La minería legal se mimetiza con la ilegal en la provincia amazónica de Napo, a tal punto, que nadie es capaz de definir con certeza dónde termina la una y comienza la otra. Lo que queda evidente es que la ilegal se expande cada vez más gracias a contratos turbios y organizaciones delincuenciales que incluyen empresarios, policías y funcionarios.

Ecuador Chequea, Plan V, Bitácora Ambiental y CONNECTAS

Tena, la capital de Napo, es húmeda, rodeada de ríos y selva. Pero también de zonas mineras que lucen llenas de cráteres de más de 10 metros de profundidad y máquinas de un solo brazo y color naranja. A la entrada a la ciudad, lo primero que se ve es un canchón con 146 retroexcavadoras que se pudren, entre el óxido y las hierbas.

Esas máquinas fueron retenidas el 13 de febrero de 2022 en un gran operativo llamado ‘Manatí 1’, durante el Gobierno de Guillermo Lasso, para intervenir la minería ilegal que se realizaba a vista y paciencia de todos dentro de la concesión Confluencia, de la empresa Terraearth Resources.

Para los colectivos que defienden los ríos de Napo, ese operativo era la esperanza de controlar la minería ilegal y la contaminación que viene con ella. Pero la realidad fue otra. Más bien, la expansión minera se duplicó: entre 2022 y 2024 pasó de 1.118 a 2.024 hectáreas en los cantones Carlos Julio Arosemena Tola y Tena, de acuerdo con datos de MapBiomas Amazonía, los cuales fueron contrastados con análisis geográficos del Movimiento Social Napo Ama la Vida. El 96% de la minería de Napo se concentra en esos dos cantones.

¿Cuánta de esa minería es ilegal, cuánta es legal? Las autoridades no tienen respuesta, pero, si se atan los cabos —las denuncias e investigaciones judiciales, los amaños entre empresarios, policías y hasta funcionarios, los contratos fraudulentos para que operadores ilegales minen en concesiones legales— la conclusión es clara: los límites entre la minería legal y la ilegal son tan difusos en Napo que prácticamente son una misma cosa. Fundidas, como el oro.

En 2022 se registraron 142 concesiones de oro y materiales pétreos en Napo; de las cuales 62 tenían suspensión temporal (no podían funcionar) 45 tenían un plazo vencido para entrega de documentos, que se configuró en la extinción del derecho (es decir, no podían minar) y 35 estaban en trámite (o sea que, tampoco podían operar). Es decir, al 18 de marzo de 2022, toda la extracción de productos mineros en Napo era ilegal.

Para esta investigación hemos pedido actualización sobre suspensiones, extinciones, aprobaciones y concesiones mineras en trámite, tanto al Ministerio de Energía, como a la Arcom y al Ministerio del Ambiente, sin que hayamos recibido respuesta. Las evidencias, sin embargo, están.

De acuerdo con el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés), entre octubre de 2021 y enero de 2022 se destruyeron más de 70 hectáreas de selva a orillas del río Jatunyaku, en la comunidad de Yutzupino, apenas a cinco minutos de Tena. “Aquí hay una actividad empresarial equivalente al narcotráfico”, dijo frente a cámaras —ese 13 de febrero de 2022— la entonces ministra de Gobierno, Alexandra Vela, mientras los militares en la zona desalojaban a más de 2000 mineros ilegales que trabajaban hacinados en el río Jatunyaku dentro de la concesión minera de Terraearth Resources.

Napo Ama la Vida sostiene que la extracción minera en la provincia es ilegal porque existen lugares donde no existen zonas donde no hay permisos para minar; o hay concesiones que, pese a ser legales, tienen sanciones por denuncias de daños ambientales o pagos pendientes de permisos ambientales, por lo que tienen prohibido extraer material aurífero de manera legal. Sin embargo, ahí se mina y se extrae oro.

Los seis sectores más conflictivos de Napo (por hostigamiento a comunidades que denuncian, presencia de grupos irregulares y redes de corrupción) son: Ahuano, CIAT, Río Puní, Río Jatun Yaku, Puninos, Río Anzú. En esas zonas se extraen entre 150 mil y 230 mil gramos de oro de 18 quilates por día (el valor comercial es de 51,75 dólares el gramo de oro). Esto significa que de esas seis zonas mineras sale el equivalente en oro de entre ocho y 11 millones de dólares diariamente. 

