales directas.
Qué funciona y qué falta
La experiencia de organizaciones comunitarias demuestra que la prevención es posible.
Plan International reporta que su metodología Zonas Libres de Embarazo Adolescente (ZLEA) logró entre 2014 y 2018 una reducción del 73% en embarazos en menores de 15 años y del 57% en adolescentes de 15 a 17 años; en comunidades indígenas, la disminución llegó hasta 50%.
Además, en el último año se implementaron 110 defensorías comunitarias conectadas al sistema nacional de protección. En 2022, junto con UNICEF y UNFPA, se desarrolló una metodología educativa de cuatro módulos que aborda las causas, consecuencias, legislación y respuestas sociales ante las uniones tempranas.
Aun así, el informe advierte que las políticas públicas no bastan sin transformaciones culturales y educativas. Las jóvenes entrevistadas piden:
- Trabajo con familias y líderes comunitarios, que cuestione las normas sociales que perpetúan las uniones.
- Educación sexual integral, gratuita y confidencial.
- Guarderías y empleos dignos para madres adolescentes.
- Formación certificada que les permita autonomía económica.
- Alfabetización jurídica, para conocer y ejercer sus derechos.
11 de octubre: escuchar y actuar
Este Día Internacional de la Niña, la consigna “Déjame ser una niña, no una esposa” resume una urgencia: escuchar sus voces y transformar las estructuras que las condicionan.
Jen sueña con volver al aula con su hijo en brazos. Kandy se prepara para enseñar a otras niñas a no renunciar a su educación. Sus trayectorias reflejan que la prevención no es abstracta: pasa por mantener a las niñas en la escuela, garantizar su salud y autonomía, y desmontar la tolerancia social hacia las uniones informales.
El estudio global de Plan International se basó en 251 entrevistas en 15 países, incluidas jóvenes ecuatorianas. Su conclusión es contundente: sin cambios en las normas sociales y sin servicios accesibles, la ley sola no alcanza.
“No nos detendremos hasta lograr la igualdad»- Plan Internacional.
El desafío —advierte el informe— es que el Estado, las comunidades y las familias conviertan esa promesa en resultados concretos: menos niñas en uniones, más niñas en aulas.
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