Las cifras de femicidios en Ecuador, en lo que va de 2017, son alarmantes. Según César Navas, ministro del Interior, hasta el 30 de junio se registraron 59 casos. Las estadísticas de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) cuentan 83 (ver gráfico). La provincia donde se produjo la mayoría de crímenes contra mujeres fue Guayas (20), seguida de Pichincha (16).

En ese contexto, en días pasados, Navas ofreció una rueda de prensa donde sostuvo que el 97 % de femicidios ocurre en el círculo familiar, por lo tanto “no es un tema de espacio público, sino privado”. La afirmación resulta insostenible.
De acuerdo a la información proporcionada por ONU Mujeres Ecuador, estos crímenes “forman parte de un continuum de la violencia de género que va del ámbito privado al ámbito público, así como de las distintas formas que pueden ir desde la psicológica hasta la muerte”. Además, es un fenómeno multicausal, que se manifiesta de maneras diferentes, en varios ámbitos, que afecta a niñas, adolescentes, adultas, de la tercera edad; ya sean mestizas, indígenas, blancas o afrodescendientes, que viven en territorios urbanos o rurales. Esto significa que requiere respuestas establecidas desde diversas instancias y niveles.
La violencia es intergeneracional. César Duque, vocero de la CEDHU, acota que las víctimas y los victimarios son intergeneracionales. “Vemos femicidios de niñas, jóvenes, adultas y ancianas; perpetrados por niños, adolescentes, adultos y ancianos.  No hay diferencia, eso demuestra que esta es una sociedad eminentemente violenta”.
En 2014, se incluyó el femicidio en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). El artículo 141 reza que “La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años”. Desde ONU Mujeres se explica que la introducción de esta figura en los cuerpos normativos permite visibilizar legalmente la problemática. Paradójicamente, hay una serie de muertes violentas que no están siendo consideradas como femicidios. Por ejemplo, las que se han producido como consecuencia de la trata de personas con fines de esclavitud y explotación sexual, los fallecimientos de mujeres por razones de honor, identidad sexual, abortos inseguros y clandestinos…
En esa línea, la CEDHU realizó una investigación en donde se expone que los jueces utilizan distintas figuras penales respecto al derecho a la vida. Es decir, cuando los crímenes se producen en un contexto íntimo se aplica –generalmente- la de femicidio; pero en los “no íntimos” se sanciona diferente. Ese fue el caso de María José Coni y Marina Menegazzo, asesinadas en Montañita en 2016, penado como asesinato… “Cuando ocurre violación con muerte, se utiliza la de la violación; si es un asesinato, y fiscal, juez y tribunal consideran que no hay relaciones de poder – tal como lo establece el artículo 141 del COIP- se pena como homicidio”. En síntesis: no hay la visibilización que se buscaba y existen subregistros.
ONU Mujeres señala que las modalidades delictivas son varias, entre ellas están el femicidio íntimo, no íntimo, infantil, familiar, por conexión, por prostitución… En Ecuador, los casos que han sido juzgados como femicidios son, en su mayoría, vinculados a una relación íntima y/o afectiva.
Una paradoja: los lugares privados como la familia y el hogar han sido socialmente concebidos como seguros por excelencia; sin embargo, en el caso de la violencia contra las mujeres se convierten en sitios inseguros y peligrosos, tal como la calle y otros espacios públicos. Es decir, hablar de seguridad ciudadana con enfoque de género permite revisar de manera diferenciada la afectación de la violencia a los hombres y las mujeres. Otra paradoja: las mujeres no están seguras ni en el hogar ni en las calles.
Las cifras lo sostienen. De acuerdo a los registros de la Comisión Ecuménica, durante el primer semestre de 2017 se registraron 83 casos. En 2016 fueron, en total, 118. “La cifra se va a incrementar, si se mantiene la tendencia, a fines de año podría ser un promedio de 150-160 femicidios”, apunta Duque.
ONU Mujeres indica que los datos son disímiles, lo cual es comprensible debido a que una de las falencias fundamentales es a la falta de información y de datos desagregados por género y edad. A esto se suma que pueden existir asesinatos de niñas y mujeres camuflados con otra nomenclatura (suicidios, homicidio doloso, culposo), lo cual impide conocer la gravedad real de lo que sucede. “Cada institución maneja cifras distintas, según la calificación que cada una le dio”, dice el vocero de la CEDHU. Por ello, resulta necesario comprender que los homicidios contra niñas y mujeres son parte de la violencia de género.

Y, en ese contexto, la actuación del Estado, dado que es el garante de derechos, es determinante. Se debe partir de que la violencia contra la mujer no es un asunto privado. Es un asunto público en donde Gobierno y sociedad civil tienen interés por conocer por qué se producen dichos actos, en reprimirlos y sancionarlos. “Toda violencia, contra cualquier persona –ocurra en ámbito privado o público- es un asunto de interés colectivo, por ende, público. Se quiere saber la respuesta que da el Estado con el objetivo de que hechos similares se reproduzcan”, concluye César Duque.
Cabe anotar que la violencia contra las mujeres ha sido reconocida como una pandemia global; pues no reconoce ningún tipo de barrera: ocurre en todos los países, a mujeres de todas las edades, condiciones socio-económicas, orígenes étnicos o confesiones religiosas. Es una de las violaciones de los derechos humanos más recurrentes.