Es decir, un día de producción en esos seis sectores mineros sería semejante a lo que un trabajador recibe como sueldo básico por 1992 años. De hecho, con un año de producción se podría pagar, durante medio siglo, el sueldo de seis mil profesores, que es el déficit de docentes que tiene el Ecuador.

Esta es la idea más cercana que puede hacerse sobre la cantidad de oro que sale de Napo, pues no existen cifras oficiales.

Lo que sí se sabe es que Napo se benefició con 600 mil dólares en regalías del oro extraído entre 2022 y 2023. Esto, de acuerdo con una respuesta para esta investigación periodística del Sistema de Rentas Internas (SRI), sobre los impuestos recaudados, el pago de patentes ambientales y regalías de todas las concesiones mineras de la provincia.

En la práctica, no existe un inventario de cuántas concesiones funcionan con todos los documentos en orden, cuántas están suspendidas y cuántas perdieron el derecho minero por no cumplir con la normativa. Por supuesto, tampoco se tienen cifras sobre la minería ilegal.

Además, es una falta de compromiso con el artículo 2 dentro del Estándar EITI que es la referencia mundial para la transparencia y la rendición de cuentas en los sectores del petróleo, el gas, la minería y que el Ecuador es parte desde octubre de 2020.

Una concesión minera es legal si tiene un registro en el catastro minero estatal y está al día en sus obligaciones tanto económicas (como pago de patentes y regalías) como ambientales según lo dicta la Ley Minera vigente

Ahora, si una concesión minera que tiene un registro en el catastro minero estatal no cumple con todas o alguna de sus obligaciones y responsabilidades y tiene, por esta razón, desde suspensiones temporales hasta la reversión total del derecho minero. ¿Pueden minar en sus concesiones? O, si no pueden minar y lo hacen, ¿esa extracción sería ilegal?

Si hay actividades durante la suspensión de una concesión porque se evidenció que hay irregularidades y así lo determinan las autoridades, sí, sería ilegal si hay extracción durante la suspensión. Lo confirma Valeria Llerena, experta en transparencia de las industrias extractivas. Llerena fue consultora líder en el proyecto ‘Abordaje de riesgos de corrupción mediante el debate público y el uso de los datos EITI’. También es consultora local en el Banco Mundial y analista de asuntos internacionales en el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables.

Llerena dictó una conferencia en una sala de convenciones de Quito, sobre la transparencia y su importancia en la industria minera. Fue un sábado de agosto. Su exposición duró dos horas, en las que indicó que hasta el próximo mes Ecuador debería trasparentar sus cifras en el sector minero.

Pero la minería ilegal ha tenido un altísimo costo ambiental para los ríos amazónicos, como indica un estudio de la Universidad de Ikiam, que aseguró en 2021 que 4 ríos de Napo están muertos, por tener 500 veces más metales pesados que lo permitido. Además, varias investigaciones penales demuestran complicidad entre funcionarios, policías y empresas formales. 

Complicidad entre mineros y funcionarios

“El tráfico de oro y la minería ilegal son el segundo problema más importante de la seguridad del país”, dijo el general Víctor Herrera Leiva, director general de inteligencia de la Policía Nacional, el 4 de septiembre, en Manta.

El día anterior, a las 15:30, la Fiscalía y la Policía Nacional allanaron las oficinas del Viceministerio de Energía y Minas y de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) en Quito. Esto, porque la Fiscalía había encontrado indicios de presuntos delitos de emisión de permisos irregulares para minar. En ello estarían involucrados incluso funcionarios.

En 2018, la Arcom cerró temporalmente el catastro minero a nivel nacional; es decir, no se deberían, hasta hoy, emitir nuevas concesiones. Sin embargo, entre 2018 y 2024 se han otorgado 652 concesiones mineras en todo el país. El general Herrera señaló que existen más de 211 que, además de sacar oro, lo estarían procesando sin verificar trazabilidad y procedencia del mineral.

