Documento judicial y notificaciones oficiales muestran que la esposa del presidente del Consejo de la Judicatura figura como destinataria de la defensa de un procesado extranjero en el caso Euro2024. En la audiencia apareció un gesto interpretado como amenaza y el juez afectado presentó renuncia, no aceptada.
En agosto de 2024 fue vocero de dos acusados por delitos de narcotráfico, pero actualmente preside el máximo órgano administrativo de la Función Judicial, encargado de la administración del sistema encargado de procesarlos. Su esposa ejerció la defensa de otro procesado por narcotráfico que amenazó de muerte, mediante gestos, al juez que dictó la sentencia en su contra. Posteriormente, a ese mismo magistrado le fue negada la renuncia que presentó tras recibir la amenaza.
No se trata del guion de una novela sobre narcotráfico, sino de la situación que rodea al actual presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, tal como lo demuestra la cadena de hechos que salió a la luz pública esta misma semana.
El miércoles 17 de diciembre la opinión pública quedó conmocionada por una columna del penalista Felipe Rodríguez Moreno publicada por Primicias bajo el título “Los valientes están solos”.
Ahí se relata el caso del juez Carlos Patricio Serrano Lucero, integrante de la Unidad especializada que juzga delitos vinculados al crimen organizado, quien, según esa versión, habría recibido presiones de un funcionario de la propia Juicatura para “prestar especial atención a la defensa del extranjero” en un proceso de lavado de activos y, tras negarse, enfrentó consecuencias: retiro de seguridad, negativa de renuncia y una convocatoria para integrar tribunal en un caso de alta conmoción.
En esa columna también se recuerda que durante la audiencia en la que se dictó condena, el procesado habría hecho un gesto de degüello dirigido a los jueces, interpretado como amenaza de muerte y registrado en video.
¿Quién es el “alto funcionario” que, según la denuncia, habría presionado al juez, y qué evidencia como grabaciones, chats, registros de ingreso, llamadas será incorporada formalmente a una posibles investigación y proceso penal?
El juez amenazado asevera que tiene la evidencia registrada en una grabación, según el artículo de Rodríguez, que culmina con un llamado potente a la Fiscalía: “Aquí tienen, Fiscalía General del Estado, su notitia criminis. Ahora, de oficio, abran la investigación. Tengan, les entrego la llaga. ¿Listos para encontrar el pus?”
Tras la conmoción que generó este artículo, la Fiscalía respondió mediante un escueto comunicado en el que anuncia que iniciará una investigación.
En el expediente de este caso, registrado en el sistema E-SATJE de consulta de procesos judiciales con el código 17U05202400216, del denominado Causo Euro 2024, se identifica a este ciudadano extranjero como el serbio Jezdimir Srdan.
Él fue investigado por la Fiscalía en el caso Euro 2024 por el presunto delito de lavado de activos vinculado al narcotráfico, para quien se solicitó prisión preventiva, medida que fue acogida por el tribunal que conoció la causa. En algunos extractos del video de la audiencia realizada vía telemáticael 20 de noviembre de 2025, se registra, precisamente, que Srdan realiza el mencionado gesto de amenaza de muerte.
En el expediente también consta que la esposa de Mario Godoy, la abogada Dolores Vintimilla, así como su estudio jurídico Invictus, aparecen como destinatarios de las notificaciones, en sus calidades de abogados patrocinadores.
También se registra una extensa exposición de la Fiscalía sobre la relación entre transferencias internacionales desde Alemania, la constitución de sociedades en Ecuador como Vivo Pro Vobis S.A., Servi Seguridad, adquisiciones de bienes pagados en efectivo y la existencia de pesquisas internacionales que, según la Fiscalía, vincularían a los fondos investigados con actividades de narcotráfico y contaminación de contenedores con cocaína.
Ayer, Vintimilla publicó un comunicado en X en el que señalaba que “a partir de 2024, decidí dejar de ejercer el patrocinio de varias causas debido a que en ese mismo mes contraje matrimonio con quien hoy ostenta el cargo de Presidente de la Judicatura”. Agrega que “lo que ha sucedido en un año en que se ha venido desarrollando el proceso después que dejé la defensa de la causa de lavado de activo podrán contestar sus actuales defensores, ya que jamás participé en ninguna audiencia relacionada al caso, ni formulación de cargos, ni evaluatoria de juicio y peor aún en audiencia de juicio”. Así, indicó que su defensa fue únicamente en la etapa preprocesal de investigación previa y no he mantenido contacto alguno con quienes ahora son procesados”.
