Se trata del par de expectativas que primero respondieron ciudadanos consultados de cara al inicio del gobierno de Daniel Noboa. Expertos recuerdan la necesidad de aclarar la real situación del país y el corto tiempo que tendrá la próxima administración.

La respuesta de la gente consultada por Ecuador Chequea en zonas de gran movimiento comercial en el norte de Quito sobre sus expectativas de cara al inicio del gobierno que el joven empresario costeño Daniel Noboa deberá asumir a fines de este año es simple, concreta y directa: que adopte medidas para mejorar la economía y seguridad.

Se trata de la prioridad en la que coincidieron 12 personas consultadas esta mañana, al día siguiente de que el Consejo Nacional Electoral confirmara el triunfo de Noboa por sobre la candidata del correísmo, Luisa González.

Las otras cuatro personas restantes, en cambio, declararon que el tema prioritario es el de combatir la corrupción.

Para el joven de 22 años Elías González, el mejoramiento de la economía y la inseguridad es indispensable para el país y para su propia situación personal y laboral. Considera que, por los problemas que enfrenta el país en ambas situaciones, la ciudad de la que es oriundo, Quevedo, no le ofreció oportunidades para ejercer su profesión; y, como consecuencia, tuvo que migrar a Quito para encontrar un trabajo acorde a sus preparación profesional y expectativas.

“En mi ciudad sí me ofrecían trabajo, pero como mano de obra barata y sin la menor oportunidad de ejercer mi profesión en la docencia en informática. Esto lo encontré acá, en Quito”, señaló, tras recordar que el clima de inseguridad y de violencia sigue afectando el desarrollo e incluso el mantenimiento de las actividades comerciales en su ciudad natal.

Steven Andrango, de 20 años y a punto de graduarse como ingeniero eléctrico, comentó: “Lo que pido es que se haga un verdadero esfuerzo policial y militar para proteger a los negocios, para que pueda moverse la economía, que puedan trabajar más tiempo sin miedo”. Este universitario considera “que, hoy más que nunca, es indispensable que el nuevo Gobierno incentive a las empresas a dar oportunidades de primer empleo a los jóvenes, sin exigir experiencia de un año, pero que demuestren que son profesionales recién graduados”.

Jade Montesdeoca, propietaria de un negocio familiar de comida en Cotocollao, dijo: “Sin seguridad no hay nada, ni economía, ni trabajo, ni nada. De la seguridad depende todo, incluso que este rato usted y yo estemos hablando. Entonces, lo primero que deberá hacer el presidente Noboa es preocuparse en serio, no sólo con discursos, sino con cosas concretas, para mejorar la seguridad y encarcelar a todos los extorsionadores. En donde yo vivo no han venido, pero nada nos garantiza que no vengan”.

María Minda, de 34 años de edad, auxiliar de enfermería que trabaja en el centro de Quito, indicó que para ella es primordial es el combate a la corrupción. “Se va tanto dinero que bien podría servir para contratar a más personal en zonas donde en verdad se necesita más salud. Entonces, la expectativa que tengo es de que el nuevo Gobierno abra más puertas para el trabajo”.

Análisis

Frente a estas expectativas consultamos el criterio de expertos en ambas materias: el director ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal, Jaime Carrera, y el coordinador del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, Renato Rivera. Ambos recordaron que obtener resultados concretos frente a las mencionadas demandas es uno de los más grandes desafíos en materia de gestión que puede enfrentar un presidente.

Esto, explicaron, debido al escaso tiempo del que dispondrá el próximo Gobierno, de apenas un año y medio. El cual, además, estará marcado por un nuevo periodo electoral a declararse en unos meses, para convocar y organizar las elecciones presidenciales, de asambleístas y autoridades locales, para el período 2025-2029.

Carrera comentó que, a pesar de las expectativas que el mismo Noboa creó y las que tiene la gente en su gestión, el nuevo Gobierno debe empezar evidenciando la real situación económica que enfrenta el país. Este es un tema prioritario, para evitar un desgaste político y planificar de manera técnica y responsable las finanzas del país; e impulsar “acuerdos mínimos” con diferentes sectores, sostuvo Carrera.