De acuerdo con el catastro minero más actualizado al que se tuvo acceso, entre 2018 y 2023, sólo en Napo se dieron ocho concesiones mineras de oro, que suman 4020 hectáreas. Concesiones que nacieron ilegales por la suspensión del catastro minero. Cuatro están en el cantón Carlos Julio Arosemena Tola, tres en El Chaco y una en Tena.

Una de las principales razones para la persistencia de la minería ilegal en la provincia tiene que ver con la connivencia entre empresarios mineros y funcionarios.

Por ejemplo, el 25 de noviembre de 2022 la Fiscalía hizo otra operación de control, llamada ‘Manatí II’, en la que se detuvo a seis personas acusadas de dar permisos ilegales de operación. Alias ‘El duro’ era el cabecilla de un grupo delincuencial que desarrollaba minería ilegal en Napo. Pero ‘El duro’ también era director nacional de control, seguimiento y fiscalización de la Agencia de Regulación y, junto con su hermano, movían miles de dólares en actividades ilegales de minería en Quito, Tena, Puyo, Macas y Zamora. Ese 25 de noviembre fue detenido, se acogió a la cooperación eficaz y el 18 de enero de este año fue encontrado culpable del delito de delincuencia organizada, con una pena de 16 meses de prisión. ‘El duro’ salió en libertad el 24 de marzo de este año.

A las otras cinco personas las sentenciaron a 40 meses de cárcel. Dos de ellas fueron liberadas apenas al año de prisión, por parte de un juez que hoy está siendo investigado por la Fiscalía dentro de una gran trama de corrupción en la Justicia ecuatoriana. 

Existen, por otro lado, procesos todavía abiertos. Por ejemplo, investigaciones de la Fiscalía determinaron que, desde el 19 de febrero de 2021, viene funcionando un grupo ilegal integrado, al menos, por 10 personas. Entre estas, Jofre Coronel, dueño de una concesión minera artesanal, y Ligia Caiza, actual alcaldesa del cantón Carlos Julio Arosemena Tola.

En el informe fiscal se expone que entre estas personas hubo conversaciones por teléfono destinadas a organizar la evasión de controles policiales para pasar máquinas excavadoras y para extraer oro de zonas sin permisos ambientales. La Arcom confirmó que las personas investigadas no tenían autorización para actividades mineras, a excepción de Coronel, que tiene un permiso de minería artesanal. Sin embargo, en su concesión se ha extraído oro de manera ilegal debido al uso de maquinaria pesada, pese a que en las concesiones artesanales sólo está permitido sacar oro con batea y a mano.

La Ley Minera indica, además, que se necesita un permiso especial para comprar el combustible que se usa en las retroexcavadoras y las bombas de agua que se emplean en la extracción minera. Las excavadoras deben estar registradas en el Ministerio de Transporte y los operadores mineros deben tener un documento que avale la compra de cierta cantidad del diésel que se requiere para la actividad minera. Por ello, al ser minería ilegal, el combustible también se trafica.

De acuerdo con la investigación fiscal, Coronel sería la cabeza de la estructura de asociación ilícita de minería ilegal y también sería quien planificaba la organización del abastecimiento de combustible. La alcaldesa Caiza sería una de las coordinadoras para la ejecución permanente de las actividades ilegales entre Coronel y las otras ocho personas que hacían el trabajo de campo, como resguardar el paso ilegal de las máquinas a la zona del Capricho (en el cantón Carlos Julio Arosemena Tola), los trabajos de abastecimiento de alimentación de los operadores mineros ilegales, la coordinación de reuniones y diligencias direccionadas al aprovechamiento de los recursos minerales, el abastecimiento de combustible y las evasiones de controles policiales.

Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía hay un registro de la Superintendencia de Compañías de la empresa minera Napo Kuri SAS, inscrita el 17 de noviembre de 2021, en Cuenca, en la Sierra Sur del país, lejos de Tena. Además, dos de las diez personas investigadas por presunta minería ilegal compraban combustible presentando el documento de esta empresa, aunque Napo Kuri S.A.S no consta en el catastro minero ni tiene certificado de la Agencia de Regulación para estas compras.

