400.000 jóvenes de la Sierra y la Amazonía van tras un cupo en las universidades públicas, tras el registro que terminó el fin de semana. Aunque la Senescyt aún no define el número exacto de cupos que ofertará, una vez más se expondrá la brecha entre demanda y oferta. Esto sigue en el proceso.
POR: Juan Camilo Escobar
La educación superior pública en Ecuador enfrenta nuevamente un desafío recurrente: una alta demanda de bachilleres frente a una oferta limitada de cupos. La brecha quedó en evidencia el fin de semana, cuando más de 400.000 estudiantes de las provincias de la Sierra y Amazonía se inscribieron en el Registro Nacional Único, el primer paso para postular a universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores públicos.
La cifra supera ampliamente la oferta del anterior semestre académico, cuando se habilitaron 128 mil en la Sierra y Amazonía, y 131 mil en la Costa, según datos de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt).
Hasta el cierre de esta nota fuentes de la Senescyt señalaron que, aunque tienen sus propias proyecciones y estimaciones de aumento de la oferta, continúan levantando la información de la cantidad real de cupos ofertados para este nuevo periodo por las universidades e institutos públicos.
El lunes, el titular de la Senescyt, César Vázquez, en una entrevista con Teleamazonas, dijo: “Estamos recopilando información con todas las instituciones para definir la oferta real. Dado que este régimen suele tener más aspirantes, anticipamos una mayor disponibilidad”. “Estamos cruzando bases de datos para identificar quiénes ya tienen un cupo asignado y así establecer el universo final de habilitados”, precisó Vásquez.
En la práctica, esto implica una depuración de la base de datos de los bachilleres registrados tras la verificación de títulos y antecedentes, para confirmar la cifra definitiva de los habilitados a continuar con el proceso de admisión.
Por ahora, en proporción, si se repitiera la oferta de alrededor de 128.000 cupos, apenas 1 de cada 3 aspirantes tendría acceso a una plaza de estudio.
¿Qué sigue en el proceso?
El Registro Nacional Único 2025, que cerró este domingo, marcó apenas el inicio de un proceso con cuatro etapas, cada una con filtros adicionales, de acuerdo con el cronograma que este mediodía confirmó la Senescyt:
Del 12 al 21 de junio – ventanilla virtual del registro social (opcional)
Durante este periodo, los aspirantes pueden completar o actualizar su información socioeconómica en el formulario del Registro Social. Aunque esta etapa no forma parte del procedimiento oficial administrado por la Senescyt, su cumplimiento permite identificar a los postulantes en situación de vulnerabilidad económica, lo que facilita la aplicación de las llamadas “medidas de acción afirmativa”, como puntos adicionales y la asignación preferencial de cupos y becas.
Del 12 al 16 de junio – inscripción en la plataforma de la Senescyt (exclusiva para institutos y conservatorios públicos)
Se abre el proceso de inscripción para los postulantes que opten por rendir la evaluación de acceso. Esta etapa es obligatoria para dichos aspirantes. En cambio, quienes busquen ingresar a universidades públicas deberán acogerse a los calendarios y procedimientos definidos por cada institución, en el marco del llamado “modelo de admisión descentralizado”.
Del 16 al 18 de julio – aplicación de la evaluación para institutos técnicos y tecnológicos públicos
Los aspirantes inscritos deberán rendir la evaluación de ingreso, que constituye el principal criterio de asignación de cupos en estas instituciones. La prueba se llevará a cabo durante tres días, conforme a la convocatoria oficial emitida por la Senescyt.
Del 29 al 31 de agosto – aceptación de cupo en los ITTS públicos
Los postulantes que hayan obtenido un cupo deberán confirmar su aceptación dentro del plazo establecido. Este paso es obligatorio para formalizar el ingreso a la institución asignada. La no aceptación dentro del tiempo previsto implica la pérdida del cupo.
En cualquier caso, quienes superen estos filtros podrán optar por cupos en 85 instituciones públicas, que incluyen:
- 31 universidades y escuelas politécnicas.
- 54 institutos técnicos, tecnológicos y conservatorios, entre ellos los vinculados a la Policía, Fuerzas Armadas y Cuerpo de Bomberos.
Puntos adicionales con información del Registro Social
Los bachilleres que participan en el actual proceso de admisión pueden acceder a puntos adicionales, si pertenecen a grupos históricamente excluidos o se encuentran en situación de vulnerabilidad. Esta medida forma parte de las llamadas “políticas de acción afirmativa” implementadas por el Estado para reducir desigualdades en el acceso a la educación superior.
Un requisito indispensable para beneficiarse de este mecanismo es contar con información actualizada en el Registro Social, herramienta oficial del Gobierno que permite identificar condiciones socioeconómicas y de vulnerabilidad.
