Pese a la falta de designación de un titular definitivo, la Fiscalía General no ha quedado acéfala. Toainga, quien ejerció como fiscal subrogante durante seis años, conoce las causas penales más sensibles y a detalle la operatividad de la entidad. Conoce los casos que deberá llevar adelante.
POR: Juan Camilo Escobar
Tras la salida de Diana Salazar, la Fiscalía General del Estado no ha quedado acéfala, y puede mantener el control de las investigaciones penales más sensibles mientras se oficializa el nombramiento del fiscal titular. Así aseguraron María del Mar Gallegos, catedrática en derecho penal, y el abogado penalista Ramiro García, expresidente del Colegio de Abogados de Pichincha.
Ambos expertos coincidieron en que el fiscal subrogante, Wilson Toainga, por sus funciones interinas desde hace seis años puede controlar decenas de investigaciones penales de alto perfil que estaban en curso, incluidas causas de corrupción, lavado de activos y violaciones de derechos humanos. Esto implica, agregaron, experiencia sobre la “operatividad y gestión” de la entidad.
“Considero que Toainga tiene una amplia trayectoria, con décadas al servicio de la institución. Es un perfil idóneo para la vara tan alta que dejó Salazar”, dijo García.
“Algunos procesos están en instrucción fiscal, otros en juicio, apelación o casación. Toainga deberá intervenir conforme a cada etapa. Por eso, es fundamental que quien dirija la Fiscalía conozca el manejo del proceso penal”, explicó.
Para la jurista Gallegos, Toainga “llevaba tiempo al frente de los expedientes que Salazar delegaba en comisiones especiales, por lo que la transición no implicará retrasos en la gestión de las causas de fuero nacional”.
“La Fiscalía no queda sin cabeza y Toainga ejercerá hasta que se realice el concurso para elegir al nuevo fiscal”, agregó.
A Toainga le corresponden tres responsabilidades específicas al frente de la Fiscalía: Concluir la instrucción fiscal de casos que aguardan formulación de cargos; coordinar las etapas de juicio y apelación en causas ante tribunales provinciales; y supervisar procesos de casación actualmente en trámite ante la Corte Nacional de Justicia.
Salazar dejó el cargo como fiscal general luego de seis años al frente de la entidad. En un video difundido en sus redes sociales, formalizó la entrega del cargo a Toainga y lo describió como un funcionario con experiencia y compromiso con la justicia.
Tras su salida, Salazar fue designada embajadora de Ecuador en Argentina por el presidente, Daniel Noboa. Asumirá el cargo en los próximos meses.
Así, Toainga ejercerá de manera temporal la conducción de la Fiscalía, mientras el Consejo de Participación Ciudadana avanza en el proceso de designación del nuevo fiscal titular. Se prevé que la elección se concrete entre diciembre de 2025 y enero de 2026.
Andrés Fantoni, reelegido presidente del CPC el pasado 14 de mayo, indicó que el concurso tomará entre siete y nueve meses, debido a la complejidad del procedimiento y a los estrictos requisitos legales que deben cumplirse.
Gallegos insistió en la urgencia de un concurso transparente: “La Constitución y la ley exigen que el Consejo de Participación convoque de inmediato el proceso para designar al nuevo fiscal titular. Sólo así se cerrará el ciclo de interinato y se garantizará la independencia institucional”.
García agregó que el nombramiento del fiscal titular dependerá de la celeridad del Consejo de Participación Ciudadana, y que en los próximos meses Toainga deberá encargarse de los casos pendientes.
“Es urgente que el Consejo convoque ese concurso, tal como lo exige la Constitución y la ley”, dijo Gallegos.
Toainga fue nombrado fiscal subrogante en 2019 por el CPC Transitorio. Desde entonces, ha trabajado de cerca con Salazar en investigaciones de alto perfil que revelaron redes de corrupción y crimen organizado dentro del Estado, como los casos Metástasis, Purga, Plaga y Ligados. Como colaborador cercano, ahora será responsable de conducir procesos complejos. Entre estos se incluyen causas vinculadas a delincuencia organizada, corrupción estructural y delitos transnacionales, bajo constante escrutinio público y político.