La investigación fiscal señala que los 10 procesados “tenían roles determinados en la extracción de oro en la zona de El Capricho, utilizando maquinaria pesada como retroexcavadoras, clasificadoras tipo Z y bombas de succión para extraer oro de un lugar no permitido. En el lugar de las actividades mineras se obtuvo la intercepción de llamadas, mensajes de voz, mensajes de WhatsApp y la identificación de números celulares y las comunicaciones”. Así, describe el documento, se comprueba que la organización abastecía de diésel, en las noches, a retroexcavadoras y bombas de agua.

Sin embargo, el proceso está varado debido a que, durante la investigación fiscal, Ligia Caiza se lanzó como candidata a la Alcaldía y ganó. Ahora, sus abogados apelan al fuero de corte. Al 5 de octubre, el juez cantonal se abstuvo de conocer el caso y ahora se espera una nueva audiencia de formulación de cargos con el juez jerárquicamente mayor, que es el de nivel provincial.

El 23 de octubre, enviamos una solicitud de información a los abogados Byron Borja y Ángel Teresaca, defensores de la alcaldesa Ligia Caiza y del concesionario minero Jofre Coronel, a través del mail que consta en el expediente de Fiscalía. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.

Policías relacionados con la minería ilegal

El 18 de julio de este año, la asambleísta por Napo Sandra Rueda presentó una gran base de datos a la Fiscalía. Ahí se ve una gran cantidad de alertas de minería ilegal que la ciudadanía ha extendido a las autoridades en los últimos tres años.

Muchas de esas alertas fueron enviadas desde el Ministerio del Ambiente, a mediados de 2023. Por ejemplo, el 7 de agosto de ese año, el director zonal de Medio Ambiente de Napo, hizo un pedido de operativo a militares y policías para hacer controles mineros en la parroquia Talag, en Tena.

Entre los nombres a los que se dirigía el oficio estaba el subcomandante de la subzona Napo de la Policía Nacional. De acuerdo con la Fiscalía, el policía fue denunciado por financiamiento o suministro de maquinarias para extracción ilícita de recursos mineros, en abril de este año.

Este uniformado estaba siendo investigado por la Fiscalía como parte de otro grupo de civiles y funcionarios que trabajan para la minería ilegal. De hecho, fue uno de los policías en servicio activo encontrados, presuntamente, traficando gasolina para las máquinas retroexcavadoras.

El hecho ocurrió en la madrugada del 14 de mayo. El policía estaba haciendo una transferencia ilegal de gasolina junto con Peng Yongming,gerente general de la empresa minera Terraearth Resources, la más grande de Napo, cuando fueron descubiertos por un operativo contra la minería ilegal. El empresario y otros dos chinos —de quienes no se logró determinar la identidad— se escondieron en un cuarto blindado y fueron rescatados por 200 comuneros, quienes evitaron que los llevaran a la Fiscalía

De acuerdo con el parte policial, firmado por el comandante de la subzona de Napo, Pablo Fajardo, ese 14 de mayo el combustible era transportado desde el cantón Joya de los Sachas hasta la empresa Terraeath Resources, en el sector de Yutzupino.

En el operativo se logró detener a dos civiles y siete policías en servicio activo, que fueron identificados por la Fiscalía como parte de una estructura delictiva dedicada al almacenamiento, transporte y comercialización de diésel y que venía siendo investigada desde hacía seis meses.

El fiscal del caso, Bolívar Burbano, confirmó que “sí se abrió un expediente, pero es de carácter reservado, al estar en indagación previa”.

Entre los documentos públicos a los que se tuvo acceso se evidencia la forma casi artesanal en la que se dan los controles mineros y las pocas veces en que se llevan a cabo.

En más de un oficio del Ministerio del Ambiente o de algún inspector de la Agencia de Regulación, por ejemplo, se lee que, cuando hay una inspección, los operadores ilegales salen corriendo y dejan las máquinas prendidas o en medio río. En otras ocasiones, la fuga de información hace que solo encuentren las huellas del escape de las máquinas. También bloquean satelitalmente la máquina para que las retroexcavadoras no puedan ser incautadas.

