A pesar de que se conocía que esta mesa iba a sesionar, en principio no se permitió el ingreso ni de funcionarios ni de la prensa a la Asamblea.
La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori (PK), fue juzgada en rebeldía al no comparecer, ni ella ni su abogado, ante la Comisión de Evaluación, para presentar sus pruebas de descargo de la denuncia que por incumplimiento de funciones presentó el asambleísta Esteban Torres (PSC).
Hoy se cumplió la audiencia de prácticas de pruebas y alegatos; el informe borrador se presentará el martes para que la Comisión, en un plazo máximo de 72 horas, lo apruebe y lo remita a la Presidenta de la Asamblea. Ella, a su vez, deberá incluirlo en un plazo máximo de cinco días en el orden del día de una sesión del Pleno. El informe podría recomendar la destitución de Llori como Presidenta de la Legislatura, para lo cual se requieren 70 votos.
Los integrantes de la Comisión cuestionaron las dificultades que se dieron para acceder a la Asamblea, de lo que se aprovechó el abogado de Llori, Francis Abad, para excusarse de asistir.
A pesar de que era de conocimiento público que la Comisión sesionaría hoy a partir de las 08:00, la Escolta Legislativa amaneció con la disposición de no permitir el ingreso de ninguna persona ordenada, manifestaron, por la Administración General.
Las justificaciones por parte de la Escolta fueron múltiples, pero nada convincentes por lo contradictorio. Dijeron que no había ninguna actividad prevista, que estaban fumigando, que estaban haciendo los arreglos para la ceremonia del 24 de mayo. No dejaban ingresar ni al personal que trabaja en esa institución. Los asambleístas entraron por el parqueadero.
Después de casi una hora, en la circularon varios listados de personas autorizadas a ingresar; por gestión de los legisladores se pudo acceder a la Asamblea y constatar que ni estaban fumigando ni estaban en algún gran preparativo.
El pretexto
En esa hora de espera se acercó Francis Abad, abogado de Llori, para acceder a la sesión. No insistió mucho en entrar, ni bien le dijeron que estaba prohibido el ingreso se regresó. Algunos legisladores le recordaron a Abad que la única persona que puede tomar una medida de esa naturaleza es, precisamente, su defendida. Pero el abogado dijo, no tan seguro tampoco, de que la disposición provino de la Presidencia de la República, por motivos de seguridad, al ser la Asamblea el escenario de la ceremonia del Informe a Nación. Agregó que para no dejar en la indefensión a Llori, la sesión de la Comisión debería realizarse otro día.
“Nos preocupa que la Presidenta brille por su ausencia, nos preocupa que su abogado haya estado aquí y vuelto a salir, para hacer el show. Pero la norma es clara, el proceso puede seguir en rebeldía, es la Presidenta la que se ha negado a ejercer el derecho a la defensa”, manifestó el asambleísta Fausto Jarrin (UNES).
La Comisión sí sesionó y, para evitar malas interpretaciones de que no se respetó el debido proceso, dieron un receso de una hora y 15 minutos para que Abad o Llori acudieran a presentar sus pruebas. No lo hicieron. “Este proceso continúa en rebeldía”, manifestó Pedro Zapata (PSC), presidente de la Comisión.
A través de un oficio enviado al WhatsApp del secretario de esta Mesa Legislativa, Abad expuso que a través de él, Llori había asistido de manera puntual a la diligencia pero que al secretario se le había olvidado incluir su nombre en la lista de las personas autorizadas para ingresar, por lo que, tras esperar 15 minutos, se retiró considerando que la audiencia fue fallida. Lucía Placencia (separada de la bancada de la ID) rechazó el contenido del oficio y recordó que junto a Pamela Aguirre (UNES) había intercedido ante la Escolta Legislativa para que Abad pudiera ingresar. Para Aguirre, de haberlo querido, Llorí podía haber asistido. “Aquí está su puesto vacío, pero no vino porque no quiso”, mencionó.
El encargado de la Escolta Legislativa, teniente coronel Carlos Burbano, informó que los listados de las personas autorizadas para ingresar a la Asamblea los recibieron a través del área de gestión administrativa, firmados por María Elena Puetate, administradora general, que, a su vez, depende directamente de Llori, comentaron los legisladores. Sin la presencia de la denunciada, Torres presentó sus pruebas de cargo.
Te puede interesar:
· La vacuna antigripal reduce el riesgo de padecer Covid-19 grave casi en un 90%
· Funcionarios del Pentágono aseguran que desde 2004 hay 400 alertas de OVNIS
