Desde 2024 hasta lo que va de este año, 1191 casos de desapariciones permanecen sin resolver, una cifra que crece año a año y que se ve afectada por varias violencias en el país. Para los familiares de los desaparecidos, el Estado es un ente sordo, cuyas falencias y omisiones se van acumulando desde hace mucho tiempo. 

POR: Juan Camilo Escobar

Entre enero y marzo de este año, en Ecuador cada día se presentaron 20 denuncias por desapariciones al día. Son dos más que en el mismo periodo del año anterior. Y, sin embargo, la noticia apenas provoca un parpadeo en el trajín político nacional. 

La estadística fue difundida hoy por la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas (Asfadec), con datos del portal de información abierta del Ministerio del Interior. La organización, nacida del dolor, ha hecho de la memoria su herramienta de lucha, de la resistencia su forma de duelo.

En el primer trimestre del año se reportaron 1.728 denuncias de desaparición. De ellas, 353 permanecen abiertas. 

Pero no es todo, en 2024, se reportaron 6.875 denuncias: un promedio de 18 por día. De ese total, el 12,2 % —838 casos— continúa sin respuesta. Eso quiere decir que entre 2024 y lo que va del 2025 1191 personas desaparecieron y sus casos continúan sin respuesta. 

El informe de Asfadec también recuerda que, en 2024, el propio Ministerio incluyó una categoría que antes se omitía: desapariciones relacionadas con “grupos delictivos organizados, pandillas, mafias o cárteles”. Se registraron 79 casos, el 80% de ellos hombres jóvenes, entre los 18 y los 35 años.

Estas desapariciones siguen sin resolverse por la falta de información básica e indicios clave, señaló Luis Ángel Saavedra, representante de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh). “Eso evidencia una deficiencia estructural en la capacidad del Estado”, afirmó, al advertir que esta falencia se mantiene desde hace años debido a la ausencia de una política integral, la insuficiencia presupuestaria y la limitada cantidad de agentes de investigación.

Saavedra explicó que, a diferencia de las desapariciones de adolescentes y jóvenes por motivos sentimentales, familiares o académicos —que suelen resolverse con rapidez—, cada año se acumula un número significativo de expedientes sin respuesta.

El representante de Inredh también alertó que la situación se agravó en 2024, tras la declaración del conflicto armado interno y el anuncio del presidente, Daniel Noboa, de indultar a miembros de las fuerzas del orden involucrados en casos de violencia.

“Si existen indicios de una desaparición, debe presentarse una denuncia para que la Fiscalía active de inmediato los mecanismos de investigación”, subrayó. No obstante, ratificó la veracidad y certezas del informe de la Asfadec; según el cual esa activación no siempre ocurre, incluso cuando hay señales de que mujeres jóvenes desaparecidas habrían sido captadas por redes de trata. “Por eso las investigaciones deben iniciarse en las primeras horas, fundamentales para detener estos delitos antes de que escalen”, insistió.

Saavedra concluyó que lo más grave es la presunta existencia de desapariciones forzadas, que derivan en nuevas denuncias. “Esto es sumamente grave para la sociedad y para la democracia”, advirtió.

Detalle de las cifras

Las cifras adquieren aún más peso cuando se las sitúa geográficamente. Guayas concentra el 39,6% de los desaparecidos hallados sin vida. Le siguen Pichincha, con el 15,2%; Esmeraldas, con 8,1%; y luego Manabí y El Oro. En cuanto a las causas, el 41% de estas muertes corresponde a homicidios; el 28%, a causas indeterminadas; el 16%, a accidentes. El resto se reparte entre suicidios, femicidios y otras causas.

Pero hay un dato que hiela la sangre: once desapariciones forzadas ocurrieron durante operativos militares en Los Ríos y Guayas en el marco del Conflicto Armado Interno. Nueve son de conocimiento público; dos permanecen en reserva “por razones de seguridad”. El Comité Permanente de Derechos Humanos de Guayaquil ha documentado, además, 33 detenciones forzadas cometidas por patrullas militares en 2024.

El informe también compila el número de desaparecidos reportados anualmente por el Ministerio del Interior, sin incluir el total de denuncias presentadas: entre 1947 y 2019, las autoridades registraron 1.392 desaparecidos. En 2020, la cifra fue de 227; en 2021, aumentó a 360; en 2022, se reportaron 594 casos; en 2023, 730; y en 2024, el total ascendió a 838.

LA LUCHA

Lidia Rueda, presidenta de Asfadec, no necesitó elevar la voz para que sus palabras golpearan con fuerza: las desapariciones, dijo, se están agravando por múltiples violencias —algunas personales, otras claramente estructurales— y por una mezcla tóxica de criminalidad organizada, negligencia institucional y desmemoria burocrática. “Los registros oficiales están desactualizados, los datos son imprecisos y las investigaciones se obstruyen desde adentro”, denunció.

La Fiscalía, agregó Rueda, ha fallado de forma sistemática: ni investiga, ni escucha (menos del 10% de los casos, insiste), ni actúa con sensibilidad. Las promesas de crear unidades especializadas o de capacitar a funcionarios han quedado en papel mojado, lamentó. Recordó que las familias enfrentan trámites que se alargan durante semanas por la ausencia de funcionarios, por policías que se rehúsan a recibir denuncias y por agentes que están “de vacaciones”. Cada uno de estos obstáculos es una puerta cerrada para quienes buscan a sus seres queridos.

