La crisis sanitaria generada por la pandemia del COVID19 en Ecuador podría aplazar las elecciones presidenciales y legislativas de 2021. Los comicios están programados en su primera vuelta para el 28 de febrero del próximo año y una tentativa segunda vuelta el 11 de abril.
El 22 de marzo el presidente Lenín Moreno dispuso al ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, “eliminar gastos innecesarios del próximo proceso electoral”, y reasignarlos a la crisis sanitaria. Sin embargo, el Mandatario no ha especificado a qué se refiere con “gastos innecesarios”.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, entregó en febrero pasado la propuesta de presupuesto para las elecciones programadas. La cifra alcanza los USD 145 millones.
El 6 de febrero el Ministerio de Finanzas exigió al CNE priorizar los recursos antes de asignar el fondo, una de las medidas incluía la desvinculación laboral de 120 personas. Un mes y seis días después, el 12 de marzo, se declaró la crisis sanitaria: el dinero no ha sido desembolsado.
Los recursos utilizados en las elecciones contemplan la realización de las votaciones: impresión de papeletas, pago al personal y logística.
Sobre este monto que aún no ha sido aprobado formalmente se ha tendido una serie de propuestas. La primera de la mano de Atamaint, quien este 23 de marzo solicitó a título personal a la Corte Constitucional (CC) que estudie el aplazamiento del proceso.
Para el consejero Luis Verdesoto, las elecciones son inaplazables, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución. Sin embargo, lo que sí puede variar es su presupuesto a través de la reducción de costos en la impresión, salarios, pautaje en medios de comunicación… Él propone reducir de USD 145 millones a USD 90 millones ese rubro. La Presidenta del Consejo apuesta por un recorte de USD 22 millones.
El constitucionalista Juan Carlos Guerrero explicó que los plazos para asignar las autoridades están contemplados en la Constitución. “La ley estipula que la posesión de las autoridades, como el Presidente de la República, sea en mayo,”. El artículo 120 de la Carta Magna lo avala. Frente a un posible aplazamiento por la crisis sanitaria, todo recaerá sobre la Corte Constitucional ya que la ley “no establece qué hacer en escenarios extremos”.
El Código de la Democracia determina que los asambleístas deben posesionarse en el cargo días antes de que lo haga el Presidente o Presidenta de la República.
La Ley ecuatoriana no contempla el aplazamiento de elecciones. Al contrario, estipula plazos legales para la posesión, lo que implica que los ecuatorianos deben ir a las urnas antes de las fechas fijadas en la norma. Sin embargo, el presupuesto sí es modificable.
Es preciso diferenciar estos recursos de aquellos que son asignados al Fondo Partidario Permanente (FPP). El FPP es dinero entregado por el CNE a las organizaciones políticas y debería ser utilizado exclusivamente para propiciar actividades de formación, publicaciones, capacitación, investigación y funcionamiento institucional.
Esto lo contempla el Código de la Democracia en el artículo 355. Se determina que se entregarán recursos a las organizaciones que cumplan con al menos uno de estos requisitos:
- El cuatro por ciento de los votos válidos en dos elecciones pluripersonales consecutivas a escala nacional.
- Al menos tres representantes a la Asamblea Nacional.
- El 8% de alcaldías.
- Por lo menos un concejal en el diez por ciento de los cantones del país.
El 26 de noviembre de 2019 el Pleno del CNE aprobó la asignación de recursos para el fondo partidario. Ese día se asignaron USD 2.947.633 a seis organizaciones políticas:
- Partido Socialista Ecuatoriano – USD 358.354
- Movimiento Plurinacional Pachakutik – USD 413.216
- Partido Social Cristiano – USD 861.401
- Izquierda Democrática – USD 453.811
- Movimiento SUMA – USD 382.526
- Movimiento Alianza PAIS – 478.325
Atamaint afirmó que si alguna organización política decide devolver a la cuenta del Tesoro Nacional los recursos de ese fondo, el CNE en conjunto con la Contraloría examinará la forma en que se han empleado. Verdesoto sostiene que se podría recortar el presupuesto asignado en 2020, ya que se entrega anualmente, para ese fondo y optimizar los recursos contemplados en la proforma presupuestaria.