Empresas se prestan para la minería ilegal

De acuerdo con Andrés Rojas, exdefensor del Pueblo de Napo, hay un modus operandi que funciona así: los dueños de las concesiones mineras legales utilizan operadores ilegales “como carne de cañón”, alquilándoles los terrenos o haciendo contratos irregulares de operación, a cambio de un porcentaje del oro o de cobros mensuales por extraer material aurífero de sus terrenos.

Cuando hay alerta de operativos de control, esos empresarios mineros suelen hacer denuncias por minería ilegal en sus concesiones “y se lavan las manos aduciendo que los daños son de la minería ilegal. Sin embargo, son los dueños de las concesiones los que negocian la extracción del oro y todo lo que conlleva la logística de la minería”, asegura Rojas.

Pepe Moreno confirma lo anterior. Él es uno de los activistas más incómodos para los mineros en Napo. A la vez, es quien congrega a todas las asociaciones y agrupaciones de comunidades ancestrales, defensores de los derechos de la naturaleza, de los derechos humanos, activistas ambientales, hoteleros y ciudadanos que luchan por sus ríos en Napo.

El 23 de marzo de 2023, Moreno fue agredido por operadores ilegales luego de ser observador de un operativo de control. Esto fue en Tena, en la parroquia Talag. La agresión sucedió a pesar de que ahí había funcionarios del Ministerio de Ambiente, de la Agencia de Regulación y militares. Para completar dicho operativo y retener las retroexcavadoras era necesaria la presencia de la Policía. Esperaron 45 minutos, pero nunca llegaron.

Aun así, encontraron un frente de explotación de 15 por 10 metros de área y tres de profundidad, una retroexcavadora marca Sunward sin placas, una clasificadora tipo Z y una bomba de succión que realizaba descargas directas al río. Los trabajadores se defendieron diciendo que tenían un contrato con la empresa Terraearth Resources, a nombre de Jorge Luis Espinosa.

De acuerdo con el informe de la Agencia de Regulación, el personal de Terraearth validó el contrato por teléfono. Sin embargo, la concesión estaba suspendida por descargas directas de agua residual al río. En el documento se puede ver que el funcionario de la Arcom que firma insiste en que no se trataba de minería ilegal porque estaba dentro de una de las concesiones mineras, aunque esta estaba suspendida por incumplimientos ambientales.

El 13 de abril de 2023, PengYong Ming envió un oficio a la Agencia en el que dijo que había encontrado algunos contratos mineros presentados por “personas ajenas a su compañía”. Por ello, solicitó cancelar cuatro contratos con operadores mineros, entre esos el de Espinosa.

Para esta investigación se obtuvieron los borradores de las minutas de los contratos, en los que el acuerdo entre los operadores mineros y Terraearth Resources sería casi el mismo para todos: la empresa pide mensualmente 15 mil dólares, más IVA, por concepto de derecho de operación, que debían ser pagados los tres primeros días de cada mes y, si esto no se cumplía, el contratante tendría “absoluto derecho a decomisarle la producción de oro”.

Los pagos mensuales serían en efectivo, cheque o en especie: “oro producido bajo contrato de operación”, según se lee en los documentos. Además, el operador debería pagar el 3% de las ventas del mineral principal y los minerales secundarios y entregar las facturas de la venta a Terraearth Resources. Adicional, el operador debía pagar la afectación de la superficie del suelo y una garantía de 40 mil a 50 mil dólares. Los potenciales contratos se darían por dos años.

Al ver los operativos, “los mineros presentan estos documentos, que en la mayoría de casos no tienen la firma del representante legal de la empresa, por lo que termina en un procedimiento administrativo que nunca logra sancionar a nadie”, asegura Rojas.

Según un exfuncionario de la Agencia de Regulación que comprobó de cerca lo fácil que es minar ilegalmente en Napo, este no es un caso aislado. “Aunque tengan concesión, actualmente la mayoría de empresas operan de forma ilegal. Si no, prácticamente todas. Tampoco tienen los permisos para adquirir combustibles, necesitan permiso industrial”, explica.

