En el debate, los dos candidatos presidenciales estuvieron de acuerdo en la militarización de varios puntos del país, como puertos y aeropuertos. Las cifras de inseguridad reflejan una crisis profunda, pero los especialistas dudan de que esta medida resuelva el tema.
El domingo 1 de octubre del 2023 se desarrolló el debate presidencial de la segunda vuelta. Allí, el candidato Daniel Noboa, de la alianza ‘ADN’, y la candidata Luisa González, de la Revolución Ciudadana, expusieron sus propuestas en cuatro ejes temáticos, uno de ellos fue la seguridad del país.
En este eje la candidata González propuso:
- Poner en marcha el Plan Resurgir de la Paz y la Seguridad.
- Entregar 500 millones de dólares para equipar a la Policía. Dotarles de vehículos, motos, equipamiento de comunicación, rehabilitar UPC, dotar de armamento.
- Fortalecer el ECU 911.
- Retomar el control de las cárceles, de las vías, de los espacios públicos.
- Se militarizarán cárceles, puertos y aeropuertos.
- Trabajo coordinado con instituciones nacionales.
- Trabajo coordinado con organizaciones internacionales para el crimen organizado.
- Generación de empleo para los jóvenes.
- Iluminar los espacios públicos.
En el tema seguridad el candidato Noboa propuso:
- Clasificación de los delincuentes. Categorizarlos como narcoterroristas.
- Poner en marcha del Plan Fénix.
- Militarización de las Fronteras, incluyendo tecnología como drones.
- Militarización de los puertos con rastreo satelital en el acompañamiento de las exportaciones.
- Presencia militar en las principales vías y un sistema de escaneo en los peajes previo a la llegada de puertos.
- Vigilancia ciudadana en los barrios urbano-marginales con tecnología junto al Gobierno de Israel.
- Construcción de una agencia de inteligencia que se reporte a la Presidencia de la República.
- Segmentación de las cárceles.
- Sistema transitorio de cárceles barcazas.
- Aislamiento total de los presos catalogados como violentos.
Como se puede ver, los dos candidatos están de acuerdo con la militarización en varios puntos, como en las fronteras, puertos y cárceles. Esto, en un contexto en que la violencia en Ecuador va en ascenso. En este análisis nos preguntamos si la militarización es realmente una solución o no.
Según boletines informativos del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) —perteneciente a la Pan American Development Foundation, (PADF)—, Ecuador ya se constituye como uno de los países más violentos de Latinoamérica y del mundo. Ecuador ha experimentado un aumento del 528,10% en el número de homicidios intencionales, en comparación con el primer semestre del 2019. Al final de este 2023, el país puede superar las 7.000 muertes violentas, alcanzando una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, mayor a 35. Hasta agosto, la cifra ya es de 26 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Los homicidios a adolescentes con armas de fuego constituyen el 94,31% de todos los homicidios intencionales a ese grupo etario. El reclutamiento por parte de grupos de delincuencia organizada en Guayaquil, Esmeraldas y Quevedo se convierte en tendencia.
La zona de frontera sur, según OECO, muestra los mayores incrementos a nivel nacional en su tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. El avance del narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal y el tráfico de armas desde Perú son los principales factores detrás de este aumento.
Boletín OECO:
https://oeco.padf.org/wp-content/uploads/2023/09/BOLETIN-SEMESTRAL-DE-HOMICIDIOS.pdf
Según el informe de caracterización del crimen organizado en Ecuador, desarrollado por este Observatorio, en términos generales, el narcotráfico es la principal expresión del crimen organizado, fenómeno que ha dinamizado otros delitos conexos, como el tráfico de hidrocarburos, la corrupción, el tráfico de armas y el lavado de activos. Las organizaciones criminales en el país acentuaron sus relaciones de búsqueda de dominio territorial a partir de la pandemia de Covid-19, modificando profundamente el panorama delictivo, tanto en el posicionamiento criminal en aquellos territorios, con un flujo representativo de delitos graves, como el tráfico internacional de drogas y armas, así como la incidencia en las disputas de poder por las plazas de microtráfico en las ciudades portuarias.
A partir de la relación de aspectos geopolíticos, como el perfil costero, la afluencia hídrica, la baja ocupación del suelo o la baja presencia del Estado en territorios de frontera, se concluye que el narcotráfico, el lavado de activos, la corrupción, el tráfico de armas y el tráfico de hidrocarburos se perciben como las principales expresiones de crimen organizado, observándose que dichas actividades guardan una relación causal para el desarrollo y despliegue de la criminalidad organizada en el país.