Entre los principales datos de la situación económica hasta septiembre anterior, que el Observatorio ha verificado con los reportes del presupuesto del Estado del Ministerio de Economía y Finanzas, constan:

–          2.643 millones de dólares de “déficit real” del presupuesto del Estado.

–          1.582 millones de dólares en cuentas por pagar.

–          1.261 millones de dólares no pagados al IESS por concepto del 40% de pensiones de los jubilados.

–          461 millones en valores pendientes de pago a gobiernos locales

“Si al déficit de $2.643 millones, que resulta de procesar la información de la página web del Ministerio de Finanzas, agregamos el gasto no registrado del IESS, por $130 millones, y el gasto no registrado de los gobiernos locales, por $342 millones, el déficit real a septiembre alcanza 3.115 millones”, señala el reporte del Observatorio.

Rivera, en cambio, indicó que, pese a las enormes dificultades que representa conseguir resultados concretos en materia de reducir los índices de criminalidad en un espacio reducido de tiempo, el próximo Gobierno sí puede implementar medidas concretas, alcanzables y realistas.

Se trata, explicó, de priorizar y “focalizar” el trabajo de investigación, para identificar a los principales actores del crimen organizado y los tipos de actividades que realizan en las zonas donde, precisamente, tienen más incidencia. Y a partir de estas investigaciones específicas, indicó, las instituciones de la seguridad pueden planificar medidas más eficaces.

“Lo primero es realizar una intervención focalizada de los homicidios, concentrar todos los esfuerzos institucionales donde hay mayores índices de violencia. Estos son los casos de las zonas 8 y 7, que corresponden a Guayaquil, Durán, Samborondón y El Oro, Loja y Zamora, donde se han disparado las tasas de homicidios. Haciendo estas intervenciones es bastante probable tener una reducción de la tasa de todos los homicidios a nivel nacional. Y esto puede ser medido como un éxito como política de seguridad”, indicó.

“La articulación interinstitucional, ya sea a través de Fuerza de Tarea o de otro tipo de mecanismos, significa que todas las instituciones trabajen en conjunto en esos sectores. Es decir, empezar investigaciones desde la Fiscalía e identificar qué organizaciones criminales están generando más violencia, de dónde están siendo económicamente alimentadas; y eso debe tener una corresponsabilidad de los jueces para llegar a una mejor sentencia”, comentó el especialista.

Otras medidas que puede aplicar apenas el próximo gobierno asuma el poder son las de retomar el control de las cárceles mediante nuevos controles específicos, que impidan actos de corrupción en el trabajo que desempeñan guías carcelarios y policías que intervienen en el control de las cárceles. Además, indicó, debe crearse un subsistema de inteligencia de inteligencia penitenciaria con capacidad de “alimentar información a todo el sistema de Inteligencia y evitar nuevas masacres en las cárceles”.

Finalmente, una tercera medida, que requiere más tiempo, pero es indispensable iniciar, dijo Rivera, es que se impulse una verdadera coordinación y un trabajo concreto del Consejo Nacional de Política Criminal, integrado por 15 entidades del Estado, para “trabajar en macroinvestigaciones para desestructurar las organizaciones y no tanto a las personas que es el enfoque actual”.

Desde la visión local

El concejal de Quito Michael Romeo Aulestia Salazar, miembro de la Comisión de Seguridad, respondió, ante la expectativa que genera un nuevo gobierno, declaró que es una obligación y una responsabilidad ineludible de las autoridades municipales coordinar y planificar de la mejor manera, con una buena y permanente comunicación, las acciones indispensables para garantizar la seguridad, “entendiendo que esa es una competencia exclusiva del Gobierno central, pero el Municipio no se puede hacer a un lado con sus dos fuerzas de control, que son los agentes metropolitanos y los agentes civiles de tránsito.

Aulestia también aseguró que las autoridades de la Policía Nacional en la capital quedaron en deuda con el Concejo Metropolitano, al no presentar en septiembre anterior estadísticas actualizadas de homicidios en la ciudad.

La estadística que sí presentaron, recordó, fue la de una disminución de un 13% de robos en Quito al pasar de 10.051 casos en los primeros ocho meses de este año, en comparación con los 11.491 en el mismo período del año anterior.

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