A diferencia del año anterior, cuando dejó de patrocinar legalmente a la exvocal del Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno, procesada en el Caso Independencia Judicial por obstrucción a la justicia, en esta ocasión Vintimilla no adjuntó la solicitud a la función judicial sobre esta decisión.
Así, en la documentación del proceso no se registra que, a partir de noviembre de 2024, Vintimilla haya dejado de ejercer el patrocinio legal en la causa de Srdan. Por el contrario, el sistema E-SATJE refleja que la última notificación dirigida a la defensa fue emitida a las 18:38 del lunes 24 de noviembre de 2025, esto es, un año y cuatro meses después de que Godoy asumiera la presidencia del Consejo de la Judicatura.
Hasta las 17:50 de hoy Ecuador Chequea intentó comunicarse con el estudio jurídico de Vintimilla, pero nadie contestó el teléfono que consta en su página en Facebook.
RENUNCIA RECHAZADA
Ayer Godoy publicó un pronunciamiento en el que afirma que el Consejo de la Judicatura no aceptó la renuncia del juez Serrano porque mantiene “causas de conmoción social” que requerían emisión de sentencias por escrito. Además, Godoy sostuvo que la asignación o retiro de seguridad no es competencia del CJ y describió un intercambio de oficios y correos sobre el nivel de riesgo y la vigencia del análisis del Ministerio del Interior.
Este caso tuvo repercusiones políticas: ayer mismo el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, convocó al Pleno para el domingo 21 de diciembre de 2025 (15:00) con el fin de resolver sobre un pedido de comparecencia de Godoy “con fines informativos” por la gravedad de denuncias sobre presuntas intromisiones en la administración de justicia.
El antecedente de fondo: quién es Godoy y cómo llegó a presidir la Judicatura
Mario Godoy fue designado como vocal y presidente del Consejo de la Judicatura por el CPCCS el 10 de julio de 2024, mediante una votación dividida, con votos a favor, en contra y una abstención. Desde su designación, distintos ha sido objeto de cuestionamientos a su trayectoria profesional por haber defendido, en el libre ejercicio, a procesados por narcotráfico y a actores políticos de alta exposición.
EL CRITERIO JUDICIAL
La abogada y analista de temas judiciales, Gabriela Panchana, opinó que esta situación exige “un pronunciamiento público, claro y sin ambigüedades por parte de los vocales del Consejo, reconociendo la gravedad del conflicto de intereses expuesto y de las presiones denunciadas por el juez Carlos Serrano”. Consideró que “el silencio institucional, en un contexto como este, solo profundiza la desconfianza ciudadana”.
Panchana reclamó además que la investigación “no excluya a nadie” y que “se incluya a los propios vocales del Consejo de la Judicatura, a su presidente y a todos los funcionarios de la institución”. “Solo una investigación de este alcance permitirá determinar responsabilidades, establecer quiénes han actuado de buena fe y quiénes podrían estar coludidos con redes de crimen organizado, y avanzar en una depuración real del sistema judicial”, sostuvo.
Sobre la situación del juez Carlos Serrano afirmó que el Consejo tiene “una responsabilidad inmediata”: aceptar la renuncia del magistrado si esa es su decisión final, o, en caso de que Serrano decida continuar, “ofrecerle de manera efectiva las garantías de seguridad, independencia y protección necesarias para que pueda ejercer su cargo sin presiones ni amenazas. Cualquier otra respuesta sería una forma de revictimización”.
La especialista también planteó una medida concreta para reducir la percepción de conflicto: que “los vocales deberían pedir unánimemente al presidente del Consejo que, al menos, se excuse de sus funciones mientras se esclarecen los hechos, como una medida básica de transparencia y protección institucional”. Añadió que esa excusación temporal es “un estándar mínimo de ética pública” para preservar la confianza ciudadana y la imparcialidad del órgano que administra y sanciona a los jueces.
Por ahora, a la espera de que la Fiscalía inicie la investigación del caso, tal como lo anunció ayer, Panchana enfatizó que, además de la indagación penal, el Poder Judicial y el propio Consejo deben garantizar mecanismos de protección efectivos para los magistrados que enfrentan riesgo. “Si el juez está dispuesto a continuar, el Estado debe habilitar las condiciones para que lo haga con seguridad y autonomía. Si no, aceptar su renuncia sin extender un procedimiento que lo exponga es una mínima obligación institucional”, dijo.