Y recordó algo más. Que ni siquiera la pandemia logró detenerlas. “En 2020, cuando nos prohibieron salir porque podíamos morirnos, nosotros salimos. Llamábamos para preguntar por nuestros casos y nos decían: ‘Estamos haciendo teletrabajo’. Pero nadie va a encontrar a nuestros seres queridos por teletrabajo. Si hay que derrumbar paredes para encontrarlos, eso no se hace con teletrabajo. Nos contagiamos. Pero no nos hemos muerto”.

Rueda fue, precisamente, la encargada de presentar el ‘Informe sobre la problemática de la desaparición de personas en Ecuador’, en un auditorio de la Universidad Andina Simón Bolívar, acompañada de madres, hijas y hermanos que sostenían fotografías y pancartas. En sus manos, los rostros ausentes; en sus voces, un grito que el Estado aún no ha querido escuchar.

Así, Rueda decía en voz alta: ¿Por nuestros seres queridos? Y los familiares respondían a todo pulmón ¡Nadie se cansa! Y a continuación gritaban ¡Justicia!, ¡Justicia!. ¡Justicia! Y nombraban a sus seres queridos.

CITA TEXTUAL DEL INFORME:  “Los familiares de personas desaparecidas informaron que al momento de presentar la denuncia no se emite de forma inmediata el afiche oficial, sino que se demora varios días. Incluso hay demoras en la publicación del mismo en la web http://www.desaparecidosecuador.gob.ec y cuando se publica el afiche, los datos personales, características físicas o circunstancias de la desaparición no son precisos. Familiares afirman que existe demora en la asignación del agente fiscal y policial para conocer el caso, y cuando lo conocen las frases se repiten: “No es el único caso, tenemos más casos”, “es un lugar peligroso, no podemos entrar” o “el agente está de vacaciones, regrese en un mes”.”

CRÍTICAS

El informe de Asfadec lanza su crítica más severa no contra los criminales, sino contra el Estado. La descoordinación entre Fiscalía, Policía y Ministerio del Interior es, según las familias, uno de los mayores obstáculos. La falta de voluntad política, la ausencia de un protocolo efectivo, la indiferencia: todo conspira para que una denuncia no llegue a ningún lado, mientras una madre camina en morgues y hospitales sin saber si su hijo vive.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

En la presentación del informe, Gina Benavides, catedrática de la Universidad Andina y coordinadora del Programa Andino de Derechos Humanos, destacó la existencia de leyes —como el COIP y la Ley Orgánica de Personas Desaparecidas— que exigen que la búsqueda sea inmediata, especializada y permanente. Sin embargo, subrayó que estas disposiciones rara vez se cumplen. “Lo que debería ser responsabilidad del Estado recae sobre los hombros agotados de las familias, que, día tras día, siguen buscando a quienes parecen haber sido olvidados por todos los sistemas”, dijo.

Benavides expresó su preocupación por las cifras que comienzan a salir desde 2024, tras la declaratoria de conflicto armado no internacional. Las cifras, que incluyen 35 casos reportados por la Defensoría del Pueblo, 33 por el Comité Permanente de Derechos Humanos y 29 por el Comité de Naciones Unidas, están alertando al Estado. «Lo que está claro es que no se trata de un caso aislado», afirmó. Citó como ejemplo el caso de Las Malvinas, donde cuatro niños fueron desaparecidos y muertos tras ser detenidos por militares en diciembre de 2024. «Esto podría no ser un incidente aislado, sino una política sistemática. En su rol de garante, el Estado debe adoptar políticas efectivas, porque, según las normativas internacionales, estas violaciones pueden acarrear responsabilidades tanto a nivel nacional como internacional», agregó.

Hasta el cierre de esta nota, Ecuador Chequea seguía esperando una respuesta por parte del Ministerio del Interior y de la Fiscalía General a las críticas planteadas por Asfadec.

DESMEMORIA ESTADÍSTICA

El portal de datos abiertos del Ministerio del Interior de Ecuador sólo reporta estadísticas de desapariciones forzadas desde 2017, lo que ha generado cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos. Rueda criticó la ausencia de registros anteriores y afirmó que el Estado los ha borrado “por arte de magia”.

Señaló que existen dos antecedentes oficiales que son ignorados. En 2014, durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, el entonces fiscal general, Galo Chiriboga, proporcionó verbalmente una cifra sobre desapariciones, pero nunca la publicó de manera oficial. Años más tarde, bajo el mandato de Lenín Moreno, el sistema de emergencias ECU 911 reconoció un error en las estadísticas atribuidas a Chiriboga.

Entre los cientos de casos no incluidos en las estadísticas figura el de Álvaro Nazareno, un joven de 27 años que desapareció en el hospital Eugenio Espejo de Quito. El caso llegó a una sentencia judicial en la que se reconocieron indicios de desaparición forzada. En 2022, fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el fin de establecer la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano.

Aunque el caso de Nazareno ha sido catalogado como “emblemático”, Rueda advierte: “No queremos casos emblemáticos, sino que se investiguen todos los casos”.

En Ecuador, cada cifra parece un fantasma. Cada nombre, un eco. Cada caso sin resolver, una herida abierta en muchas familias. Y aunque pocos se atreven ya a decirlo en voz alta, la pregunta sigue ahí, sin respuesta, golpeando la conciencia del país: ¿Dónde están?

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