Además del impacto en la postergación de exportaciones —y sus implicaciones económicas—, la afectación a la salud y al ambiente en las zonas del deslave es, prácticamente, incuantificable y con efectos a largo plazo.

POR: Juan Camilo Escobar

La reciente catástrofe ambiental en Esmeraldas, ocasionada por el derrame de miles de barriles de petróleo, que contaminó ríos y dejó a varios municipios sin agua potable, debido a la rotura del oleoducto transecuatoriano SOTE, tiene repercusiones económicas no sólo inmediata en las finanzas públicas del país, sino también a mediano y largo plazo en el ambiente, la salud e incluso en la forma de vida de las comunidades afectadas. Aquí presentamos algunos de esos efectos, según los analistas: 

Daños irreparables en el ecosistema

El derrame contaminó varios ríos y dejó sin acceso a agua potable a numerosos municipios de la ‘Provincia verde’. Alexandra Almeida, bioquímica y especialista en impactos ambientales del sector petrolero, advierte que la recuperación del ecosistema afectado podría tardar entre 30 y 50 años. “El petróleo mata la vida acuática, al formar una capa en la superficie del agua, impidiendo la entrada de oxígeno y luz solar. Esto provoca la asfixia de las especies, especialmente de larvas y organismos más vulnerables”, explica.

Según Almeida, la contaminación no se limita a lo visible. Mientras que el crudo flotante se remueve con barreras de contención, parte de los hidrocarburos se solubiliza en el agua o se deposita en el lecho de los ríos, afectando la fauna y flora a niveles difíciles de cuantificar. “Se habla de que este tipo de eventos son incalculables, irremediables e irreparables. No se puede poner precio a la vida silvestre perdida”, enfatiza.

Impacto en la salud y la economía local

La especialista explicó que en el ámbito de la salud pública, las sustancias tóxicas presentes en el petróleo pueden generar efectos a largo plazo, como enfermedades respiratorias, problemas dermatológicos, abortos espontáneos y malformaciones genéticas. Estas sustancias, al ser bioacumulables, ingresan en la cadena alimenticia y se concentran en organismos hasta llegar al ser humano.

“La crisis del agua agrava la situación. Las comunidades no tienen recursos para comprar agua potable, y aunque el gobierno ha dispuesto la distribución mediante buques cisterna, la cantidad y calidad de esta agua siguen siendo inciertas”, señala Almeida. Además, los animales de la zona continúan consumiendo agua contaminada, lo que prolonga la exposición a sustancias tóxicas en la población.

Almeida también desmintió declaraciones oficiales que indicaban que el petróleo derramado es más pesado que el agua de los ríos afectados: “El hidrocarburo flota porque es menos denso, lo que forma la mancha negra en la superficie. Pero hay fracciones del crudo que sí pueden disolverse o acumularse en el ecosistema, con consecuencias a largo plazo para la fauna, la flora y la salud humana”.

Mientras la empresa operadora del oleoducto evalúa los daños y plantea compensaciones, expertos advierten que las indemnizaciones económicas difícilmente cubrirán el impacto real. “Se pueden valorar las pérdidas de cultivos o ganado, pero no se puede cuantificar el colapso de un ecosistema o el sufrimiento de las personas afectadas”, sostiene Almeida.

ECONOMÍA

El 24 de marzo, 11 días después del incidente, Petroecuador anunció la reanudación de las exportaciones de crudo. La empresa estatal informó a sus compradores internacionales sobre la reprogramación de los envíos previstos para el resto del mes, tras la normalización de las operaciones en el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).

Después de varios días de silencio y luego de que el portal Primicias filtrara un informe oficial de Petroecuador que detallaba el derrame de 25.166 barriles de crudo debido a la ruptura del oleoducto en Esmeraldas, la empresa estatal confirmó esa cifra y precisó que, además, se recolectaron 30.257 barriles de crudo mezclado con agua.