Agrega que, cuando era funcionario, hizo una serie de controles en zonas mineras, hasta que incomodó a otros funcionarios y lo despidieron intempestivamente. Esto ocurrió a inicios de este año. Pide que no se revele su identidad porque teme que su vida corra peligro al denunciar lo que vio esos meses dentro de la Agencia de Regulación.

Para él, la poca voluntad de control se pudo demostrar hasta cuando en las oficinas de la Agencia en Napo hubo un corte de luz y reclamos del dueño de las oficinas, porque no tenían el presupuesto para el arriendo ni para la electricidad. Recuerda que en una ocasión tuvo que pedir mecánicos prestados a Terraearth Resources para desarmar una maquinaria de otra concesión mineral ilegal y llevársela por partes.

Lo que dice este exfuncionario se comprueba con informes de la Agencia de Regulación. Por ejemplo, a inicios de 2024 se notificó un control a la concesión Victoria 2 de la empresa Blackpearl Mining Ecuador S.A.

En el área se encontró una clasificadora tipo Z (que sirve para separar el oro de los demás minerales, llamada ‘trampa de pepitas’), tres motores de succión de agua (uno de los cuales estaba dentro de un posible frente de explotación), recipientes con combustibles y dos trabajadores mineros en una superficie intervenida de casi un kilómetro cuadrado. Si bien no encontraron maquinaria pesada, se observaron huellas de maquinaria camino al río.

“Hice un operativo en la zona de Pusuno —por denuncias de la población— de maquinaria que estaría extrayendo oro de manera ilegal en una zona sin concesión”, cuenta el exfuncionario con una voz entre tímida y arriesgada a la vez.

A orillas del torrentoso río Misahuallí, el exfuncionario también recuerda: “En pleno operativo, un alto funcionario de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Naturaleza (UN-IDCAM) le llamó al subteniente que me acompañaba en el control. A la vez, apareció gente de Blackpearl Mining, entre ellos la señora Catalina Feijoo, que comenzó a hacer bastantes llamadas. Luego, mi superior me llamó enojado, prepotente, arrogante. Me dijo por teléfono: ¿Qué hiciste?, como que le hubiera golpeado al hijo”.

Al día siguiente lo despidieron.

La empresa Blackpearl Mining no tiene permiso de explotación, sólo de exploración. Las personas halladas en la concesión dijeron que tenían un contrato de exploración entre la compañía minera y una persona, supuestamente operadora minera, de nombre Yessenia E.C. Pero, dentro del catastro minero, este subcontrato no está registrado, ni los permisos de operación de Yesenia E.C. En respuesta, la empresa Blackpearl Mining alegó que se trataba de “un contrato privado”.

Blackpearl Mining se creó en 2016 y hasta 2023 fue representada legalmente por Catalina Feijoo Marín, quien fue gerente general de las empresas RBBPACAY-Río Verde S.A. y Merendon Ecuador, de propiedad de Peng YongMing. Ambas firmas, en 2017, vendieron todas sus acciones a Terraearth Resources.

Blackpearl Mining tiene las concesiones Victoria 1, Victoria 2 y Cathy. El 4 de marzo de este año se hizo una inspección a la concesión Victoria 2 y, de acuerdo con el informe de la Agencia de Regulación, se encontró una retroexcavadora marca XCMG, cuyo chasis no coincidía con la maquinaria registrada para el contrato de operación. Adicional, hubo otra retroexcavadora en mantenimiento, una clasificadora de oro tipo Z, cerrada con candado.

Al solicitar al personal que abriera la máquina para confirmar si había mercurio, nadie tuvo las llaves, por lo que no se pudo comprobar si habían utilizado el material tóxico. El mercurio separa el oro de todos los demás restos de roca. Este es uno de los diez productos más nocivos para la especie humana; por eso, en 2013 se firmó el convenio internacional de Minamata para prohibir el uso de mercurio en la minería. Ecuador lo firmó en 2016.

El socavón que encontraron los inspectores de la Arcom ese 4 de marzo era más grande que lo que implica un proceso de exploración, por lo que les pusieron un sello de prohibición de uso hasta justificar el tamaño del cráter.