Aquí el informe completo:
Los puertos de Ecuador, como el de Guayaquil y el de Esmeraldas, se convierten en puntos clave para la exportación de droga. InSight Crime también se refiere a la droga incautada en Suramérica. Menciona que Ecuador es un país de tránsito, donde el flujo de la droga aumentó desde el 2022 y este hecho también trae consigo un aumento en la violencia, y señala que la tasa de homicidios prácticamente se duplicó en el 2022 por segundo año consecutivo. Esta violencia se atribuye a enfrentamientos entre organizaciones narcotraficantes.
Según el análisis de InSight Crime, la droga saldría desde los puertos de Guayaquil y de Esmeraldas hacia Rusia y Australia. Las operaciones policiales parecen indicar que Ecuador es, hasta el momento, el principal país de origen para la cocaína que llega a Rusia en grandes barcos. Sin embargo, otros países de la región, como Uruguay, también parecen estar sirviendo como punto de partida.
Ecuador se ha convertido en uno de los principales puertos de salida de los cargamentos de cocaína que grupos criminales albaneses envían a Europa.
¿Qué significa todo eso?
Javier Montana, experto de las Naciones Unidas en control y seguridad portuarias, explicó a InSight Crime que el volumen de cocaína que sale por el Callao sigue siendo modesto. Otros puertos de la región, como Santos, en Brasil, desde donde el poderoso Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital —PCC—), despacha grandes cantidades de cocaína a la mafia italiana ‘Ndrangheta’, y el puerto de Guayaquil, Ecuador —arrasado por la violencia extrema de las disputas entre pandillas por el control del tráfico—, siguen siendo dos puntos importantes en la exportación de drogas.
Con el fin de llevar grandes cantidades de drogas a Europa, los traficantes están aumentando el flujo de cocaína a través de Guayaquil, que por mucho tiempo ha sido un punto de transbordo de drogas procedentes de países vecinos, según el InSight Crime.
La más reciente incautación en el Puerto de Guayaquil se realizó el 5 de septiembre, cuando perros de la Policía descubrieron unos 300 kilos de cocaína ocultos en un cargamento de atún a bordo de un barco que debía parar en puertos de España y Bélgica, informó El Telégrafo. Un agente antidrogas dijo que no se hicieron arrestos, pero que la cocaína estaba marcada con el símbolo ‘X19’, lo cual podría ser un indicio sobre el grupo narcotraficante.
Guayaquil, la mayor ciudad del país y donde se encuentra el puerto más grande, es un importante punto de salida de la cocaína. Las incautaciones marítimas de cargamentos de drogas han aumentado en todo el país. En septiembre del 2018, Plan V informó que las autoridades habían incautado cerca de 40 toneladas de cocaína allí durante los últimos dos años.
Las formas del crimen
Ocultar drogas en cargamentos marítimos se ha vuelto tan común, que la técnica ha sido denominada ‘gancho ciego’, que consiste en que ciertos contenedores específicos son identificados antes de que sean subidos a los barcos. Los traficantes rompen el sello de los contenedores, ocultan las drogas en su interior y luego remplazan el sello por uno nuevo. Como resultado, las drogas quedan ocultas entre los cargamentos legales.
Por ejemplo, en el 2018 se descubrieron 270 kilos de cocaína por el valor 10,7 millones de dólares, ocultos en pescado enlatado que iba a Bélgica, 353 kilos en plátanos que iban hacia Rusia, y 700 kilos en mariscos que iban hacia España, informó Plan V.
Pero, aunque el ‘gancho ciego’ ha resultado ser popular en todo Ecuador, no es la única táctica que se utiliza. Las drogas también se envían al extranjero a través de empresas fachada de exportación, son ocultadas en las estructuras de los contenedores, o bien son adheridas a los cascos de los barcos.
En el análisis de InSight Crime, aunque Colombia suele ser el centro de atención del tráfico de estupefacientes, no se puede subestimar la importancia de su vecino, Ecuador, como punto de transbordo, especialmente para la cocaína con destino a Europa.
Durante la presentación del más reciente informe de la Comisión Interamericana para el Control y del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (Cicad – OEA), el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Diego Tipán, dijo que en Ecuador se incautaron 500 toneladas de sustancias ilegales entre el 2014 y el 2019. De los países no productores, Ecuador es el que decomisa la mayor cantidad de drogas en el mundo, agregó.
Ubicado entre Colombia y Perú —dos de los principales productores de cocaína en el mundo—, Ecuador y su industria marítima son un objetivo atractivo para los traficantes.
