Los datos demuestran que en los últimos años el crimen organizado ha atrapado a más menores de edad: el problema de fondo es estructural.
POR: Esteban Cárdenas Verdesoto
En las calles del país la violencia ha encontrado un nuevo terreno fértil para expandirse y del que tomar partida con el único objetivo de lograr su cometido, y estos son los menores de edad. Y es que las estadísticas revelan un ligero, aunque preocupante, repunte y gran presencia de menores de edad involucrados en el cometimiento de delitos, aunque todo esto viene de un problema más estructural del que parece.
Este fenómeno, según expertos, no sólo expone la crisis de seguridad del país, sino también una falla estructural del sistema en el que vive Ecuador, que, en sus palabras, ha dejado a los menores a merced de las bandas criminales. Aquí te presentamos una radiografía de esta realidad.
Una mirada en la cifras
En el país, de enero a agosto de 2025, se han reportado un total de 1.856 menores de edad detenidos por cometer algún tipo de delito, según datos del Ministerio del Interior.
El dato representa un aumento paulatino, si se lo compara con los últimos años, aunque aún lejano de las estadísticas reportadas en periodos como 2019. Y es que en 2024, el país reportó un total de 1.577 menores detenidos en el mismo periodo; en 2023, 1.577; en 2022, 1.575; en 2022, 1.343; en 2021, 1.332; en 2020, 1.456 y en 2019, año en el que se alcanzó un repunte demás considerable, el dato reportado fue de 2.129 menores detenidos.
Sin embargo, si se ve desde los datos anuales, se puede notar que el país ha mantenido unos valores consistentes de la detención de menores de edad, por diversos delitos. Y es que en 2024 este dato alcanzó los 2.280 casos; en 2023, los 2.310 casos; en 2022, 2.050; en 2021, 1.899; en 2020, 2.188; y en 2019, una vez más el año con mayor incidencia, un total de 3.121 casos.
Según Daniel Pontón, analista en seguridad, estas cifras pueden parecer bajas y consistentes, pero representan una alerta que ha venido fortaleciéndose y manteniéndose año tras año; el aumento o consolidación de menores de edad como mano de obra —siempre forzada— de las organizaciones criminales. Pero esto es solo una parte del panorama.
Los mismos datos oficiales demuestran que este año, la mayor parte de menores de edad detenidos son hombres, con un 89,9%, mientras que el 10,1% son mujeres. Además, el 71,4% son mestizos, el 11,5% son afroecuatorianos y apenas el 4,7% son indígenas.
Por otro lado, si se analizan las causas de las detenciones, también se puede tener un panorama sobre qué tipos de delitos son cometidos en mayor medida por niños y adolescentes.
La mayor parte, según las estadísticas, están vinculados a robos, con un 37,9%. A este le siguen los delitos contra la seguridad pública, con 23,2%; después viene delitos vinculados al tráfico de drogas, con 22,2%; seguido inmediatamente por secuestros, con 5,9% y delitos sexuales, con 5,5%.
Pero la participación de los menores en el crimen no sólo se ve en estas estadísticas, sino también por el aumento indiscriminado de los homicidios a menores de edad en el país. Y es que, entre enero y julio de 2014 a 2025, los homicidios a niños y adolescentes ha crecido de manera exponencial.
Las cifras demuestran, por ejemplo, que en este periodo de 2014 se reportaron 54 homicidios a menores de edad; mientras que en el mismo periodo de 2025 este dato ascendió a los 336 casos. Esto, en otras palabras, representa un aumento del 522% en los últimos 11 años.
Sin embargo, sólo entre 2024 y 2025 ya ha existido también un aumento que levanta alarmas para los expertos. Y es que entre enero y julio de 2024, las cifras de menores asesinados fue de 224, lo que representa un aumento del 50%, si se compara con las cifras que ya se cuentan en 2025.
Y el panorama es igual de claro si se analizan los datos anuales y la fuerza de la representación de los menores de edad en los datos globales de homicidios y violencia en el país.
Además, según los datos, el 96,1% de los homicidios a menores de edad cometidos en lo que va de 2025 se tipifican como asesinatos y el 96,8% responde a casos de violencia criminal. Asimismo, el 93,5% de estos homicidios se cometió con armas de fuego.