Dos días después, Carmita Calderón, asesora sociopolítica de Blackpearl Mining, envió una carta a la Agencia de Regulación, en la que reclamó que no hubo una delegación por parte de las autoridades nacionales de la Agencia y de la Policía de Delitos Ambientales para la ejecución del operativo en el que se incautaron tanques de gasolina, equipos y material aurífero. Por ello, pidió, “de la forma más gentil”, que se le devolviera inmediatamente todo y que se quitaran los sellos a la máquina para seguir trabajando. Calderón fue funcionaria del Ministerio de Minas y del Ministerio de Sectores Estratégicos entre 2015 y 2017.

Blackpearl Mining ha tenido problemas de incumplimientos administrativos, como el registrado por un Examen Especial de Contraloría, en el que se pone énfasis en que la empresa no cumplió con el porcentaje de inversión reglamentaria en su concesión Victoria 1. La Ley Minera (artículo 38) señala que la concesión debe mantener un 80% de inversión declarada y Blackpearl Mining no llegó al 73%, lo que sería causal de caducidad de la concesión.

De acuerdo con la Contraloría, a pesar de la solicitud de subsanar la observación, Blackpearl Mining no hizo nada y no se evidenció que el director distrital de la Agencia de Regulación hubiera llevado a cabo acciones de control.

El 29 de julio de este año, el grupo Napo Ama la Vida denunció con videos y fotos con dron nuevos frentes mineros en otra de las concesiones de Blackpearl Mining, a pesar de que la asesora sociopolítica de la empresa asegura que en sus concesiones no se está minando oro, sólo haciendo pequeñas pruebas piloto.

El 23 de octubre enviamos una solicitud de información a los mails de Carmita Calderón y de Catalina Feijoo que constan en los documentos de Blackperarl Mining; en la que consultábamos sobre las denuncias con dron y fotografías acerca de la extensión minera, el informe de Contraloría, las dudas de la Arcom sobre la magnitud de sus operaciones y sobre cómo maneja la empresa los contratos con terceros.

No ha existido respuesta de parte de Catalina Feijoo hasta el cierre de esta investigación

Carmita Calderón respondió al primer mail muy interesada en dar explicaciones “no sólo de BPM sino de otros clientes”, poniendo énfasis en la importancia y lo delicado del tema. A la vez, exigió que la entrevista sea con algún periodista de Ecuador. Propusimos una videollamada, debido a que se trata de una alianza periodística internacional. El 29 de octubre recibimos la siguiente respuesta (acortada) de Calderón:

“La situación en el país no es nada favorable. Solamente sí es de forma presencial, podríamos tener una entrevista; caso contrario, es muy complicado. Las personas tienden a cambiar las versiones de la realidad por desconocimiento, como lo que leo en su escrito. Yo soy una asesora minera, no sólo de Black Pearl, sino de otras empresas, nacionalidades indígenas en América y ONG’S mundiales. Nosotros somos legales, yo trabajo sólo para la legalidad de la minería en Ecuador. Estoy pendiente de ustedes, si realmente están interesados en saber la verdad, para recibirlos y, con hechos, mostrar la realidad. Mi campo es mucho más grande que las preguntas que realizan”.

Concesión

Simular la reforestación

El nombre Yutzupino es emblemático al hablar de minería ilegal en Ecuador. En esta comunidad, una parte del río Jatunyaku fue gravemente dañada en apenas 104 días, tiempo en el que se extrajeron casi 700 millones de dólares en oro y se afectaron casi 100 hectáreas de río, con más de dos mil personas que sacaban oro a mano o con máquinas a vista de todo el mundo. Eso pasó en la concesión Confluencia, de Terraearth Resources.

Luego del desastre ambiental, Terraearth Resources presentó al Ministerio de Ambiente un plan de acción para subsanar los hallazgos de la minería ilegal. Para asegurar que la empresa no es responsable, el 31 de agosto de 2022 PengYong Ming firmó todo un proceso de reforestación en 48 páginas, el cual incluía extraer más oro de las zonas destruidas. En realidad, presentó un plan que implicaba sacar el oro de las zonas de las que no sacaron del todo los mineros ilegales, como estrategia para que “no vuelvan”.