Casi un tercio de la cocaína colombiana pasa por Ecuador, según funcionarios antidrogas entrevistados por InSight Crime. La cocaína se transporta por carretera desde Colombia hasta Guayaquil, donde se almacena en viviendas o bodegas privadas hasta que se puede subir a los cargamentos.
El candidato Noboa explicó en el debate que las vías que conducen hasta los puertos también deben ser militarizadas, además de los puertos en sí y las cárceles. La candidata González también habló de militarizar los aeropuertos. Entonces, ¿la solución para terminar con el crimen organizado está en la militarización?
Crimen organizado versus militarización
El Servicio Nacional de Rehabilitación Social (SNAI), en varias ocasiones ha intervenido en las cárceles junto a militares. En dichas intervenciones, además de armamentos de última tecnología, han encontrado hasta una piscina de tilapias. Se conoce públicamente que hay ciertos pabellones de las cárceles donde los presos, sobre todo los líderes, tienen privilegios y desde los centros de reclusión de Ecuador se realizan negocios con el narcotráfico y se dan órdenes para atentar contra la vida.
Actualmente, las fronteras también están militarizadas, pero la presencia y el cuidado que el Ministerio de Defensa son deficientes, pues los soldados que las custodian no cuentan con transporte y equipos básicos para realizar monitoreos. Esta realidad es visible, por ejemplo, en la frontera con el Perú, donde hay presencia de dragas, caza de animales únicos de la zona y tala de árboles. Aunque cerca de las fronteras hay destacamentos militares, los oficiales no salen a patrullar las zonas por falta de lanchas y hasta de combustible.
Además de militarizar estos dos puntos mencionados, los candidatos a la Presidencia de la República propusieron en el debate militarizar las vías de acceso a los puertos y aeropuertos. Para el analista en seguridad Carlos Blanco, la propuesta de militarizar estas zonas es demagógica porque no se puede contar con el personal necesario y explica que las Fuerzas Armadas tienen alrededor de 22.000 hombres en servicio activo, de los cuales 5.000 son oficiales administrativos y quedarían alrededor de 15.000 oficiales operativos, que, a su parecer, no cubrirían todo el territorio ecuatoriano. “Y no siempre van a estar operativos en las calles, los oficiales deben descansar para poder rendir, es decir, no habría el suficiente número para cubrir estas áreas”. Además, recalca que no están capacitados para estas funciones, deben instruirlos y asignarles unas nuevas funciones.
¿Si no es posible cubrir el territorio ecuatoriano con el número de soldados existentes, entonces sería conveniente obtener ayuda de otros países? Ante esta pregunta, Blanco indica que los candidatos pueden pedir ayuda, pero deben tener en cuenta que la Constitución no les permite la incursión de otros países en suelo ecuatoriano, se necesitarían bases militares en el país y eso está prohibido desde que sacaron la Base de Manta.
¿Qué se puede hacer y qué no?
Si los candidatos proponen que se obtendrá ayuda extranjera, primero se debe cambiar la Constitución, señala el analista. Además, insiste en que se debe reformar el Código Penal, para que haya una verdadera justicia que no deje casos en la impunidad. También señala que se debe eliminar la ciudadanía universal, porque atrae diversas mafias, como la albanesa, mexicana, colombiana, brasilera, entre otras, pues el país no cuenta con filtros confiables para registrar quien ingresa en nuestro territorio.
“Debemos tener un marco legal correcto. Fabricar estrategias, como jueces sin rostro, dar paso a la extradición, como se hizo en Colombia, para que los líderes del crimen organizado sepan que si cometen delitos serán apresados para ser enviados a las cárceles de Estados Unidos, donde jamás volverán a ver el sol”, dijo Blanco.
Y sostiene que la militarización no es la solución a la inseguridad que vive Ecuador, pues los grupos del crimen organizado van a buscar vías alternas para seguir exportando la droga; por ejemplo, “si militarizan las vías principales de acceso a los puertos, ellos buscarán vías secundarias para sacar la droga, van a utilizar los ríos, buscarán la manera”.
También indica que en la legislación los ecuatorianos no cuentan con elementos logísticos ni tácticos para enfrentar el actual crimen organizado. “Ni siquiera se puede derribar aeronaves, a menos que estemos en guerra. Podemos saber que llevan cargamentos de droga, pero no hay como derribarlas, nuestra legislación no lo permite. Si hacemos eso, estamos derribando civiles. De toda la droga que pasa por Suramérica, el 70% sale por Ecuador, por la permeabilidad que hay en las fronteras y la Marina ecuatoriana no cuenta con las suficientes naves para controlar. Necesitamos ayuda de países con experiencia en estos temas, pero esta ayuda debe apegarse a lo que dicta la Constitución”, concluye Blanco.