Credenciales y formulario digital desde el 11 de junio
Según el cronograma confirmado por la Senescyt, a partir del miércoles 11 de junio, los postulantes que hayan completado el Registro Nacional recibirán credenciales de acceso para llenar un formulario digital. Este trámite les permitirá solicitar, a partir del jueves 12, la aplicación de los puntos adicionales, siempre que su situación de pobreza o vulnerabilidad sea verificada.
No todos los aspirantes deben realizar este procedimiento. Sólo quienes no cuenten con información actualizada en la base de datos del Registro Social recibirán una notificación por correo electrónico con instrucciones para completar el formulario. La participación es voluntaria y exclusiva para quienes hayan sido habilitados oficialmente por la plataforma.
Cronograma de acceso, según cédula de identidad
El formulario estará disponible de forma escalonada, de acuerdo con el último dígito de la cédula de identidad:
- 12 y 13 de junio: dígitos 1 y 2
- 14 y 15 de junio: dígitos 3 y 4
- 16 y 17 de junio: dígitos 5 y 6
- 18 y 19 de junio: dígitos 7 y 8
- 20 y 21 de junio: dígitos 9 y 0
- Del 22 al 25 de junio: período para rezagados
¿Quiénes pueden acceder a los puntos adicionales?
Las políticas de acción afirmativa están dirigidas a reducir brechas estructurales en el ingreso a la educación superior. Los criterios que se consideran para otorgar puntos adicionales en el proceso de admisión incluyen:
Condición socioeconómica:
- Estudiantes clasificados en situación de pobreza o pobreza extrema en el Registro Social.
Contexto geográfico y educativo:
- Jóvenes que hayan cursado el bachillerato en zonas rurales, en instituciones fiscales, fiscomisionales o municipales.
- Aspirantes que residan en parroquias con altos índices de pobreza, según el Registro Social.
Identidad y pertenencia:
- Personas que se identifiquen como parte de pueblos indígenas, comunidades afroecuatorianas, montuvias, u otras nacionalidades reconocidas.
Otras condiciones de vulnerabilidad:
- Personas con discapacidad igual o mayor al 30%.
- Estudiantes con enfermedades catastróficas, raras o de alta complejidad.
- Cuidadores principales de personas con discapacidad.
- Víctimas de violencia sexual o de género.
- Hijas e hijos de mujeres víctimas de femicidio o muerte violenta.
- Personas que hayan vivido bajo acogimiento institucional durante la infancia.
- Migrantes retornados.
CRITERIO
Mientras avanza el proceso, surgen nuevas voces críticas respecto a los desafíos que enfrentan los jóvenes bachilleres. María Belén Calvache, investigadora social especializada en educación pública, advierte que los problemas del acceso van más allá de la limitada oferta académica disponible.
“Además del desequilibrio evidente entre la oferta y la creciente demanda de cupos en instituciones públicas, existe un problema estructural de fondo en el sistema de admisión”, señaló. A su juicio, uno de los principales obstáculos para los aspirantes es la aplicación de pruebas de ingreso que no están estandarizadas ni responden a criterios técnicos o pedagógicos vinculados con las áreas de estudio de las carreras universitarias.
La experta considera que esta desarticulación impide que los estudiantes sean valorados con justicia y pertinencia.
Calvache señala que esta desarticulación impide una evaluación justa y pertinente de los aspirantes. Como ejemplo, cita casos documentados en universidades públicas donde se formulan preguntas altamente especializadas de matemáticas puras incluso para postulantes a carreras del área de ciencias médicas, lo que, en su criterio, carece de lógica académica.
“A un estudiante que aspira a ingresar a una carrera en ciencias sociales no se le debe evaluar con contenidos de matemáticas puras. Tal vez se debería tomar una prueba de matemática menos pura, más aplicada, más contextualizada a su campo”, argumenta.
Ante este panorama, Calvache plantea una propuesta concreta: que las universidades retomen exámenes estandarizados diferenciados por áreas académicas, es decir, evaluaciones por bloques como salud, sociales o ingeniería, que respondan a los saberes específicos del campo de formación al que el estudiante desea ingresar.
Para la especialista, el problema ya ha escalado al punto de convertirse en un asunto de política pública, ya que la falta de un sistema de evaluación coherente empuja a muchas familias a optar por universidades privadas, cuyos costos pueden ser inaccesibles para la mayoría. “La más barata cuesta alrededor de cuatro mil dólares por semestre, lo que representa una barrera enorme para sectores medios y populares”, alerta.
Calvache insiste en que, sin una reforma estructural del sistema de admisión, la inequidad en el acceso a la educación superior seguirá profundizándose, y con ello, la exclusión de miles de jóvenes talentosos que no encuentran una oportunidad justa para desarrollar su potencial académico.
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