Aparte del juicio político, el titular del Consejo de la Judicatura enfrenta una denuncia penal por presunta delincuencia organizada.
La polémica que envuelve al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, por su pasado como abogado de narcotraficantes lo que le generaría un conflicto de interés en el ejercicio de su actual cargo, trasciende lo político y llegó al ámbito penal.
Jorge Moreno, exdiputado, interpuso una denuncia en contra del funcionario, de su esposa Dolores Vintimilla y en contra cuatro consejeros del Consejo de Participación Ciudadana por el presunto delito de delincuencia organizada, tráfico de influencias, fraude procesal e intimidación.
La Fiscalía abrió la indagación previa y el denunciante acudió al reconocimiento de su firma, por lo que informó que incluirá en la denuncia a José Suing, expresidente de la Corte Nacional de Justicia, quien fue en su momento el que incluyó a Godoy en las ternas presentadas al Consejo de Participación Ciudadana para que designe al titular de la Judicatura.
En el escritorio de su denuncia, Moreno detalla presuntas injerencias del Consejo de la Judicatura hacia el juez anticorrupción Carlos Serrano, quien sentenció a prisión al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan. El objetivo habría sido que falle a favor de Srdan, quien en primera instancia tuvo como abogada a Dolores Vintimilla, esposa de Godoy. Para el exdiputado, resulta evidente que Godoy maneja la Judicatura en defensa de sus intereses particulares o de orden político.
Agrega que Godoy fue designado presidente de la Judicatura por parte del Consejo de Participación, a pesar de las impugnaciones ciudadanas que se interpusieron en su contra, pero que no fueron acogidas por los consejeros de Participación. Por lo que a cinco de ellos: Andrés Fantoni, David Rosero, Johanna Verdezoto, Piedad Cuarán y Jazmín Enriquez se les incluyó en la denuncia penal.
Moreno indicó que el país está envuelto en una vorágine de violaciones constitucionales y corrupción al más alto nivel, empezando por el presidente de la República, Daniel Noboa; la Fiscalía con Carlos Alarcón como su titular por dignación del Consejo de la Judicatura; el Consejo de Participación Ciudadana al haber designado en la Judicatura a un ciudadano con una «hoja de vida» manchada.
Lo político
Mientras se resuelve esta denuncia penal, en la Asamblea está en marcha la sustanciación del juicio político presentada por el correísmo en contra de Godoy. El proceso ya está en la Comisión de Fiscalización y se prevé que el informe que deberán presentar al Pleno de la Asamblea esté listo a mediados de febrero, si no solicitan prórroga o máximo el 22 del mismo mes. Los asambleístas del oficialismo son cautos al momento de pronunciarse sobre su darán o no los votos para la censura y destitución de los funcionarios. Sus votos serán necesarios ya que se requieren que 101 legisladores apoyen la interpelación.
Xavier Ordóñez, de esa agrupación política, indicó que necesitan conocer las pruebas de cargo y de descargo que se presenten tanto en la Comisión como el Pleno si el caso llega a esa instancia, y que solo entonces definirán el futuro de Godoy.
Mientras que en los legisladores independientes resulta evidente que Godoy no puede seguir al frente de la Judicatura ya que su gestión y actuaciones han sido puestas en duda y la justicia necesita una Judicatura transparente.