Por su parte, Renato Rivera, coordinador de OECO, señala que las fronteras ya están militarizadas, aunque no son suficientes los esfuerzos para contener el tráfico de drogas. Y, según su análisis, la militarización de los puntos expuestos por los candidatos no sería la solución para terminar con el crimen organizado y las olas de violencia. Rivera propone utilizar la lógica de la investigación; esto es, investigar cuántos grupos de narcotraficantes existen en el país e impactar su patrimonio.
Concuerda con Blanco en que los controles de todos los puntos mencionados por los candidatos no forman parte de las funciones de los militares, primero se les debería asignar nuevas funciones. “La propuesta de militarizar todo suena atractiva para captar votos, pero es poco efectiva para obtener resultados”, enfatiza Rivera.
Con un enfoque investigativo, incluso, según Rivera, se puede identificar qué oficiales de la Policía y militares están involucrados con el crimen organizado y reitera que el objetivo principal debe ser debilitar a las economías criminales, poner mayor esfuerzo en controlar el lavado de dinero, punto que no fue planteado por los candidatos. Según Rivera, el principal trabajo que tendría que hacer el presidente electo es investigar y dar seguimiento a los capitales que son resultado del crimen organizado, más que llenar al país de militares.
Experiencia de la militarización en El Salvador
Según un estudio de la Flacso, publicado en el 2010, la militarización de las fronteras de El Salvador, como política de seguridad pública, no sólo obedece a los altos niveles de violencia que vive este país, sino que también se relaciona con las políticas públicas de orden mundial establecidas desde Estados Unidos, cuyo objetivo central es la lucha antidrogas, principalmente. Según el Observatorio Centroamericano sobre Violencia, El Salvador fue considerado en esa fecha, uno de los países con más altos niveles de violencia.
Andrés Dimas, periodista salvadoreño de Revista Focos, quien nos dio una entrevista para esta nota, cuenta que la militarización de El Salvador no inició con Nayib Bukele, como se tiene en el imaginario de Ecuador. Aquí lo que nos dijo:
“En el 2009 los militares ya empezaron a patrullar las calles, junto con los agentes de policía de la sociedad civil. La Policía en El Salvador no está vinculada al Ejército, sino al poder civil. A partir del 2009 se decretaron tares a las Fuerzas Armadas para que realicen patrullajes en conjunto. Pero la presencia de militares aumentó la violencia en las calles, con extorciones, homicidios, secuestros, violaciones por parte de los grupos criminales. Esta medida de sacar a los militares a las calles era bastante popular para los políticos, para poder decir que estaban haciendo algo y la respuesta de las organizaciones criminales ante esta medida fue violenta.
Las funciones de las Fuerzas Armadas eran cuidar las fronteras y la soberanía del país, pero ahora están facultadas para realizar detenciones, muchas de ellas señaladas por los Derechos Humanos como arbitrarias y con abuso de autoridad. Se evidencia ahora que no valen las pruebas para detener a alguien sino el número de detenidos en zonas consideradas como rojas, que son poblaciones pobres.
Según cifras, las pocas a las que tenemos acceso, se ve que la violencia ha disminuido, pero tenemos nuestras dudas de que sea por la presencia de militares en las calles. La población se siente más segura, pero no por la presencia militar, sino por la huida de los pandilleros a zonas que son de difícil acceso para policías y militares. Los militares han servido como agentes de dispersión, pero no se puede medir la efectividad, las cifras están reservadas. Lo que sÍ se ha documentado es el abuso de autoridad, porque con el régimen de excepción se les ha facultado para capturar a personas de manera arbitraria. Hay un caso muy sonado recientemente donde una niña de 13 años fue violada en una zona costera. La obligaron a tener relaciones bajo la amenaza de que, si no lo hacía, le iban a someter al régimen de excepción.
Sobre las cárceles, el mando de las mismas no lo tienen los militares, ellos cuidan perímetros alrededor, hay inteligencia militar dentro de los centros penitenciarios. Hay un régimen de excepción duro dentro y fuera de las cárceles. Dentro de las cárceles también hay vejaciones, a todos los presos los tratan como pandilleros y no se tienen cifras de cuántos sí lo son y cuántos no. Hay denuncias incluso de gente que no ha sido sentenciada en un juicio. Ahora hay personas dentro de las cárceles que viven este régimen duro y ya hay denuncias de violaciones a los Derechos Humanos. El mando en las cárceles lo tienen civiles y someten a los presos a la falta de atención médica, a alimentación, a torturas, etc. La gente afuera aplaude esto porque con estas medidas se ha espantado a los pandilleros”.