Sin embargo, tras este anuncio, Petroecuador advirtió que mantendrá la declaración de «fuerza mayor» sobre las operaciones del oleoducto mientras continúa con gestiones operativas, financieras y medidas ambientales y sociales en la zona afectada.

Según Petroecuador, el crudo más afectado ha sido el Oriente, de densidad media (23 grados API), cuya exportación “se reprogramó” mientras se enfrentaba el momento más crítico de la contingencia. En contraste, el petróleo Napo, de mayor densidad (17 grados API), no experimentó alteraciones en su transporte, ya que depende del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), infraestructura que en esta ocasión no sufrió daños.

Impacto en la economía fiscal

El economista Jaime Carrera, director del Observatorio de la Política Fiscal, subrayó que la caída en los ingresos petroleros, resultado de los daños en la infraestructura y la pérdida de mercados internacionales, plantea una amenaza inmediata para la capacidad del Estado de cumplir con sus obligaciones fiscales.

Carrera cuestionó la falta de claridad por parte del Gobierno sobre el impacto real de la caída en los ingresos fiscales. «Esto significa una reducción de los ingresos en un contexto de atrasos en los pagos. La caja pública pierde dinero y las posibilidades de cumplir con las obligaciones fiscales disminuyen, pero el monto exacto aún no ha sido determinado. Se ha hablado de una pérdida de más de 25.000 barriles, pero no se ha especificado el valor que esto representa para el Estado», explicó.

El economista agregó que la disminución de las exportaciones de crudo reducirá los ingresos fiscales, cuyo comportamiento dependerá de factores como la producción de petróleo, los niveles de exportación y los precios internacionales. «La evolución de estos factores se medirá con el tiempo», señaló.

La dependencia del petróleo en las finanzas públicas

Carrera destacó que, en los últimos años, las finanzas públicas han experimentado una leve reducción en su dependencia de los ingresos petroleros. En 2024, los ingresos provenientes del petróleo aportaron 1.800 millones de dólares al presupuesto del Estado, que ascendió a aproximadamente 25.000 millones de dólares. No obstante, la gran dependencia del crudo persiste, dado que se utiliza para cubrir la importación de derivados petroleros y evitar la escasez en el consumo interno.

En el pasado, recordó Carrera, los ingresos petroleros superaban los 3.000 millones de dólares, alcanzando incluso los 4.000 millones, en ocasiones. Sin embargo, si la caída de estos ingresos obliga al país a importar derivados, se requerirían grandes cantidades de dólares para adquirir productos como diésel y gasolina, lo que podría generar una grave crisis económica.

El déficit fiscal y las opciones del gobierno

En cuanto a las finanzas públicas y el futuro económico del Gobierno, Carrera advirtió que el déficit fiscal asciende a 5.000 millones de dólares. En el contexto electoral, destacó que el sector político de Noboa anticipa continuar con un acuerdo con el FMI para obtener préstamos por 3.000 millones de dólares, con una opción adicional de 1.000 millones. Por el contrario, si el sector correísta asume el poder, el déficit podría aumentar debido a una posible reducción del IVA del 15% al 12%, lo que implicaría una pérdida de ingresos de 1.500 millones de dólares.

«En esos escenarios, el gobierno podría dejar de pagar la deuda, no habría acuerdo con el FMI, se usarían las reservas del Banco Central para cubrir las necesidades fiscales, y se profundizarían los ajustes económicos», señaló Carrera.

Hasta febrero, los atrasos en los pagos acumulaban 1.072 millones de dólares, además de los 4.300 millones de dólares pendientes hasta 2024, lo que deja un saldo total de más de 5.000 millones de dólares en atrasos.

LO QUE VIENE

Según la ambientalista consultada, la crisis ambiental en Esmeraldas pone en evidencia la vulnerabilidad ambiental de la región frente a la industria petrolera y plantea preguntas urgentes sobre prevención, mitigación y la verdadera responsabilidad de las empresas en casos de desastres ecológicos de esta magnitud.

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