Esto, una vez más, remarca los problemas que vive actualmente la niñez y la adolescencia en el país y su cercanía con el crimen organizado, algo que se ha ido cocinando de a poco y hoy arroja estas estadísticas. Pero, ¿por qué se da esto y qué implicaciones tiene?
Detrás de las cifras
El uso de menores de edad por parte de los grupos delictivos va más allá del simple delito. Daniel Pontón, experto en seguridad, define a este grupo poblacional como el “ejército natural” para “expandir los negocios ilícitos.
Sus roles, que antes se limitaban a infracciones menores, han escalado a funciones vitales para la operación de las organizaciones criminales. Ahora, según el experto, se utilizan como mano de obra para extorsiones, venta de drogas, pero también para labores de inteligencia como “campaneros o vigías”. Pontón asegura que el caso más claro de esto se puede ver en la penetración de las mafias en la vida de los jóvenes a través del sicariato, formando incluso verdaderas escuelas de sicarios en zonas vulnerables y barrios marginalizados.
Esta dinámica, asegura, responde a una racionalidad criminal de las bandas, que utilizan menores estratégicamente como carne de cañón. Y asegura que esto seguirá creciendo año tras año, si no se atacan los problemas estructurales que tienen las zonas marginales del país. Aclara que en los espacios donde no hay educación, acceso a oportunidades, y otros factores necesarios para el desarrollo humano, los menores verán siempre al crimen como una vía de escape.
Por otro lado, para Verónica Pólit, experta en derechos de la niñez, es necesario desmentir el mito que sostiene que las organizaciones criminales reclutan menores porque sufren de penas mucho más “laxas”. La experta destaca que en Ecuador, si se compara con otros países de la región, se tienen penas severas para menores que cometen “infracciones penales”, aclara que este debe ser el término utilizado para estos temas. Además, asegura que este discurso de las “penas leves” es la misma narrativa que las mafias utilizan para coaccionar a los jóvenes a delinquir. Y es que a través de esta supuesta inmunidad les convencen para poder empezar en el camino delictivo.
Pólit asegura que, mientras antes de 2018 los menores eran mayormente procesados por delitos de naturaleza sexual; hoy ha habido un incremento de aproximadamente el 35% de infracciones relacionadas con la operación de grupos delictivos, como porte de armas y tráfico de drogas.
Y para la experta, toda esta dinámica llega porque las organizaciones criminales manipulan la propia cultura de los menores a través del involucramiento en sus vidas directamente, sobre todo en barrios marginalizados. En estos espacios, dice, la falta de oportunidades y salidas hace que las bandas se posicionen como una forma de llegar a una mejor situación económica, salir adelante, ayudar a su familia; y esto, cuando no hay otras opciones para estudiar y trabajar, se convierte en una solución. Por esto, asegura que los menores también terminan siendo víctimas de las condiciones de seguridad estructural y pragmática, aunque en el camino sean ellos los obligados a cometer infracciones penales.
Según Insight Crime, estas son algunas de las causas que hay detrás del aumento del reclutamiento también:
Esto, además, asegura Pólit, se ve fortalecido por el hecho de que el sistema penal ecuatoriano se centra únicamente en delitos individuales, pero no en el reclutamiento mismo, “que es el delito de fondo”. Para ella, todo esto es un círculo vicioso, en el que, a pesar de que la ley lo tipifica (al reclutamiento) como un delito grave, las denuncias formales por reclutamiento son “bajísimas”, lo que dificulta que la justicia actúe de forma efectiva en la causa raíz del problema.
Y es que la problemática actual, dice, evidencia un fracaso del Estado en la prevención. Pólit explica que, a pesar de que en el Código de la Niñez y Adolescencia de 2003 ya se establecía la necesidad de una estrategia de prevención, no fue sino hasta junio de este año que el Gobierno emitió el primer decreto presidencial que la establece a nivel nacional, “pues hasta las escuelas son espacios donde se da el reclutamiento”. Sin embargo, los expertos aclaran que estas estrategias deben ser acompañadas de una atención integral a los menores y a los lugares que habitan, para quitarle el camino al crimen; aunque concuerdan que lo que se está buscando desde algunos sectores no es más que criminalizar a las mismas víctimas.
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