Toainga, de 59 años, es abogado y doctor en Jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador, según la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt). Además, cuenta con especializaciones en derecho penal, justicia indígena y criminología, otorgadas por la Universidad Regional Autónoma de los Andes.
Su hoja de vida incluye formación internacional. Realizó un curso sobre nuevas tecnologías y delitos informáticos, impartido por la Policía Judicial de España, y otro sobre el manejo de sustancias químicas y técnicas de seguimiento, en Colombia.
Desde 2001 ha desarrollado su carrera en la Fiscalía, inicialmente como agente fiscal en investigaciones penales y representante del Estado ante los tribunales.
Entre 2011 y 2016 se desempeñó como fiscal provincial en Pichincha. En 2019 se incorporó a la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Unidot).
PAPAS CALIENTES
En cualquier caso, mientras se realiza transición de la Fiscalía, hay numerosos casos pendientes, entre los cuales se destacan las siguientes ‘papas calientes’ que retoma Toainga, en esta ocasión, como fiscal interino:
1. Caso Nene, por presunta oferta de tráfico de influencias
El proceso penal conocido como ‘Caso Nene’ inició tras la detención de Francisco Sebastián Barreiro Abad, hijo de la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, durante una serie de allanamientos efectuados la madrugada del 21 de marzo de 2024 en Cuenca y Quito, ordenados por la Fiscalía. La investigación apunta a una presunta oferta de tráfico de influencias desde la Vicepresidencia.
Actualmente, Barreiro enfrenta una audiencia de juicio por este delito. Su primer defensor, Oswaldo Trujillo, también está implicado en un proceso judicial independiente por asociación ilícita.
La denuncia que originó la causa fue presentada por un ciudadano que aseguró haber sido obligado a entregar un porcentaje mensual de su salario a cambio de un cargo público. Según la acusación, Barreiro y Daniel Lenin Redrován, asesor de la vicepresidenta Abad, habrían negociado estos acuerdos desde enero de 2024.
La audiencia de juicio contra Barreiro comenzó el lunes 10 de marzo de 2025.
2. Magnicidio de Fernando Villavicencio, en búsqueda de autores intelectuales
A más de un año y nueve meses del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, la investigación judicial avanza con lentitud en lo que respecta a los presuntos autores intelectuales del crimen. Mientras cinco autores materiales ya fueron sentenciados en 2024, la Fiscalía mantiene bajo reserva la fase que busca determinar quién ordenó y financió el homicidio, ocurrido el 9 de agosto de 2023, en Quito.
En esta etapa procesal, Toainga lidera la indagación previa que, según fuentes cercanas al expediente, se apoya en el testimonio de Lenin Vimos, abogado sentenciado por delincuencia organizada en el caso ‘Plaga’. Vimos habría entregado su versión a la Fiscalía el pasado 4 de abril desde el centro penitenciario donde permanece recluido.
El supuesto documento con su declaración fue filtrado en redes sociales por Sonia Vera, abogada del exvicepresidente Jorge Glas, uno de los señalados en la supuesta estructura criminal detrás del asesinato. En la versión atribuida a Vimos se indica que Jorge Robinson Chonillo Mendoza, alias ‘Negro Yorkis’, lo contactó desde la cárcel de Riobamba en julio de 2023 para revelarle detalles sobre el complot.
Según ese relato, la estructura delictiva estaría compuesta de la siguiente manera:
- Autores intelectuales: Jorge Glas Espinel y José Serrano Salgado
- Coordinador: Ronnie Alega Santos
- Financista: Xavier Jordán
- Vínculo con el grupo criminal Los Lobos: Daniel Salcedo Bonilla
- Proveedor de armas: Jorge Robinson Chonillo Mendoza, quien mantendría conexión con Fabricio Colón Pico
La Fiscalía no ha confirmado ni negado la autenticidad del testimonio filtrado, aunque ha reiterado que toda información relacionada con este caso se encuentra en etapa reservada.
3. Caso ‘Ligados’, de presunta asociación ilícita
La investigación de la Fiscalía sumó un nuevo elemento clave el pasado 15 de mayo, cuando la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Administración Pública de la Policía Judicial entregó un informe pericial de 8.832 páginas que detalla el contenido extraído del teléfono celular de Eduardo Franco Loor, exconsejero del Consejo de Participación y defensor jurídico del exvicepresidente Jorge Glas.
