POR: Hugo Constante
El autodenominado ‘Frente en defensa de la salud, educación pública, trabajo digno, derechos humanos y de la naturaleza’ se movilizará a escala nacional en contra del Gobierno. En Quito, la contratación será a partir de las 16:00, en la Caja del Seguro. En las provincias, cada organización define su punto de congregación.
Si hasta la semana pasada el punto central de la jornada de protesta era la eliminación del subsidio al diésel, hoy se suma también como plataforma de lucha el rechazo a la insistencia del presidente de la República, Daniel Noboa, de ir a una Asamblea Constituyente a través de una consulta popular.
Para Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, Noboa quiere violentar la democracia con una Constituyente al corte y características de un Gobierno “autoritario” para tener asambleístas de acuerdo con sus necesidades y línea de acción. «Pero, sobre todo, para construir una Constitución que garantice los privilegios de la clase dominante, que elimine el derecho a la resistencia, que posibilite las privatizaciones», dijo Erazo.
José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), dijo que hay una serie de factores que les lleva a regresar a las calles: exigir la derogatoria del decreto 126 (que elimina el subsidio al diésel), que se declare a la salud y educación en emergencia, que paren los despidos y la defensa del IESS.
Villavicencio agregó la lucha contra la Constituyente no sólo será en las calles, sino que también en el ámbito electoral, ya que se inscribirán en el Consejo Nacional Electoral (CNE) para hacer campaña por el No en la consulta popular de Noboa; considera que lo que se busca es eliminar todos los derechos adquiridos de los trabajadores y otros sectores sociales.
“La consulta popular se va a convertir en un plebiscito sobre la gestión de un primer mandatario que no escucha, que no atiende las principales necesidades del pueblo”, dijo Villavicencio.
Una de las organizaciones políticas que ya se inscribió para hacer campaña en ese sentido es Unidad Popular, cuyo director, Geovanny Atarihuana, opinó que el Gobierno quiere someter al país a tropas extranjeras y a las “grandes chequera”s. “Es una oportunidad de decirle en las urnas ‘No’ a este Gobierno que ha presentado preguntas que no resuelven los problemas del país, por lo que se puede convertir en un plebiscito. Si queremos sancionar la incapacidad del Gobierno para resolver el tema seguridad, la falta de atención en salud y su política económica con la eliminación del subsidio al diésel, la consulta popular es la oportunidad para castigar y derrotar en las urnas a Daniel Noboa”, dijo Atarihuana.
Obreros y sector indígena
La movilización de los sectores sociales se suma al paro progresivo que el movimiento indígena está cumpliendo en varias provincias de la Sierra con el cierre esporádico de vías. Erazo indica que se suman a esa acción de lucha para darle una batalla a este Gobierno, para enfrentarlo en la calles con el objetivo de echar abajo los decretos que, según ellos, han afectado la economía de los ecuatorianos y forma parte del desarrollo de la lucha social. “La Conaie ha planteado que respalda la lucha de la clase obrera; la clase obrera, los sectores sociales respaldamos la lucha de la Conaie, pero también nos incorporamos a esa pelea, ya que esta no es sólo una lucha de la clase obrera o sólo del movimiento indígena. Esta es la pelea de todo un pueblo”, dijo el dirigente.
Por su parte, Villavicencio manifestó que la clase obrera, los sectores sociales y el movimiento indígena tienen los mismos objetivos y luchan desde sus propios espacios, unos en el campo, en la ruralidad y otros en la ciudad, pero con el objetivo de tomar acciones conjuntas.
Noboa minimizó las protestas y calificó a los dirigentes de la Conaie, de “revoltosos que quieren motestarnos tanto”.
Atarihuana indicó que el Gobierno no debería minimizar la protesta social y peor aún criminalizarla.
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