Esta iniciativa contempla mecanismos y acciones ante amenazas contra la vida o la libertad de los reporteros. Según Fundamedios, esta instancia fue creada para establecer y coordinar una red de organizaciones, medios y trabajadores de la comunicación que atienda estos casos. 

¿Quién protege a los periodistas? En el caso de Ecuador, esta es una pregunta que no ha tenido una respuesta clara, a pesar de la violencia dirigida hacia aquellos que ejercen esta profesión. 

Después de décadas con este vacío, con un período de ataques directos por parte del Gobierno contra la prensa entre enero de 2007 y mayo de 2017, hace pocos días se obtuvo una primera respuesta. El 23 de agosto, el presidente Guillermo Lasso firmó el decreto ejecutivo que reglamenta la Ley Orgánica de Comunicación, estableciendo un mecanismo de protección para los periodistas.

Mientras el gremio periodístico y el país esperan que comience a funcionar el anunciado mecanismo. Esta semana un grupo de comunicadores puso en marcha una de las iniciativas más sólidas y concretas logradas hasta ahora para garantizar una protección efectiva a los periodistas, pues presentaron la Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas (MAPP), la cual contempla mecanismos y acciones ante amenazas contra la vida o la libertad de los reporteros.

La Fundación Andina para la Observación y Estudios de Medios (Fundamedios) precisó que se trata de una instancia creada para establecer y coordinar una red de organizaciones, medios y trabajadores de la comunicación que atienda casos de inminente riesgo contra periodistas en el ejercicio de su oficio.

Esta red nace con la participación de Fundamedios, los medios de comunicación GK y Plan V, la periodista Mónica Almeida, y el colectivo Nos Faltan 3, un grupo de comunicadores y fotógrafos constituido tras el secuestro y asesinato de tres integrantes del diario El Comercio (Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra) en 2018 mientras realizaban coberturas en la zona fronteriza con Colombia.

El director ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, explicó que la misión central de la MAPP es activarse y atender con urgencia casos de amenazas confirmadas y riesgos inminentes para la integridad y la vida de periodistas. Esto implica movilizar recursos tanto de las organizaciones que forman parte de la mesa como instar a las autoridades a actuar prontamente, en especial cuando se requiere seguridad policial para un periodista o para un grupo de periodistas.

“Las organizaciones de la mesa somos sociedad civil, no tenemos cuerpos armados ni de protección, ni nada por el estilo. Más bien, lo que nos corresponde es urgir la activación por parte del Estado para que refuerce los canales de asistencia y protección”, señaló Ricaurte.

La nueva red, sin embargo, indicó el director ejecutivo de Fundamedios, deja abierta la posibilidad de gestionar apoyo de terceros para brindar asistencia legal en casos de que un periodista, por el ejercicio de su profesión, esté en inminente riesgo de ir a la cárcel o enfrente una sentencias judiciales con sanciones económicas.

César Ricaurte también expresó su esperanza de que la cooperación internacional se sume a esta iniciativa. Esta, a criterio de Mónica Almeida, periodista independiente que integra la mesa, se activó “en vista que el Estado no ha sabido reaccionar”.

Esta falta de capacidad de respuesta del Estado, explicó Almeida, se evidenció el año anterior, una vez más cuando, cuando “nunca pudo reaccionar a tiempo” frente a las amenazas contra la vida de tres periodistas. “Quienes se movilizaron, sacaron o movieron a los periodistas fueron los periodistas con contactos afuera, para tratar de ayudarlos”.

“Debido a esta falta de sensibilidad es que comenzamos a reunirnos y pensar en un mecanismo y de articulación para saber que si el día de mañana, tal periodista está en peligro, sabe que nos puede llamar. Tratamos de conseguir medios para saber que en una hora te embarcamos en un avión o algo por el estilo. Porque ese fue el caso de Karol Noroña”, comentó la periodista a Ecuador Chequea.

