Sólo dos de los cinco temas que el presidente, Daniel Noboa, presentó este año para que se definan en las urnas fueron aceptados por la Corte Constitucional.
POR: Hugo Constante
El 13 de agosto de este año el presidente de la República, Daniel Noboa, remitió a la Corte Constitucional cinco propuestas de temas para que puedan ser consultados al pueblo en consulta popular.
Noboa proponía como preguntas para la consulta que se permita la contratación laboral por horas únicamente para el sector turístico, la reducción del número de asambleístas, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, que los jueces del organismo constitucional sean sometidos a juicio político y que en el país se establezcan casinos y juegos de azar, bajo determinadas condiciones.
Luego del análisis constitucional, de estas cinco propuestas los jueces sólo consideraron viable para consulta la contratación por horas y la reducción del número de asambleístas.
Y negó que por esta vía se puedan tratar los temas de los jueces constitucionales, el del Consejo de Participación Ciudadanía.
Estos son los argumentos de la Corte para aceptar o negar los temas.
Los temas aceptados
Contratación por horas para el sector turístico y reducción del número de asambleístas son los temas calificados como enmiendas y pueden ser consultados a la población.
En el caso de la contratación por horas para el sector turístico, el organismo recuerda que enero de 2024, Noboa presentó un conjunto de cambios constitucionales entre los que constaba la incorporación de los contratos por horas al régimen laboral, tema que pasó el control constitucional de la vía a seguir.
Con ese antecedente, los jueces consideran que la nueva propuesta del Ejecutivo en este tema no altera la estructura fundamental de la Constitución, ya que se propone introducir una forma alternativa de contratación al régimen laboral vigente y no tendría la potencialidad de incidir de alguna forma en los órganos e instituciones que componen el Estado ni pretende modificar sus competencias.
“Dado que la propuesta busca incluir una nueva modalidad de contratación, (…) este organismo considera que la permisión de la contratación por horas, siempre que se observen ciertos elementos esenciales, podría ser una forma de contratación legítima constitucionalmente, adicional a las ya existentes en el régimen laboral ecuatoriano vigente”, consta en el dictamen. Para los jueces, la propuesta no afecta el contenido esencial del derecho al trabajo en relación con la remuneración justa, la estabilidad laboral y los beneficios de la seguridad social ya que establece límites y garantías que protegen los derechos laborales.
En cuanto a la reducción del número de asambleístas, la Corte informa que es una propuesta que mantiene la configuración con respecto a los asambleístas por regiones, distritos metropolitanos y de la circunscripción del exterior, por lo que no supone cambio alguno en
la Constitución.
Otro argumento para haber aceptado este tema es que la propuesta se basa únicamente en los criterios de representación territorial y poblacional, sin que se altere la estructura fundamental de la Constitución. “Esta Corte observa que la propuesta plantea el mismo sistema de representación ya existente. Es decir, habrá representación en todas las provincias y en las circunscripciones nacionales y del exterior. El cambio de la propuesta únicamente radica en una reconfiguración numérica, persistiendo la representatividad de todas las circunscripciones previstas en la norma constitucional vigente”, según el dictamen.
Los jueces consideran que no hay restricción de derechos o garantías, ya que se mantiene la representatividad de todas las provincias y una igual configuración respecto de las circunscripciones actuales: nacional, provincial, regional, de distritos metropolitanos y del exterior.
Noboa informó que la consulta a la población podría efectuarse el 30 de noviembre. Hasta el momento hay cuatro temas fijos: al trabajo por horas en el sector turístico y la reducción del número de asambleístas se suman el permitir bases militares extranjeras en el Ecuador y eliminar el financiamiento estatal a las organizaciones políticas.
Estos dos últimos temas fueron presentados por Noboa en septiembre de 2024 como reforma parcial y están aprobados por la Asamblea. Sobre las bases militares la Corte Constitucional ya dio el aval a la pregunta y anexos y falta cumplir ese paso en el caso de financiamiento a los grupos políticos.
Los temas negados por la Corte
En el dictamen de los jueces constitucionales sobre el Consejo de Participación Ciudadana, consta que la propuesta del Ejecutivo es trasladar las atribuciones y deberes del Consejo a otras instituciones, previo a su eliminación.
“Si la propuesta actual se limitara únicamente a la transferencia de atribuciones no definitorias del CPCCS, la vía aplicable sería la enmienda. (…) Sin embargo, la pregunta sometida a análisis no se restringe a dicho aspecto. Aunque inicia refiriéndose a una transferencia de deberes y atribuciones, concluye con la eliminación del CPCCS. Además, la forma en que se plantea el traslado de funciones supone, en la práctica, la reasignación de todas las atribuciones definitorias del órgano hacia otras instituciones”, según el dictamen, por lo que se altera la estructura fundamental de la Constitución y el carácter del Estado, por lo que no puede ser tratado como enmienda.
Mientras que el fundamento jurídico para determinar que el juicio político a los jueces de la Corte Constitucional no es posible tratarlo a través de enmienda es que la propuesta, tal y como está planteada, altera la estructura fundamental de la Constitución porque contraviene la independencia judicial que guía la Constitución.
“La propuesta no solo implica una reconfiguración del sistema de pesos y contrapesos, sino que podría dar al poder Legislativo una influencia directa sobre la Corte Constitucional, debilitando su rol como freno y contrapeso y aumentando el riesgo de interferencia política en decisiones jurisdiccionales fundamentales”, consta en el dictamen.
Los jueces señalan que la Corte no es parte de ninguna de las funciones del Estado y que al estar encargada de controlar que estas cumplan sus actuaciones enmarcadas en la Constitución, es necesaria su autonomía y que no responda políticamente al Legislativo. “Alterar esta independencia implica comprometer la capacidad de la Corte Constitucional de actuar como garante de la supremacía de la Constitución, limitando su rol de protección frente a posibles excesos de los otros poderes del Estado”, según el dictamen.
Noboa podría insistir en estos temas, pero proponiendo otra vía, como la reforma parcial a la Constitución, que implica otro tratamiento.
Noboa también propuso que emita un dictamen previo sobre los casinos a través de consulta popular, ya que la propuesta no modifica textos constitucionales, sino una reforma legal. La Corte negó y archivó la solicitud de dictamen previo de constitucionalidad bajo el criterio de que los considerandos carecían de claridad y relación directa con la pregunta, y que la pregunta era compuesta, pues tenía tres temas distintos que debían votarse en bloque, limitando la libertad del elector. Noboa podría insistir en este tema con una redacción distinta, según varios abogados.
La castración química, negada
El 11 de julio, Noboa presentó ante la Corte Constitucional una solicitud de modificación constitucional a fin de que el organismo determine si la reforma parcial es la vía para tramitar la propuesta de crear un mecanismo de castración química, consistente en la administración de fármacos para reducir el deseo sexual de personas condenadas por el delito de violación, y un registro de las personas con sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos sexuales.
La Corte concluyó que la propuesta no puede ser tramitada a través de una reforma parcial porque, a partir de la información proporcionada por el presidente de la República, no se demostró que las medidas sean idóneas para garantizar una vida libre de violencia.
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