La justificación del empresario chino es que en un recorrido in situ hallaron “espacios intermedios sin intervención en los estratos de suelo” entre las áreas explotadas, por lo que plantearon que, si sobre esta superficie se aplicaran medidas de rehabilitación, “existe un alto riesgo o se podría aseverar que nuevamente será intervenido por operadores ilegales en intentos de recuperar el oro residual”. Con esa probabilidad, Terraearth Resources plantea, como estrategia, sacar el oro que faltó “para que los terrenos intervenidos pierdan interés a los operadores ilegales”.

Con todo esto, el 1 de noviembre de 2022 el Ministerio del Ambiente concedió a Terraearth Resources la licencia ambiental para 7125 hectáreas del Proyecto Tena, que junta todas las concesiones de la empresa china. Durante 2023, Terraearth Resources solicitó varias veces el ingreso de su maquinaria para este proceso particular de reforestación, como las 21 máquinas que entrarían a la zona de Shiguacocha (donde el río fue declarado muerto por la cantidad de contaminantes de la minería) el 25 de enero de 2023 o las 11 retroexcavadoras que solicitaron ingresar el 17 de mayo de 2023.

Hubo respuestas desde el Ministerio del Ambiente, en las que se recordó que el permiso de reforestación no incluía relavado. Sin embargo, en controles de 2024 los frentes mineros en las zonas en las que Terraearth Resources debe reforestar, se sigue expandiendo la minería.

El 23 de octubre de 2024, enviamos una solicitud de información sobre todos estos temas a los cuatro correos electrónicos de Terraearth Resources que constan en la Superintendencia de Compañías. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.

Los defensores de la Naturaleza no pierden la esperanza

A partir del desastre ambiental de 104 días, doce organizaciones sociales de Napo pusieron una acción de protección contra el Estado, por la falta de control del crecimiento de la minería ilegal. La ganaron en primera y segunda instancias. El 13 de abril de 2022, el juez de la Corte Provincial de Napo obligó a los ministerios de Minas y del Ambiente, y a la ‘Agencia de regulación y control de energía y eecursos naturales no renovables’ a presentar, en 180 días, un plan de reforestación de las zonas afectadas. Nunca lo presentaron.

En enero de 2023, los colectivos de Napo pusieron una demanda por incumplimiento de la demanda anterior. El juez pidió un plan de reforestación a las carteras de Estado en 48 horas. Hasta hoy, no hay plan.

Al contrario, en Napo la minería se ha seguido expandiendo en ríos y concesiones que no cuentan con todos los permisos de operación. Es decir, después de la acción de protección contra el Estado por falta de control de minería ilegal, la minería creció en 907 hectáreas. “Siempre hemos dicho que el Estado es el responsable de este biocidio”, dice el defensor Andrés Rojas.

“Los dueños de las concesiones siempre argumentan que son los ilegales los que dañan (el suelo). Que ellos por poco y explotan con esponja y algodón”, asegura Rojas. En realidad, concluye, “lo que hay detrás de todo esto, y ojalá algún rato se descubra, es un caso de corrupción enorme y tal vez uno de los más lucrativos en Ecuador”.

Con más de 100 documentos anexos, el Ministerio del Ambiente aprobó, el 5 de julio de 2024, el informe presentado por la asambleísta Sandra Rueda, para que se declare emergencia ambiental y Estado de Excepción focalizada por minería ilegal en Napo. Esto después de que no hubiera surtido efecto el exhorto hacia el presidente de la República, Daniel Noboa, aprobado por unanimidad en la Asamblea Nacional para que declare en emergencia a la Amazonía en los sectores de salud, educación, vialidad, seguridad y medio ambiente.

“No perdemos la esperanza de que se haga justicia y se declare emergencia minera en Napo y se prohíba la minería”, dice Pepe Moreno, quien luego recuerda, como un mal presagio, las 146 retroexcavadoras que dan la bienvenida a los visitantes de Tena.