Como se recuerda, en abril pasado, Karol Noroña, periodista especializada en coberturas de temas de seguridad, en particular aquellos relacionados con la administración de cárceles y sus crisis, abandonó el país en busca de un destino seguro. Esto ocurrió después de recibir amenazas directas contra su vida, lo que constituyó uno de los ataques más graves a la libertad de prensa y expresión en Ecuador.

El caso de Noroña fue solo uno de los cinco casos similares de periodistas que se vieron obligados a abandonar el país o reubicarse en otras zonas con la ayuda de sus colegas, de manera urgente, para preservar sus vidas tras recibir amenazas de muerte confirmadas.

Negligencia Estatal

Ricaurte considera que existen negligencias y deficiencias por parte del Estado para garantizar la seguridad de los periodistas en el ejercicio de su trabajo.

«Estamos en un momento sumamente complejo en el país. La crisis de seguridad e institucional que vive Ecuador tiene un impacto directo en la seguridad de los periodistas y en las garantías debidas para el trabajo periodístico», comentó el director de Fundamedios, sobre el momento actual en que se presenta la MAPP, como el primer esfuerzo organizado para enfrentar la inseguridad de los periodistas.

Según los registros de Fundamedios en 2022 se asesinaron 22 periodistas, además de numerosos casos de ataques a casas de periodistas y amenazas directas por parte de grupos delincuenciales.

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«En la zona norte del país, no han existido garantías para los periodistas»

TESTIMONIO

Jairo Jácome Ortega

Corresponsal de un medio televisivo nacional desde Tulcán, frontera entre Ecuador y Colombia

La situación que se vive aquí, no sólo en el presente, sino a lo largo de los años, es muy diferente de la que se experimenta en el interior del país. Aquí, en la frontera norte, los principales incidentes registrados están relacionados con actividades ilegales que infringen la ley, como el contrabando, el tráfico de drogas, armas y explosivos.

En este contexto, las personas involucradas en dichas actividades suelen amenazar la integridad de los periodistas que realizan coberturas. Lamentablemente, las garantías proporcionadas por el Estado para nosotros, como periodistas, al llevar a cabo este tipo de trabajos, son nulas, inexistentes. No ha habido ninguna en ningún momento.

Llevo trabajando 23 años en esta zona fronteriza, y en ningún momento ha habido garantías por parte del Estado para llevar a cabo estas coberturas.

No es la única amenaza. En muchas ocasiones, es el propio Estado quien nos dificulta el trabajo. Cuando cubrimos temas delicados, como una amenaza de fuga en el centro de rehabilitación o manifestaciones en edificios, es la misma fuerza pública la que se opone a la prensa, alegando razones de seguridad y prometiendo una rueda de prensa posteriormente.

Curiosamente, es la misma fuerza pública, es decir, el Estado, quien atenta contra los derechos de los periodistas.

He sido testigo de cómo muchas personas involucradas en actividades ilegales se enfrentan a la fuerza pública con machetes y piedras. En esos casos, la fuerza pública tiene que retirarse.

Sin embargo, cuando los periodistas estamos haciendo el trabajo de cobertura informativa, se nos amenaza con arrestarnos, si nos oponemos a lo que ellos dicen; ante esa exigencia hay que abandonar la escena de la cobertura periodística.

Mecanismo 

Hasta el cierre de esta nota no logramos contactarnos con Jeannine Cruz, titular del Consejo de Comunicación, quien hace un mes declaraba a la prensa que se requería el reglamento a la Ley de Comunicación – ya expedido hace pocos días- para el pleno funcionamiento del Mecanismo de Prevención y Protección de periodismo.

Según el reglamento que establece su constitución, este Mecanismo estará integrado por representantes de diferentes ministerios, Fiscalía y delegados y representantes de medios y de los trabajadores de la comunicación; y, creará “unidades de  prevención, protección, monitoreo o evaluación de agresiones contra periodistas en el ámbito nacional, y coordinará acciones en el ámbito internacional en caso de ser necesario.”