El dispositivo —un iPhone de color negro— fue decomisado por autoridades estadounidenses durante la retención de Franco Loor en Nueva York. Posteriormente, la evidencia fue remitida a las autoridades ecuatorianas mediante un canal de cooperación judicial internacional, según el informe.
La pericia técnica incluyó un análisis exhaustivo del aparato: se levantó información sobre las aplicaciones instaladas, listas de contactos, credenciales de acceso, configuraciones del sistema, historial de llamadas, notificaciones, documentos, archivos multimedia y registros de mensajería instantánea.
Conversaciones eliminadas y plataformas cifradas
Del total de información extraída, destacan 20 conversaciones recuperadas desde la aplicación WhatsApp, que contienen 9.064 mensajes. De estos, al menos 1.145 habían sido eliminados antes del peritaje, lo cual fue registrado y documentado por los especialistas forenses.
El informe también hace constar que el usuario del teléfono habría utilizado otras plataformas de mensajería cifrada como Signal y Wire, aunque su contenido no fue incluido en esta fase del análisis.
Relevancia procesal y silencio de la defensa
El informe técnico fue ingresado oficialmente al expediente del caso Ligados y podría constituir un elemento de convicción dentro del proceso penal. La Fiscalía evalúa su pertinencia para sustentar eventuales cargos relacionados con tráfico de influencias, obstrucción a la justicia o asociación ilícita, aunque hasta el momento no ha emitido pronunciamiento público al respecto.
La defensa de Eduardo Franco Loor, por su parte, no ha realizado declaraciones tras la entrega del informe, cuyo contenido podría influir de forma decisiva en la siguiente etapa de la investigación fiscal.
4. Caso Reconstrucción de Manabí, de presunto peculado
La causa penal conocida como Reconstrucción de Manabí se inició el 25 de abril de 2019, luego de que la Fiscalía General recibiera una denuncia del Consejo de Participación. La denuncia advertía sobre el presunto uso indebido de recursos públicos recaudados mediante la Ley de Solidaridad, que incrementó temporalmente el IVA y estableció deducciones salariales para financiar la recuperación de las zonas afectadas por el terremoto de 2016.
La Fiscalía también sustenta su acusación con un informe de la Contraloría que identificó indicios de responsabilidad penal en la selección y ejecución de proyectos.
En este caso, el exvicepresidente Glas enfrentará juicio penal junto a otros nueve procesados por su presunta participación en un delito de peculado.
Según el fiscal Toainga, al menos 30 proyectos —valorados en $367,4 millones— de un total de 584 priorizados por el Comité de Reconstrucción, no contaban con justificación técnica ni guardaban relación con los fines definidos en la ley.
Llamamiento a juicio
El juez Marco Aguirre resolvió el 19 de mayo de 2025 llamar a juicio a Glas, Bernal y otras siete personas, tras considerar que existen elementos suficientes para presumir su participación en el presunto delito de peculado. En la misma resolución, el magistrado dictó sobreseimiento a favor del exministro Walter Solís y de otros seis imputados, una decisión que será apelada por la Fiscalía y la Procuraduría.
El juez también ratificó las medidas cautelares vigentes contra Glas y Bernal, al señalar que no se presentaron solicitudes para su revisión.
5. CASO PLAGA
El denominado caso ‘Plaga’, una de las causas desprendidas del macroproceso ‘Metástasis’, avanza en el sistema judicial ecuatoriano con el llamado a juicio de trece personas, entre ellas jueces, abogados y funcionarios judiciales. La Fiscalía los acusa de conformar una estructura delictiva dedicada a gestionar, a cambio de sobornos, la libertad de presos mediante acciones constitucionales fraudulentas.
La investigación fiscal determinó que la organización operó entre enero de 2022 y marzo de 2023. En ese lapso, al menos 241 personas habrían sido liberadas de forma irregular mediante ‘habeas corpus’ tramitados ante jueces que integraban la red.
En total, 31 personas han sido procesadas dentro del caso ‘Plaga’. De ellas, dos no fueron acusadas, 15 fueron sentenciadas mediante procedimiento abreviado y 14 siguen en etapa de juzgamiento. Uno de los imputados no fue llamado a juicio.
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