La polémica por los hechos de corrupción en Petroecuador y por el presunto pago de coimas por parte de Odebrecht motivaron el punto de vista del candidato oficialista Lenín Moreno.
En el espacio de radio en línea de Ecuador Inmediato, el exvicepresidente expresó:

“…en este Gobierno sí se detecta y sanciona los temas de corrupción, eso es algo que no había antes”.

Lo dicho también fue recogido por la página oficial de la figura de Alianza PAIS.
El enunciado del candidato resulta falso, si se atiende a la proposición con la cual concluye: sostener que antes del correísmo ni se detectaban ni se sancionaban los casos de corrupción.
Para ello Ecuador Chequea confronta dos épocas: 1997-2008, mientras estuvo vigente la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC), y el nuevo ciclo constituyente: 2008-2016.
En los registros de la CCCC se destacan 4600 casos de corrupción, de los cuales 600 terminaron en responsabilidades penales y de ellos apenas el 5 por ciento concluyó en sentencia.
En las cifras que maneja la Fiscalía General del Estado, en cambio, para el ciclo 2007-2016 se distinguen 1973 informes con indicios de responsabilidad penal y de ellos, hasta septiembre pasado, 157 alcanzaron sentencia condenatoria.
En todo caso, a favor del enunciado de Moreno se desprende que en el periodo reciente creció el porcentaje de casos que terminan en sentencia condenatoria: hasta los 7,9 puntos (ver Tabla 1), casi tres puntos más que el ciclo anterior.
Tabla 1

Las estadísticas que presenta la Fiscalía difieren, sin embargo, de los informes que manejan la Contraloría y en sí la Función de Transparencia y Control Social (FTCS). Así, entre 2007 y 2016 se identifican 2058 casos: 1 822 reportados por Contraloría hasta 2015 (ver Tabla 2), más 236 registrados por la FTCS para 2016.
Tabla 2

Y de los reportes de Contraloría se desprende que, para el año anterior, Esmeraldas, Pichincha y Guayas fueron las provincias donde más casos de corrupción fueron denunciados (ver Tabla 3).
Tabla 3

El medio digital Focus desarrolló, asimismo, un balance de los casos de corrupción de los últimos 10 años. Bajo el título Fiscal y contralor en la mira por la impunidad de la corrupción en el gobierno de AP, el equipo periodístico pone énfasis en los procesos que, a su criterio, la Contraloría y la Fiscalía han desestimado, archivado o solicitado su nulidad. Entre ellos constan los casos Petrobras (2010), Petrochina (2013) o Yachay (2015).
PUNTO DE VISTA
María Laura Patiño / Abogada, especialista en sistemas financieros y transparencia pública
Se puede notar que la forma actual de escoger al Contralor, a través del la Función de Transparencia y Congtrol Social, cuyos miembros son nombrados como se ha visto también por mecanismos que aseguran cercanía al Ejecutivo, acerca mucho al Contralor hacia la Función Ejecutiva y le quita independencia, lo cual puede generar conflictos de interés.
La forma de nombramiento anterior, a través del Congreso mediante acuerdos políticos más amplios, daba más autonomía al Contralor, y evitaba que su cargo dependiera del Ejecutivo.
Por tanto la expresión de Lenín Moreno de asumir como propia del Ejecutivo la capacidad de identificar casos de corrupción muestra una visión en la cual se asume que el Ejecutivo controla al Contralor, algo que no asegura la independencia de este funcionario que debe actuar como juez de cuentas de los actos también de funcionarios del Ejecutivo.